El problema de la vivienda en España es una realidad. Actualmente hay dificultades para encontrar suelos para construir, el sector acusa falta de mano de obra, y los precios han subido hasta superar los 2.000 euros el metro cuadrado. Todas estas aristas han dificultado el acceso a la vivienda de alquiler o de compra y para solucionarlo, el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó la Ley por el derecho a la Vivienda, que entró en vigor en mayo de este año. Esta normativa generó tanto apoyos como rechazos en el mundo político y sectorial, pero ahora, de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, el descontento se ha profundizado. En los nuevos programas políticos, todos los partidos que se presentan -menos el PSOE que busca potenciarla-, proponen modificaciones o incluso derogarla en sus programas para las elecciones generales.
El Partido Popular fue el primero en presentarlo y en él incluyen diferentes medidas relacionadas a la vivienda. Sin embargo, cuando se trata de la Ley, zanjan: “Derogaremos la Ley de Vivienda, que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”. Para ello, el candidato representante del PP, Alberto Nuñez Feijóo, propone, al igual que hace algunos meses, crear un pacto de estado sobre la vivienda que incluya participación de las CCAA y entidades locales. Su idea será entregar soluciones para “garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente”.
Por su parte, el partido que encabeza Yolanda Díaz, Sumar, no busca eliminarla, pero sí añadir más puntos a la normativa. Se tratan principalmente de las enmiendas propuestas por Mas País y Más Madrid al momento de la tramitación de la ley y que fueron rechazadas por el Ejecutivo: “Estableceremos limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda”. De forma particular, el programa añade un inciso que asegura que modificarán la ley para incluir el alquiler social obligatorio para grandes tenedores. Asimismo, aboga por imponer la dación en pago, o obligaciones de resultado para las Administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios.
Además, en su documento 'Un programa por ti' incluyen la movilización de suelos de la Sareb en coordinación con las CCAA; una regulación efectiva de los precios del alquiler y el desarrollo de un régimen sancionador. Adicionalmente, reformarán el sistema de incentivos fiscales de la actual Ley, beneficiando fiscalmente a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan. Asimismo, pondrá en marcha de forma obligatoria una de las medidas 'estrella' y más reprochadas de la normativa: “Haremos obligatoria la declaración de zona de mercado tensionado en las áreas geográficas en las que se cumplan objetivamente los requisitos que la Ley de Vivienda establece, aplicando así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico”.
La posición de VOX es más dura. “Lejos de remediar esta situación, Pedro Sánchez ha aprobado una nefasta Ley de Vivienda que ignora los problemas reales en este ámbito y sus causas”, dice el programa de Vox. Por lo mismo el documento sentencia que derogará la Ley por el derecho a la vivienda porque “no contribuirá a conseguir vivienda más asequible, hundirá el mercado del alquiler, altera el contenido esencial del derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución y ampara la ocupación ilegal”. El partido busca mejorar las condiciones actuales de vivienda con la construcción viviendas sociales públicas, y quiere fomentar la colaboración entre la Administración Pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial, entre otras medidas.
Por su parte, el PSOE, ha lanzado propuestas que ponen en el centro afrontar la problemática del acceso al alojamiento. Pero con respecto a la ley pretende desplegarla para conseguir diversos objetivos. Entre ellos promover la eficiencia energética de barrios y ciudades desde la equidad y justicia social; aprobarán un plan estratégico para impulsar la vivienda rural; fomentarán los programas de rehabilitación y desarrollarán parques públicos de vivienda asequible y que fomenten el alquiler social. Todas medidas que ya están incluidas en la actual normativa aprobada por el Gobierno.
Okupación en la Ley de Vivienda
Uno de los puntos más criticados de la actual Ley de Vivienda fue por los okupas. Diversos agentes del sector y políticos aseguraban que esta normativa “beneficiaba” y “fomentaba” la okupación ilegal en España. En el programa del PP existen varias medidas para combatir este problema. En primer lugar agilizarán los desalojos para que se realicen en 24 horas desde el momento del requerimiento, y en caso de que sea flagrante delito, se procederá a un desalojo inmediato. Para ello proponen crear una oficina técnica municipal aparte de crear unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especializadas en la lucha contra la okupación. Sumar no menciona la okupación en su programa.
Mientras que Vox también propone un programa con tolerancia cero a la ocupación ilegal y la 'inquiocupación'. Para ello reformarán tanto el Código Penal como de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de ocupación o la entrada ilegal de un okupa en su vivienda. Al igual que el PP, el partido de Santiago Abascal asegura que eximirá a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación. Pedro Sánchez promete combatir contra las estructuras "mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades". Para ello mejorarán la eficiencia de los procedimientos judiciales, y en particular se impulsará la reforma Legislativa normativa para garantizar que se hagan desalojos de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas. "Defenderemos la propiedad privada ante estas ocupaciones conflictivas e ilegales".
Ayudas y bonos
Muchas de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo hace algunos meses fueron tomadas como “medidas electoralistas” porque fueron lanzadas en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Entre ellas estuvo el aval del ICO del 20% para familias y jóvenes que quisieran independizarse. Sumar incrementará las ayudas al alquiler mejorando la gestión del bono de alquiler joven para garantizar el pago mensual a las personas beneficiarias y estableceremos un bono de ayuda a los hipotecados. También impulsará un bono de emergencia para la compra de vivienda habitual dirigido a los hogares que tengan hipotecas variables. Será de 1.000 euros y beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos diez años por un importe de hasta 250.000 euros, y precio de compra de hasta 300.000 euros.
El PP propone un programa de avales para jóvenes de hasta 35 años para garantizar la concesión de créditos hipotecarios por un valor de hasta el 95% del total. Vox impulsará la construcción de viviendas sociales públicas para potenciar el acceso de los jóvenes a la vivienda, pero no habla de ayudas monetarias ni facilidades para hipotecas. El partido que actualmente gobierna España se ha comprometido a una mayor colaboración con entidades financieras para las cuentas de ahorro de los jóvenes para que queden exentas de tributación hasta los 30.000 euros para que puedan acceder a la adquisición de su primera vivienda, además de los avales ya nombrados en su precampaña de las elecciones del 28-M.
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