Los Inspectores de Hacienda del Estado denuncian que un régimen fiscal especial para Cataluña, como el que Junts y ERC plantean con la exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez de un concierto económico propio y un 'cupo' a la vasca, no tiene cobertura legal ni en la Constitución ni en el Estatuto de autonomía de Cataluña ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La propuesta de financiación singular para Cataluña -y la consiguiente cesión del 100% de los tributos que en ella se recaudan- rompería la Agencia Tributaria y podría elevar el fraude fiscal.
En una rueda de prensa convocada por la asociación profesional en Madrid, sus responsables alertan, además, de que el Consorcio que los partidos independentistas pretenden crear no puede gestionar los impuestos estatales no cedidos y que su puesta en marcha sería sólo un primer paso para que en Cataluña exista una única Administración tributaria. "Esto llevaría en la práctica a la desaparición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de su territorio", señalan.
La asociación profesional advierte de que la independencia fiscal de Cataluña conllevaría el incumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica, de solidaridad y de garantía de servicios públicos mínimos. En lo que respecta al fraccionamiento de la Agencia Tributaria todas las actuaciones relativas a temas no tributarios que la AEAT lleva a cabo en el territorio nacional, no se podrían efectuar con los ciudadanos residentes en Cataluña. Además, se produciría un gran deterioro de los servicios prestados por la Agencia a los ciudadanos, como es el caso de las devoluciones del IRPF.
"El modelo que conocemos ahora desaparecería", advierte la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, quien ha incidido además en que la independencia fiscal de Cataluña "es inconstitucional". Este sería un camino "irreversible" de graves consecuencias a la hora de aplicar los tributos y de poder llevar a cabo las actuaciones en la lucha contra el fraude.
"La independencia fiscal de Cataluña es inconstitucional y supondría un camino irreversible de graves consecuencias"
La cesión a la Agencia Tributaria Catalana de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos recaudados en la autonomía conllevaría efectos muy negativos sobre la eficiencia del sistema tributario. El motivo es que elevaría "los niveles de fraude y evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, disminuiría su seguridad jurídica y, en general, haría más ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario", explican.
El plan planteado por el Gobierno de la Generalitat les permitiría contar con plena capacidad normativa en los impuestos, pero también en los procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña (y de todos los medios humanos y tecnológicos con los que cuenta la AEAT), así como disponer de todos los recursos que se obtienen por esta vía.
El riesgo de deslocalizaciones de empresas
Tributo a tributo, en la asociación explican, por ejemplo, que la naturaleza del IVA hace imposible que se gestione de forma descentralizada, más aún cuando a nivel internacional -en el ámbito de la OCDE sin ir más lejos- se aboga cada vez más "por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados". Pero, además, están los tributos que gravan el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el Impuesto sobre Sociedades y, que son "difícilmente consorciables". En el caso concreto de Sociedades las diferencias de gestión pueden suponer un claro "aliciente para que se produjeran situaciones de deslocalización de empresas".
Los Inspectores de Hacienda del Estado solicitan por todo ello al Gobierno que la AEAT "no se convierta en moneda de cambio" en unas negociaciones cuyo objetivo principal es lograr la independencia fiscal de Cataluña. El fraccionamiento de la AEAT supondría la quiebra de la trayectoria de dicho organismo desde su creación, que ha logrado un gran prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, iniciando "un camino sin retorno en sentido contrario, y sin conocerse ni un solo beneficio de las medidas que se pretenden adoptar", alertan.
