Poco inclinada a permitir que los países echen una mano a sus empresas para mejorar su posición competitiva o siquiera para garantizar su supervivencia, la situación creada por la pandemia ha persuadido a la Comisión Europea de habilitar a los países para que bajo determinados requisitos puedan sostener temporalmente a su tejido empresarial más estratégico con fondos públicos. Ese cambio de criterio es el que ha permitido al Gobierno activar el denominado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas - más conocido como Fondo Sepi-, que cuenta con una potencia de fuego de 10.000 millones de euros para atender las necesidades más perentorias del núcleo duro del tejido empresarial doméstico y al que ya han acudido de manera oficial la aerolínea Air Europa, la empresa siderúrgica Celsa y el grupo industrial Duro Felguera.
Como casi siempre cuando se trata de Bruselas el meollo está en la condicionalidad. La Comisión ha dado cierta manga ancha a los países para decidir qué empresas rescatan, pero ha establecido una serie de requisitos de obligado cumplimiento, como la necesidad de que los solicitantes deban ser 'empresas en crisis' según las define la normativa comunitaria, y ha dispuesto que todas las operaciones de rescate que se realicen tienen que resolverse antes del 30 de junio de 2021. El Gobierno de España entiende que esa ventana es bien escasa a la luz de las actuales condiciones económicas y ha empezado a maniobrar en los pasillos de Bruselas, junto a otros grandes países de la Unión Europea, para conseguir que la Comisión prorrogue el margen de maniobra del Fondo Sepi al menos durante todo el año 2021, según aseguran fuentes empresariales y confirman fuentes del Ejecutivo.
Este punto es crítico para España. En el Gobierno sospechan que el grueso de las solicitudes de rescate se va a producir entre marzo y abril de 2021, una vez las empresas dispongan de la fotografía definitiva de los daños que la Covid-19 ha hecho en sus balances y tengan que pasar por el trago de presentarla ante sus accionistas...con la correspondiente propuesta de solución a las situaciones que sean más peliagudas. El asunto es que, de cumplirse ese escenario, el 'timing' de las solicitudes de ayuda sería incompatible con su resolución antes de la fecha límite marcada a día de hoy por la Comisión Europea, ya que los trabajos de análisis de situación y evaluación de la solución más óptima a aplicar en el caso de cada empresa que debe realizar Sepi exige unos plazos de tiempo que desbordarían el 'deadline' fijado por las autoridades comunitarias. Un escenario en el que muchas solicitudes de 'rescate' podrían perderse en el limbo no ya por falta de disponibilidad de recursos sino por la operativa inexorable de un simple plazo administrativo.
No hay que olvidar aquí que la propia regulación del Fondo Sepi se da seis meses para tomar la decisión sobre las solicitudes de apoyo financiero de las empresas privadas que así lo reclamen, entre otras cosas por la complejidad de un proceso que requiere la aportación de información muy sensible por parte de las empresas, la realización de una minuciosa 'due dilligence' por parte del Fondo - para lo que está previsto que cuenta con asesoría técnica externa por las especiales dificultades que puede entrañar en algunos casos- y la negociación de una solución financiera aceptable no sólo para el Estado y la empresa afectada, sino también para los accionistas de la misma que tendrán que dar el visto bueno a cuestiones tan peliagudas como permitir o no la entrada del Estado con voz, voto y derecho de veto en el accionariado de la compañía en una reunión extraordinaria de su Junta de Accionistas. Es decir, un proceso arduo y complejo que no se puede resolver en cosa de dos meses.
El deterioro de las expectativas económicas para todo el mundo desarrollado y en especial en el caso de España es un elemento más a favor de la ofensiva diplomática que el Gobierno está desplegando en Bruselas para intentar que las autoridades comunitarias le den carrete a este mecanismo excepcional de apoyo a la empresa privada y amplíen el plazo habilitado para que los países puedan cerrar acuerdos de intervención pública en el capital del tejido empresarial estratégico de cada país miembro. A favor también el renacido interés de Bruselas por apuntalar la 'europeidad' de los sectores más estratégicos de las economías de la Unión, que se ha traducido en los últimos meses en iniciativas legislativas para dificultar la toma de participaciones mayoritarias por parte de inversores no comunitarios en las empresas nacionales clave en los sectores estratégicos para la economía nacional.
El Gobierno, dispuesto a ir más allá de los 10.000 millones
El Gobierno por su parte está decidido a hacer un uso intensivo de este mecanismo y lejos de cerrar la puerta a ir más allá de la dotación inicial con la que se alimentó el fondo está dispuesto a incrementar esos 10.000 millones de euros si las circunstancias lo hicieran necesario. Fuentes jurídicas aclaran, además, que en este caso el Ejecutivo español no tendría que solicitar ningún tipo de permiso a las autoridades comunitarias para incrementar la dotación del fondo, ya que este aspecto en concreto se deja a lo que determine cada país.
La autorización de Bruselas sí será preceptiva en la aprobación de las ayudas públicas que superen los 250 millones de euros y la Comisión vigilará también el adecuado cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en Marco Temporal que da soporte jurídico a los mecanismos del estilo del Fondo Sepi que se han creado a lo largo y ancho de toda la Unión Europea, pero no entra en la cantidad que los estados decidan gastar en el mismo. Entre otras cosas, explican fuente jurídicas, "porque la financiación que obtendrán las empresas de este mecanismo no es ningún chollo, no es para nada barata, y además porque los funcionarios de Bruselas han plagado este mecanismo de ayuda de cautelas para que las empresas devuelvan la financiación pública recibida lo antes posible".
En otras palabras, que a Bruselas no le preocupa esta vez las inyecciones millonarias que los gobiernos hagan en sus empresas porque lejos de mejorar su posición competitiva, las situarán en un contexto financiero peor que el que disfrutarán sus pares. El 'level playing field' que tanto obsesiona a la Comisión quedará a salvo. Las únicas restricciones que Europa ha impuesto en este sentido afectan a que las empresas 'rescatadas' no podrán aprovechar esa inyección de fondos para realizar una política comercial agresiva ni por supuesto para tomar el control de otras empresas.
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