Con el debate sobre la gestión de las cuentas públicas enfocado en las causas de fondo de la revisión al alza del déficit público por parte del Gobierno, si el no reconocimiento de la realidad por parte del Ejecutivo anterior o la 'natural' tendencia al gasto de los gobiernos socialistas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) - el órgano independiente de supervisión de las cuentas públicas propiciado por Bruselas - ha venido a poner de manifiesto su escepticismo sobre un tema bastante más acuciante: la capacidad real de España para abandonar este año el esquema de vigilancia reforzada de Bruselas, el denominado 'brazo correctivo' del Procedimiento de Déficit Excesivo.
El informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2018 de Airef no solo considera remotas las posibilidades de que el ejercicio acabe con un déficit público del 2,2% del PIB, como el Gobierno de Rajoy 'vendió' en Bruselas, y sitúa en un desequilibrio del 2,7% el escenario más factible al cierre de 2018, sino que también coloca en el terreno de lo probable que España no sea capaz de reducir su déficit público por debajo del 3% este año.
Las proyecciones del organismo suponen una bofetada de realidad al relato oficial sobre el déficit público, tanto en la época del Gobierno del PP como en la actual del Ejecutivo de Sánchez, que da por descontado que España acreditará este año un déficit inferior al 3% y saldrá del sistema de vigilancia intensivo de los 'hombres de negro' de Bruselas.
La Autoridad Fiscal, de hecho, está lejos de considerar ese escenario como una posibilidad remota. Si bien el escenario central que maneja el organismo presidido por José Luis Escrivá plantea una horquilla de déficit de entre el 2,5%, en el mejor de los casos, y el 2,9%, en el peor, (ver gráfico), los técnicos del organismo admiten que de aquí a final de año las contingencias que podrían materializarse apuntan más a una tendencia en negativo que a una mejora de las expectativas presupuestarias.
En las proyecciones de Airef el déficit del 3% está justo en la frontera de su escenario central y superar ese umbral se considera como "probable" en la terminología utilizada por el organismo, lo que viene a significar que es el escenario más viable a poco que las cosas se tuerzan, ya sea por un deterioro en el comportamiento de la economía o por la materialización de determinados riesgos presupuestarios.
El riesgo reputacional
La cuestión no es ni mucho menos de carácter menor. Bruselas ya entendió mal que el Gobierno de España no pusiera más de su parte para salir del Procedimiento de Déficit Excesivo ya en 2017, como por otra anunció durante ese año el ministro de Economía, Luis de Guindos, en más de una ocasión.
Siete centésimas -que al final fueron once-, es decir, en torno a 1.200 millones de euros, separaron entonces a España de sacudirse el estigma de ser el único país de toda la UE aún bajo el yugo de los 'hombres de negro', pero el asunto no generó más tirones de orejas ante la supuesta evidencia de que el objetivo se alcanzaría con holgura al año siguiente.
El precio de no lograrlo sería alto. El compromiso español con el proceso de consolidación fiscal quedaría seriamente dañado y la reacción de los mercados ante una situación de esa naturaleza podría ser muy negativa, como analistas y funcionarios de la UE se han encargado de hacer ver al Gobierno siempre que han tenido oportunidad.
El riesgo de 'saltarse' la regla de gasto
Hace unos días, el presidente de Airef, José Luis Escrivá, ya advirtió de que "cuando los objetivos se incumplen y se reevalúan de forma más laxa, y esto se hace de forma recurrente, esto tiende a erosionar la credibilidad de las reglas fiscales".
¿Estamos ya en ese escenario? Aún no, pero el organismo ya ha advertido de que existe un riesgo elevado de que 13 comunidades autónomas incumplan este año la regla de gasto y de que esto también suceda en un buen número de grandes ayuntamientos.
Ello no tiene por qué implicar un incumplimiento del objetivo de déficit, porque en muchos casos la regla de gasto implantada por Montoro a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es mucho más exigente que el objetivo de déficit, pero sí puede llevar a una reducción del superávit en las autonomías y corporaciones locales que ya habían llegado a esa situación. Y eso sí puede afectar al saldo final.
Desde la Airef se reconoce que los anuncios del Gobierno en relación a flexibilizar las reglas de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas y a favorecer la utilización efectiva de sus superávits pueden generar tensiones financieras en lo que queda de año.
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