El Ministerio de Industria y Turismo ha revisado al alza el cociente entre consumo y valor añadido bruto para ser considerado consumidor electrointensivo. La cifra pasa ahora de 0,25 kilovatios hora (kWh) por euro de valor añadido a 0,51 kWh por euro, tras actualizarla en relación con el precio medio del mercado eléctrico en 2023, que experimentó una importante bajada tras dejar atrás lo peor de la crisis energética, aunque sigue en niveles muy superiores a los de prepandemia.
Esto implica que los consumidores electrointensivos deberán tener un cociente durante los tres años anteriores a 2024 entre el consumo anual de electricidad y el valor añadido bruto de la instalación correspondiente al punto de suministro superior a los 0,51 kWh por euro citados anteriormente. Así se recoge en una resolución de la Secretaría de Estado de Industria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuentes del sector explican que se debe actualizar la ratio una vez ha disminuido el precio de la luz como medida preventiva para que no haya intrusismo de compañías que quieran aprovecharse de la condición de electrointensivo sin serlo. En junio del año pasado el umbral quedó en el 0,25 kWh por euro tras aprobarse la modificación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos para ampliar el número de empresas que se pueden beneficiar de esta denominación, pasando de unas 612 a 1.180 compañías. Este se calculó para exigir una electrointensidad del 5% a los consumidores, en línea con las nuevas directrices europeas que instaban a modificar a la baja el valor de la intensidad de uso de la electricidad -antes en el 10%-.
Desvincular las ayudas de la disponibilidad presupuestaria
Sin embargo, ante el cambio del mercado eléctrico, con un precio medio de 99,7 euros megavatio hora (MWh) el año pasado en comparación con los 204,3 euros/MWh de 2022, Industria debe actualizar el valor con el fin de mantener la electrointensidad mínima en el 5 %. Para ser consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle de al menos el 46% de la energía total consumida, pero también se tiene que cumplir el requisito mínimo del cociente entre consumo eléctrico y valor añadido bruto de la empresa.
El sector viene reclamando que se elimine este requisito y que se desvinculen las ayudas del Estatuto de la disponibilidad presupuestaria, así como graduarlas en función de la intensidad del uso de la electricidad. Asimismo, los consumidores electrointensivos están obligados a tener un consumo predecible, para lo que deberán aportar a Red Eléctrica -en calidad de operador del sistema-, ya sea directamente o a través de su comercializadora, su previsión de consumo mensual con una precisión de su programa horario de demanda superior al 75%. De no cumplir, pierden la condición de consumidor electrointensivo y, por tanto, el acceso a determinadas ayudas y compensaciones del Gobierno.
En los últimos años, para los consumidores electrointensivos el precio de la electricidad ha pasado de ser el principal elemento en los costes de producción a tener más peso que el resto de variables de producción juntas, lo que les hace extremadamente sensibles al coste eléctrico. Las empresas con un gran consumo de electricidad tienen así un reclamo: poder tener más de un suministrador en sus instalaciones, permitiendo múltiples contadores para un único punto de conexión.
Las fuentes del sector consultadas señalan que así se conseguirían contratos con precios más competitivos, gracias a una mayor competencia entre las grandes eléctricas del país y otros generadores de menor tamaño. Aunque en España hay más de 500 comercializadoras, no todas pueden suministrar a un industrial por la cantidad de electricidad que este demanda, lo que restringe la posibilidad a la industria de acceder a distintos contratos de compraventa a largo plazo, lo que en el sector se denomina PPA (Power Purchase Agreement en inglés).
La patronal pide que se incrementen las ayudas
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) solicitó que en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2023 la partida de ayudas a la gran industria en concepto de compensación por los costes de emisiones indirectas de CO2 se elevara hasta 500 millones de euros, sin embargo, se mantuvo en 244 millones. Según la patronal, solo significarían el 16% de los 3.000 millones que se obtienen de las subastas de derechos de emisión.
Por su parte, a finales del curso pasado, la Comisión Europea actualizó la senda de ayudas a las que tienen derecho las industrias españolas en riesgo de fuga de carbono en concepto de CO2 indirecto, pasando de los 2.900 millones de euros previstos inicialmente para el periodo 2021-2030 a los 8.510 millones de euros para el periodo 2023-2031. Desde Aege confían en que el Gobierno acceda a la actualización efectiva de las cantidades pendientes de 2023, así como las de ejercicios futuros. Actualmente, está vigente hasta el 31 de junio la reducción del 80% del importe de los peajes eléctricos.
