Los incentivos fiscales a la automoción, el gigante industrial con pies de barro

En 2019, la automoción representó el 10% del PIB de nuestro país. El sector facturó 37.000 millones de euros y proporcionó empleo (de forma directa o indirecta) a más de 1.800.000 trabajadores (en la fase industrial), además de mantener 160.000 empleos directos en la etapa posterior de la distribución comercial. En dicho año, la actividad de automoción cifró sus unidades ensambladas en la cantidad de 2.822.355, en su mayoría 'turismos' y vehículos comerciales e industriales.

El automóvil confirmó en 2019 su primer puesto en el balance comercial de España. Los 190.000 vehículos exportados asignaron a dicho balance 14.077 millones de euros. Las terminales de la exportación, en su mayor parte, se dirigen al interior de la Unión Europea. Nuestros principales clientes, a gran distancia del resto, son Alemania y Francia. 

Sin embargo, como ha demostrado la epidemia de la Covid-19, la automoción española es un gigante con los pies de barro. Sobre todo, del lado de la oferta. Naturalmente, la coyuntura no ha podido ser más crítica. Pero la pandemia ha desnudado los defectos estructurales del sector. La fragilidad del automóvil es su unión inextricable a la economía global. Solo los insensatos niegan las ventajas de la producción y el comercio internacionales. Sin embargo, la Covid-19 ha escrito negro sobre blanco que la adhesión de un país mediano como España a la economía-mundo no debe ser incondicional. La globalización no es un “fatum” inevitable para los Estados y sus poderes de control. 

A la automoción nacional le resulta imposible fabricar un producto terminado. Debe acudir a varios almacenes exteriores para adquirir componentes, piezas y materias primas. Aparte de unos cuantos proveedores establecidos dentro de las fronteras españolas o en territorios vecinos, nuestro gran almacén comercial es China. Cuando la epifanía del virus iluminó la ciudad de Wuhan, China cerró durante semanas sus fábricas de componentes y centros de logística. El confinamiento también afectó a los proveedores locales y europeos. 

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Es verdad que el stock de la industria española le permite mantener la cadena de distribución durante cuatro o cinco semanas. Pero esta vez ha caído sobre la automoción nacional una bomba de neutrones que ha paralizado su actividad. Nuestro sistema de producción (importado de Japón), denominado 'just in time', aunque reduce los costes de abastecimiento, es incompatible con la aparición repentina de sucesos extraordinarios, como la Covid-19, cuyas consecuencias tardan en desvanecerse y pueden regresar más tarde. El sector no debe jugar al yo-yo. Definitivamente, la cadena global de suministros se ha roto por el eslabón más débil. Lógicamente, el tiro de gracia ha venido del lado de la demanda. Hoy –en tiempos de incertidumbre económica- muy pocos consumidores se pueden permitir el lujo de comprar un producto muy caro. 

El sector necesita una reestructuración a largo plazo que establezca una organización mucho más flexible de las cadenas de suministro y abastecimiento de bienes intermedios. Si no lo hacemos seguiremos siendo esclavos de otros. Y –supongo- no hará falta aludir a la responsabilidad pública para dar nueva planta a una actividad –la automoción- tan esencial como el turismo, con toda su fuerza de arrastre sobre el conjunto de la economía española. Aunque la Hacienda de nuestro país va en el furgón de cola de la Unión Europea respecto a las ayudas estatales a las empresas. 

El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, establece dos medidas que se dirigen a la reactivación económica del sector. Ambas son de naturaleza indirecta y se refieren al Impuesto sobre Sociedades. En primer lugar, el artículo 7 del Decreto eleva el porcentaje de deducción por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de automoción. La mejora (tipo de deducción incrementado del 25%) será temporal: se aplicará en los periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021. Como el tipo ordinario de deducción es el 12%, vemos que ahora el beneficio ha sobrepasado su importe en más del doble. 

Por otra parte, la disposición final cuarta del Decreto concede libertad de amortización para las inversiones realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada. Este beneficio adicional se aplicará a los elementos nuevos del inmovilizado material que supongan:1) la "sensorización" y la "monotorización" de la cadena productiva; y 2) la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental. Los activos deben estar afectos al sector industrial de la automoción y haber sido puestos a disposición de la empresa en el año 2020.El derecho a la libertad de amortización exige cumplir varios requisitos:

1.- El mantenimiento de la plantilla media total respecto de la plantilla media del año 2019 durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del periodo impositivo en el que entren en funcionamiento los elementos adquiridos. 

2.- La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse de la libertad de amortización será la de 500.000 euros. 

3.- La libertad de amortización podrá aplicarse desde la entrada en funcionamiento de los activos, que habrá de producirse antes de que concluya el año 2021. 

4.- Quedan excluidos del beneficio fiscal los inmuebles. 

5.- Será necesario aportar un informe motivado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el que se califique la inversión como apta. El informe será vinculante para la Agencia Tributaria. 

Esa quimera que es el acuerdo para un gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, suscrito el 30 de diciembre de 2019 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hace aguas por todas partes. En su capítulo 10 (“justicia fiscal y equilibrio presupuestario”), las izquierdas nominales se comprometieron a una reforma del Impuesto sobre Sociedades. Garantizarán "una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos". La fórmula es un abracadabra que no determina la magnitud sobre la que se aplicarían los porcentajes mínimos. Muchas empresas incurrirán este año en pérdidas. ¿Tributarán según los tipos mínimos? En las pocas que obtengan beneficios, el acuerdo de Iglesias y Sánchez no sería viable si no se "limpia" el Impuesto de deducciones, bonificaciones y compensaciones. Justo lo contrario de lo que establece el RDL 23/2020. 

¡Qué fácil es hablar por hablar! 

A las izquierdas nominales les sobran las ganas de descuartizar a las empresas. Pero de fuerzas andan muy justitas. Solo los ignorantes atacan a los creadores de riqueza social, a la Unión Europea y, sobre todo, a los ciudadanos que pagarían el pato si las empresas se convirtieran en el chivo expiatorio de las neurosis políticas.