El nerviosismo político ha despertado del verano y ha llegado sin piedad a la factura de la luz. Su componente sociológico hace que cualquier variación al alza en el precio del recibo que pagamos a fin de mes salte las alarmas de 'think tanks', expertos y lo que es más peligroso aun: partidos políticos con ganas de meter mano en las cuentas de empresas y ciudadanos. Ambos son, a fin de cuentas, los ‘paganinis’ de esta situación que ha llevado a encarecer en más de un 50% el recibo con respecto a 2020 y que tiene visos de prolongarse más allá del fin de 2021.
La última de las propuestas políticas presentadas por parte de Podemos se basa en la fijación de un precio para la energía nuclear y otro máximo para la generación hidroeléctrica. Ambas medidas mantienen la misma filosofía que el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transición Ecológica hace apenas dos meses y que señala tanto a nucleares como hidroeléctricas como las causantes del incremento de la factura eléctrica. Sin embargo, es el precio del gas en los mercados internacionales y el aumento desmesurado del coste del CO2, los que aparecen como auténticos causantes del subidón del megavatio hora que sufren los hogares españoles.
La propuesta planteada por Podemos, socio de Gobierno en el Ejecutivo central, estima que, con la intervención directa del precio de nucleares e hidroeléctricas, se producirá un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones al año, a los que habría que sumar la bajada ya decretada del IVA al 10% y las distintas medidas correctoras que el Ministerio ha ido impulsando durante estos meses de alto voltaje eléctrico. Además, el siguiente punto fuerte de la formación morada es que esta medida tendría un “efecto inmediato” sobre la factura, algo que, a diferencia de la medida defendida por Transición Ecológica, tendría una aplicación directa sobre el desgastado bolsillo del consumidor.
Un modelo equivocado
Podemos siempre ha considerado a Francia como el modelo a seguir en cuanto al ‘manejo público’ del precio de la electricidad en Europa. Lo hace por una simple razón: la normativa comunitaria no ampara medidas tan intervencionistas como fijar mediante el BOE el precio de la luz. De hecho, ese sistema que se establecía en España hasta bien entrado el siglo XXI fue puesto en cuestión por las autoridades europeas y derivó en un cambio sustancial en el funcionamiento del mercado español, que siempre fijó como objetivo la liberalización total del sistema, permitiendo mayor competencia en el mercado a través del fomento de las energías renovables que también han renovado las caras de las empresas líderes de generación eléctrica en España.
En el caso del modelo francés, este se debe en especial a la denominada ‘exception française’ y que encuentra su eco en la dimensión cultural y económica de la pertenencia del país vecino a la Unión Europea. Así, Francia nunca ha dudado en alegar su especial relación con Bruselas cuando la normativa europea ha podido colisionar con sus intereses nacionales. La polémica en torno al velo islámico en las escuelas francesas, el establecimiento de las cuotas lácteas en el conjunto de la Unión o las subvenciones al cine francés son ejemplos claros de la influencia francesa en el devenir legal comunitario.
La energía, en concreto la energía nuclear, es también una cuestión de Estado para París. Allá por los años sesenta del siglo pasado, los sucesivos gobiernos franceses apostaron por esta fuente de energía para reducir la dependencia energética del exterior. Una medida que conllevó la construcción de decenas de reactores nucleares en las que el Estado francés participó directamente a través de empresas públicas en las que, a diferencia del sueño de Podemos, el Estado generaba la suficiente energía como para influir directamente en el sistema de fijación de precios francés. La consecuencia lógica de este sistema fue que la competencia se vio reducida, ya que no había ni hay, suficiente libertad de entrada para la aparición de nuevos actores que puedan costear los proyectos para construir nuevas centrales nucleares.
Ante la llegada de renovables y la consecuente previsión de alza de precios, en 2011 el gobierno francés aplicó un método corrector conocido como ARENH. De esta manera las empresas ajenas al sistema de generación nuclear que gestiona y maneja EdF retribuyen a la empresa pública un precio establecido por una cantidad fija de energía procedente de centrales nucleares. De esta manera, cerca del 40% de la producción nuclear francesa está “intervenida” y contribuye directamente a controlar los precios de la electricidad. A diferencia de Francia, en España la generación eléctrica procedente de energía nuclear apenas alcanza el 20% y tampoco hay una empresa pública que sea la responsable de su suministro. De copiar al sistema francés, en España serían las empresas privadas las que “subvencionarían” a otras empresas privadas, y en este punto es donde las alarmas bruselenses saltarían por los aires, llevándose consigo tanto la propuesta de Podemos como la relación de amor odio que se vive en el Gobierno de coalición en todo aquello que afecta a la intervención en los mercados.
Junto a esta diferencia clara hay otro aspecto más técnico que político y que asusta en especial al gestor del sistema. La fijación de un precio cerrado para el despacho de energía nuclear e hidroeléctrica no es una cuestión sencilla, puesto que implicaría cubrir siempre y a toda costa ese hueco del 20% que genera la nuclear en el sistema eléctrico español y esa no es una cuestión que de pueda solucionar “de forma inmediata” tal y como plantea Podemos.
En el caso de Francia, tanto su sistema de despacho eléctrico, como su modelo de generación centralizada se diseñaron por y para la energía nuclear, algo que en España ocurrió de manera similar con el gas, tras los acuerdos de mediados de los años noventa con Argelia y la construcción de plantas de ciclo combinado. De esta manera, las renovables tienen que 'luchar' en un terreno poco propicio para la generación distribuida que plantean y para la que se exige una energía de respaldo suficiente como para garantizar su despliegue físico por el territorio nacional, y técnico para adaptar la red a unas tecnologías que plantean aun el problema de la gestionabilidad, tanto en el exceso, puesto que su energía se perderá hasta que no se asegure su almacenamiento, como en el defecto, debido a su condicionamiento climatológico.
Esta por ver aun el recorrido legal que la medida presentada por Podemos pueda tener en Europa pero, a ciencia cierta, no supondrá la validación de una excepción española en el imprevisible mercado eléctrico nacional.
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