El Consejo de Ministros aprobó ayer la conocida como 'Ley Rider' que obliga a las empresas de reparto a contratar sus trabajadores como asalariados. El Real Decreto-ley ya ha sido publicado en el BOE, y según estipula el texto, las plataformas contarán con 90 días para formalizar los contratos y cumplir las condiciones establecidas.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado esta medida una "norma pionera" que garantizará la protección de los trabajadores y favorecerá que accedan a todas las coberturas propias. Sin embargo, las asociaciones de repartidores y empresas se han mostrado en contra por su falta de participación en la misma.
Solo la empresa de servicio de comida a domicilio, Just Eat Takeaway.com, ha celebrado la aprobación de esta ley porque consideran que generará seguridad y protección jurídica a los trabajadores.
Razones del apoyo
A diferencia del resto de plataformas, la compañía ha elogiado la nueva normativa y han resaltado la responsabilidad que tienen de promover la creación de empleo legal, seguro y de calidad.
Apuntan que a partir de ahora la competencia será más justa porque todos los operadores del sector podrán desarrollar "su actividad bajo las mismas reglas". Además, consideran que la ley marcará un "antes y un después" porque España se sitúa como un referente europeo en este tipo de sentencias, tal y como apuntaba Díaz.
La plataforma también asegura haber participado en la conversación pública sobre el debate regulatorio. Y creen que los modelos de negocio de reparto pueden convertirse en un gran apoyo para la hostelería, que ha sufrido especialmente en la pandemia. Durante la crisis de la Covid-19 los pedidos a domicilio aumentaron entre un 40 y 50%, según su último informe.
La única con red propia de repartidores
Precisamente, a finales de 2020 la compañía creó una red propia de repartidores con contrato para diferenciarse del resto de competidores. Fue, de hecho, la primera compañía de delivery en aplicar este modelo. Anteriormente los 'riders' de su plantilla eran subcontratados a otras empresas especializadas, y, en contraposición a otros del sector, nunca se establecieron como 'falsos autónomos'.
En los últimos meses, la compañía ha ido implementando de manera gradual este tipo de contratación en las principales ciudades españoles en las que opera. La idea de Just Eat es que su red de repartidores complemente a la forma de trabajo ya utilizada por la compañía, basada en la contratación de personal por cuenta ajena, a través de empresas especializadas en la logística de última milla (la última parte del proceso de entrega de un pedido hasta que llega al cliente final).
'Scoober', como se conoce a este modelo -y que se lleva años aplicando con éxito en otros países como Alemania y Países Bajos-, ya ha sido implementado en más de 120 ciudades de Europa por la compañía. Su beneficio se traduce en un mayor nivel de afiliación del repartidor con la empresa.
De esta forma, seguirá ofreciendo a los repartidores de Just Eat Takeaway.com un contrato de trabajo y estarán encuadrados dentro del Régimen General de la Seguridad Social, como ya es el caso en su modelo de contratación vía empresas de logística.
Glovo, Deliveroo y Uber Eats, en contra
La otra cara de la moneda la protagonizan el resto de plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats que, a decir verdad, llevan ya tiempo vertiendo numerosas críticas sobre la Ley Rider.
La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que agrupa a Deliveroo, Glovo, Stuart y Uber Eats, lamenta que se apruebe la nueva regulación "por la vía de urgencia y sin debate parlamentario".
Critican también que no se haya contado con la opinión de restaurantes, plataformas y repartidores en su elaboración, además de incidir en el impacto que tendrá en un sector que ya aporta más de 700 millones de euros al PIB nacional, según sus datos. También ha censurado que la Ley Rider -pactada por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos- obligue a las empresas a revelar sus algoritmos para controlar el cumplimiento de la normativa.
Para las cuatro plataformas, la regulación "añade incertidumbre al desarrollo de la economía digital en España" y ha salido adelante justo cuando la Unión Europea (UE) trabaja en legislar sobre esta materia.
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