La reforma de las reglas fiscales es uno de los grandes debates que afronta la presidencia española del Consejo de la UE. El núcleo de la propuesta de la Comisión Europea trata de flexibilizar y ampliar los plazos de los ajustes de cuentas de los Estados miembros con Bruselas y trata de equilibrarlos con planes de inversión que mejoren el crecimiento a medio plazo. No obstante, un grupo de países halcones, liderados por Alemania, han hecho palpable su falta de confianza en la propuesta y han conseguido incluir reglas numéricas, o salvaguardas, a la discusión. Estas medidas incluyen la obligación de reducir el déficit anual un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) si este supera el 3% y algunos condicionantes para el endeudamiento, que afectarían a países como España con una relación deuda sobre PIB muy por encima del 60% establecido en los acuerdos de adopción del euro. Italia también estaría presionando para que los créditos UE queden fuera del cálculo y los países del Este estarían preocupados por el cómputo del gasto en defensa.
Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, explicó durante su comparecencia en un foro de Funcas este miércoles que considera "importante" que el acuerdo "conserve la esencia" de la propuesta de la Comisión. La presidencia española, que finalizará el 31 de diciembre de 2023, quiere dejar cerrado este asunto y el secretario de Estado afirma que el acuerdo "está cerca", pero entraña una "gran dificultad política" para ensamblar las aspiraciones de los halcones y las palomas europeas. García Andrés insistió durante el acto en que este momento de incertidumbre -subida de tipos de interés, presión geopolítica o encarecimiento de las materias primas- todavía gana importancia contar con un pacto que pueda entrar en vigor en 2024. Esto permitiría enviar la primera hoja de objetivos en primavera.
Un calendario por el que el Ejecutivo en funciones está peleando. Durante la reunión del Ecofin en Santiago de Compostela, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, apuró a los ministros del ramo para alcanzar la fase de negociación política del acuerdo, de modo que este estuviera listo para finales de este mes o en noviembre, apuntó García Andrés.
Sin embargo, lo que la presidencia española ha conseguido por el momento es elaborar el "marco de la discusión", resume García Andrés. Desde la perspectiva española -y de otros como Francia o Italia-, las salvaguardas ponen freno a la flexibilidad para establecer planes de ajuste a través de la fijación de un objetivo numérico. Por lo tanto, en lugar de permitir a los países basarse en planes a medio plazo en el que se afronte de manera integral la política fiscal, las salvaguardas pueden obligar a realizar ajustes a medio camino y llevar a cabo políticas procíclicas. Por ejemplo, aplicar recortes de inversión en épocas de carestía para alcanzar el objetivo de déficit del 3%, pero que limitan el crecimiento económico a medio plazo.
Desde la presidencia española se ha trabajado para que las reglas sean lo más "robustas posibles", pero que además mantengan la esencia de la reforma. "No podemos, por el lado de las salvaguardas, llegar a una situación que nos pone en el mismo sitio del que partíamos", afirma el secretario de Estado.
"No podemos, por el lado de las salvaguardas, llegar a una situación que nos pone en el mismo sitio del que partíamos"
Una vez se supere la piedra más dura de roer, el acuerdo entre los países miembros; el alto funcionario de Asuntos Económicos explica que el siguiente trámite comenzará con los trílogos -la ronda final de negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo-, que se producirá antes de que termine la legislatura europea en junio del año que viene. Los países podrán empezar a elaborar los primeros planes fiscales estructurales de medio plazo en la primavera de 2024, calculó el secretario de Estado.
Desconfianza institucional
El Director del Departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, Javier J. Pérez, intervino tras el secretario de Estado y afirmó que la posición alemana se basa en una "desconfianza institucional". Desde el observatorio económico Bruegel explican que los países liderados por Alemania temen que la política fiscal se use como arma negociadora. Los planes a medio plazo contarían con el respaldo de Bruselas, por lo que el proceso de negociación es susceptible de ser politizado.
No obstante, el director del observatorio con sede en Bruselas, Jeromin Zettelmeyer, aseguró en una carta que, mientras que el temor a que las salvaguardas interfieran con los principales objetivos de la propuesta "está justificado", el miedo a que los análisis de sostenibilidad de la deuda puedan manipularse "no debe abordarse acumulando salvaguardas, sino revisando la metodología de los análisis de la Comisión, asegurándose de que es transparente y está a disposición de todos", concluye Zettelmeyer.
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