La solución al futuro de las pensiones no vendrá de los trabajadores más jóvenes, vendrá paradójicamente de los mismos miembros de la 'generación del baby-boom' que desde hace lustros están señalados como la principal amenaza para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ésa al menos es la hoja de ruta que el Gobierno de España ha sugerido a Bruselas. Ésta no aparece trazada con claridad ni en el Plan de Recuperación, ni en el Plan Nacional de Reformas ni en la actualización del Programa de Estabilidad que el Ejecutivo ha remitido últimamente a la Comisión Europea, pero sí se perfila en el 'Informe sobre Envejecimiento' (Ageing Report) que acaba de publicar el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) y que contiene las previsiones de los países de la Unión sobre el impacto económico y presupuestario que el envejecimiento de la población está teniendo en los países.
El documento español, elaborado a partir de la información proporcionada por la Dirección General de Análisis Macroeconómico de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos en colaboración con los ministerios de Inclusión y Seguridad Social, Trabajo y Hacienda, reconoce que la derogación de los elementos más críticos de la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013 - el índice de revalorización de las pensiones que limitaba la subida anual de éstas al 0,25% en tanto el sistema no saliera de los números rojos y el Factor de Sostenibilidad que aspiraba (nunca entró en vigor) a acomodar las prestaciones a la evolución de la esperanza de vida - y la actualización de las pensiones con el IPC añadirán un coste millonario al sistema de pensiones, que se estima en 1,5 puntos del PIB de aquí al año 2030, pero también estima que esa mayor presión financiera se verá compensada por una activación masiva de las cohortes de población de mayor edad.
El informe no se limita a formular ese objetivo sino que proporciona un conjunto de proyecciones que lo ilustran con cifras. El departamento que dirige José Luis Escrivá, que ha mostrado especial interés en los últimos meses por acelerar las reformas que tienen que ver con la penalización de la jubilación anticipada y los incentivos a prolongar la edad real de jubilación, pretende que este paquete de reformas le permita incrementar de forma significativa en la próxima década tanto el número de trabajadores mayores dispuestos a continuar en el mercado de trabajo como la cifra de trabajadores en ese rango de edad efectivamente ocupados. Las proyecciones realizadas por los servicios de la Comisión a partir de la información proporcionada desde España reflejan que la tasa de actividad de los trabajadores de entre 65 y 74 años se disparará desde el 4,5% en que se encontraba en 2019 hasta el 17,5% a la altura de 2030. Esto implicaría que la cifra de trabajadores mayores de 65 años en activo saltaría en apenas diez años de 229.000 a rozar los 900.000.
Los técnicos de Bruselas también estiman que la información proporcionada desde España permite prever que el número de personas mayores de 65 años trabajando de manera efectiva se cuadriplicará en la próxima década de algo más de 200.000 personas, lo que supone una tasa de ocupación del 4,2% sobre el total de la población en ese segmento de edad; hasta más de 850.000, con una tasa de ocupación del 16,4%. Lo más llamativo es que esa proyección se ha construido sin tener en cuenta el impacto de la audaz política de incentivos a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación (65 o 67 años, según la carrera de cotización acreditada) impulsada por el equipo de José Luis Escrivá, que tiene como medida estrella el pago de un fijo anual de hasta 12.000 euros a los trabajadores que hayan alcanzado la edad de jubilarse, pero que decidan continuar en activo.
Los funcionarios de Bruselas dicen haberla realizado únicamente a partir del efecto esperado sobre la tasa de actividad y la tasa de ocupación del despliegue de la reforma de 2011 y, en concreto, de la prolongación progresiva de la edad legal de jubilación hasta los 67 años - proceso que finalizará en 2027 - y del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 25 años. El trabajo realizado por la Comisión a partir de la información proporcionada desde España concluye que el efecto de estas medidas puede ser suficiente para sufragar el sobrecoste generado por la actualización de las pensiones con el IPC...pero que para ello España no sólo tendrá que lograr que 900.000 trabajadores mayores de 65 años accedan a mantenerse en activo a la altura de 2030, sino que para ese año se haya logrado ensanchar también en 1,5 millones el número de trabajadores dispuestos a jubilarse más tarde de cómo se jubilan ahora.
La importancia de dar cerrojazo a la jubilación anticipada
Y es que para que ese movimiento de placas tectónicas en los hábitos de jubilación de los españoles sea suficiente para enjugar la 'mochila' cargada al sistema por la decisión del Pacto de Toledo de volver a actualizar las pensiones con el IPC no será suficiente con que los españoles decidan jubilarse más allá de la edad legal sino también que accedan a no hacerlo antes de la misma. En España, a día de hoy, sólo trabaja el 54% de la población de entre 55 y 64 años, un porcentaje que Bruselas estima que tendría que incrementarse hasta el 67% si se quieren generar los ingresos por cotizaciones suficientes para estabilizar las cuentas del sistema de pensiones, al menos según las proyecciones de Bruselas.
En cifras de empleo contantes y sonantes esto significa que el número de ocupados en ese segmento de población se debería incrementar en 865.000 personas de aquí a 2030 respecto a las que están ocupadas hoy en día. Entre estos 865.000 trabajadores extra que supuestamente van a esperar a la edad legal para jubilarse y los otros 650.000 trabajadores extra que estarán dispuestos a trabajar después de los 65 años, el resultado es que 1,5 millones de trabajadores más tendrán que atrasar su jubilación para cumplir los objetivos de mejora de rendimiento del sistema previstos en el informe.
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