A principios de octubre entró en vigor la nueva prórroga de los ERTE. El nuevo escrito incluía, además, dos nuevos tipos: por limitación -para aquellas empresas en que las medidas sanitarias restrinjan su actividad- y por impedimento -para aquellas que, a causa de las restricciones, se vean obligados a paralizar totalmente el trabajo-. El objetivo era cubrir a los muchos sectores que ya se están viendo afectados por esta segunda ola, en la que los contagios no dejan de crecer, debido a los confinamientos perimetrales, toques de queda, o cierre de la hostelería en varias comunidades.
Así, el ministerio de Trabajo ya ha agilizado los ERTE para evitar otro colapso. Pero no solo eso, sino que además ha recrudecido las sanciones a todas aquellas empresas que comentan fraudes en materias como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el teletrabajo, la igualdad de género o el recurso a falsos autónomos.
La legislación vigente considera infracción "muy grave" el hecho de "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones".
Estas infracciones llevan aparejada una sanción en su grado máximo de hasta 187.515 euros, pero está previsto que a partir del 1 de enero la multa escale hasta los 224.830 euros, tras la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que va a elevar las sanciones un 20%.
La Inspección ya ha sancionado a más de 1.700 empresas con multas por valor de 8 millones de euros por este motivo, aunque de momento solo se han finalizado 16.500 actuaciones y hay otras 13.500 investigaciones abiertas.
