La reforma de las pensiones capitaneada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha marcado como uno de sus principales objetivos reducir la edad media de jubilación y que los trabajadores se mantengan activos durante más meses y desembarquen más tarde en el sistema de pensiones. Para ello, parte de una situación, en principio positiva, ya que durante los últimos años se ha reducido de forma importante la proporción de jubilados anticipados con respecto a los que aplazan su retiro y la edad media a la que se deja definitivamente el trabajo se ha incrementado en 6 meses, pasando de 64 años y dos meses a 64 y 8 meses.
Si bien el efecto de la reforma de 2011, también en menor medida la de 2013, ha sido importante para esta reducción de retiros antes de la edad ordinaria, la clave ha sido el contexto económico, que ha primado sobre las decisiones de jubilación de los trabajadores. Una mirada detallada de las estadísticas de la Seguridad Social muestra que reducción de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por la bonanza económica tras una crisis devastador y después su 'prohibición' de ejecutarlos por la pandemia del coronavirus han reducido drásticamente las jubilaciones no voluntarias, que son las motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
En paralelo, se ha producido un auge del retiro voluntario antes de los 65 años. El perfil del jubilado antes de la edad ordinaria ha cambiado de forma radical por la euforia económica y la prohibición de los despidos colectivos durante la pandemia del coronavirus. El número de trabajadores que deciden retirarse antes de la edad ordinaria, porque aspiran a una pensión alta o les compensan, de alguna forman, las penalizaciones ha pasado de apenas 32.000 a 63.000 en 2021 y a 39.000 solo en los primeros 8 meses del año. Suponen ya más del 19% de las jubilaciones -en 2013 eran el 10%- y son los trabajadores con sueldos elevados y largas carreras de cotización quienes protagonizan estas decisiones. Sus pensiones superan en más de 400 euros a las de los que demoran su jubilación.
Las jubilaciones involuntarias representaban en 2014 dos de cada diez del total y en 2022 -hasta agosto- apenas suponen el 6%
Mientras las jubilaciones involuntarias, que en 2014 representaban dos de cada diez del total, en 2022 apenas suponen el 6%. Por su parte, las voluntarias, justificadas en la expectativa de una pensión muy alta, han pasado de representar un 10% al 20% actual. La subida de las pensiones en un 8,5% el próximo año puede propiciar un importante aumento de los retiros anticipados, que verán compensadas las penalizaciones con la revalorización de las pensiones. La opción de un retiro prematuro, que supone cobrar más años la pensión, es positivo para buena parte del tejido laboral, para los que entrar en la etapa de jubilado no supondrá un cambio radical, pero el 53% de los pensionistas siguen teniendo pagas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Cuáles son los requisitos para jubilarse de forma anticipada
Las medidas vigentes desde el pasado 1 de enero de la reforma de pensiones contempla interesantes incentivos para los que retrasen la jubilación, pero también importantes penalizaciones para los que quieran adelantarla. Sin embargo, el tijeretazo se centra en un corto periodo de tiempo, porque el objetivo, según el ministro, es recortar unos meses el periodo durante el que se cobra la pensión. La penalización puede llegar al 21%, en el caso de haber cotizado menos de 38 años y medio y si se produce justo dos años antes de la edad ordinaria. La paga mensual media de un jubilado se vería recortada en 248 euros y recibiría 69.440 euros menos durante los 20 años siguientes del inicio del retiro (la edad media durante la que se cobra la pensión).
El porcentaje de las penalizaciones en un retiro que se retrase seis meses tras cumplir la edad legal se reduce drásticamente. Así, pasaría del 14% actual al 9,78% para los que tienen menos de 38 años y seis meses cotizados y del 13,11% al 9,33% para los trabajadores afiliados a la Seguridad Social más de 38 años y seis meses y menos de 41 y seis meses. Para una pensión media, en el primer caso, supondrían 14.000 euros más durante los 20 años que de media se percibe la prestación gracias a la reducción de coeficiente de 'castigo'. En el segundo, representaría un aumento de 12.000 euros, pese a una cotización durante más años.
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