El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, solo tiene previsto llevar a cabo dos reformas en materia de pensiones en lo que queda de año. Así consta en el 'componente 30' del Plan de Recuperación remitido a Bruselas y así lo ha trasladado este martes durante una rueda de prensa en la que ha presentado las principales medidas de su departamento. En concreto, solo llevará a cabo dos cambios legislativos: el primero, para subir las pensiones con el IPC y el segundo, para incentivar la permanencia de los trabajadores sénior en el mercado laboral a través de la revisión de las penalizaciones a la jubilación anticipada y de los incentivos a la demorada.
De este modo, el ministro se centra por el momento en las reformas más avanzadas en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos y aplaza los ajustes más profundos del sistema. Según el calendario remitido a Bruselas, empezará en el cuarto trimestre de 2021 por aprobar un nuevo índice de revalorización de las pensiones asociado a la inflación, para garantizar el poder adquisitivo, y una serie de cambios para alinear la edad real de jubilación con la edad legal, con un nuevo esquema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada, para hacerlos más equitativos e incentivadores de la permanencia en el empleo, y de los incentivos a la demora, así como la eliminación de cláusulas de jubilación forzosa.
El siguiente paso no se dará hasta el segundo trimestre de 2022, cuando está prevista la aprobación del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por ingresos reales. Su implementación, ha aclarado el ministro, será "gradual", aunque su "aspiración" es que esté en vigor ya en esa fecha fijada. Para entonces también se pretende tener lista la reforma de los sistemas complementarios de pensiones, que consiste en priorizar los planes de empleo en el marco de la negociación colectiva a través de un trato fiscal más favorable y en la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública.
De este modo, el grueso de la reforma de las pensiones se dejará para finales de 2022. Será en el cuarto trimestre de ese ejercicio cuando se ponga en marcha el nuevo marco de "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo", que es como ha denominado el Ministerio a la medida que promueve un alargamiento de ese periodo y que busca que "la pensión refleje mejor la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral con más interrupciones y lagunas, fortaleciendo la equidad y contributividad del sistema", según defiende el 'componente 30'.
Tampoco se abordará hasta el último trimestre de 2022 la sustitución del factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional, un nuevo instrumento de adaptación del sistema por el que Escrivá busca liberar a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los denominados baby boomers. Ni la adecuación de la base máxima de cotización del sistema, que se acompañará de una adaptación de la pensión máxima, "dotando transitoriamente de ingresos al sistema y corrigiendo la desigualdad generada por las asociación entre nivel de pensión y esperanza de vida".
A estas medidas hay que sumar la modificación del complemento de maternidad, ya aprobada, y el proceso de separación de fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, que ya está en marcha, con el trasvase de determinados gastos impropios en los Presupuestos Generales del Estado de este año, y que se pretende culminar en 2023. A finales de ese año el ministro Escrivá se ha comprometido a cerrar el déficit del sistema.
Se dejan así los ajustes más 'dolorosos' del sistema y que más rechazo han generado entre los agentes sociales para más adelante. La negociación necesita más margen, pero en cualquier caso "hay que cumplir los plazos del plan", ha advertido Escrivá durante su presentación. En este sentido, el ministro ha sido tajante, como ya lo fue la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al afirmar que la contrarreforma laboral se llevará a cabo antes de que acabe este año. Los compromisos de calendario con Bruselas son ineludibles porque de su cumplimiento dependerá el acceso de España a 150.000 millones de los fondos Next Generation EU.
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