La pandemia y el banco malo disparan el déficit público hasta el 10,97% en 2020

Las medidas extraordinarias de gasto público adoptadas en el marco del escudo social y económico habilitado no sólo por el Gobierno sino también por comunidades autónomas y ayuntamientos para paliar los efectos de la Covid-19 y la reciente decisión de Bruselas de obligar al Gobierno de España a consolidar dentro de las cuentas públicas los desequilibrios de la Sareb - el célebre 'banco malo' - han disparado el déficit público en el año 2020 hasta el 10,97% del PIB, lo que supone la segunda cifra más alta en los últimos 40 años, solo por debajo del 11,28% que el déficit alcanzó en 2009, el primer año de la crisis financiera y el ejercicio del tristemente famoso 'Plan E'.

La cifra se sitúa por debajo del 11,3% previsto por el Gobierno y más por debajo todavía de las aún más catastróficas previsiones publicadas por los organismos internacionales como la Comisión Europea, el FMI o la OCDE que auguraban un desequilibrio de las cuentas públicas españolas en 2020 en una horquilla de entre el 11,7% y el 12,2%. El cargo de parte de la factura de la crisis al presupuesto europeo a través del Fondo SURE - que ha enjugado casi 10.000 millones de euros de los gastos de 2020 - y la reorientación de las ayudas para hacer un aplicación más selectiva de las mismas a partir del pasado mes de septiembre han ayudado a contener la evolución de los gastos, que allá por el verano se calculaban cerca de los 60.000 millones y que finalmente se han quedado en el entorno de los 45.000 millones. De éstos, alrededor de 40.000 millones han sido sufragados por el Estado, que ha aprovechado el favorable contexto de tipos de interés - el coste de emitir deuda está en los niveles más bajos de la historia - para asumir en primera persona la factura que les habría correspondido a las comunidades autónomas o a la Seguridad Social.

También han contribuido al incremento del déficit la caída de los ingresos fiscales, cuyo efecto según ha informado la ministra de Hacienda ha sido cercano a los 25.000 millones de euros, tras una caída de los ingresos fiscales del 5%. El descenso ha sido particularmente acusado en el segmento de los impuestos empresariales, donde el desplome ha sido del 32,2%, no sólo por la caída generalizado de los beneficios empresariales sino por el efecto de las devoluciones que Hacienda ha tenido que satisfacer por los impuestos cobrados de más al tejido empresarial español en años anteriores. Por el contrario, los ingresos por el Impuesto sobre la Renta han aumentado un 1,2%, un fenómeno singular en una crisis económica que Montero ha atribuido al efecto de los ERTE, que han mantenido con renta a varios cientos de miles de trabajadores que en crisis anteriores se hubieran ido al paro.

En sentido contrario ha operado la reciente decisión de la agencia estadística europea, Eurostat, de consolidar dentro del perímetro del sector público las cuentas de la Sareb, el 'banco malo' en el que se embalsaron los activos más tóxicos de la banca en la última crisis financiera y que hasta este año no se incluían en el sector público. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que sin este efecto el déficit público se habría quedado en el 10,09%, lo que implica que la absorción del banco malo dentro del sector público ha añadido alrededor de 10.000 millones de euros de déficit.

El dato revela que el Gobierno ha afrontado esta crisis con un pie en el acelerador del gasto público...y otro en el freno. Montero atribuye esa distancia entre el 11,3% previsto y el 10,09% final al mejor comportamiento del mercado laboral respecto a lo previsto, a la flexibilidad de los ERTE - que ha permitido a las empresas entrar y salir del instrumento según sus necesidades de mano de obra; y al tirón inesperado de la economía en el tercer trimestre. Pero lo cierto es que la contención en el gasto ha sido mayor de la prevista, más si se recuerda que en 2020 las cuentas públicas han tenido que encajar gastos inesperados como la sentencia del Castor (1.400 millones de euros) como la sentencia del Supremo contra los pagos a cuenta en el Impuesto de Sociedades (que han costado otros 500 millones al Estado). 

Rescate preventivo de las comunidades autónomas

El análisis del déficit por sectores arroja datos llamativos. La mayor parte del déficit público se concentró en el Estado, que ha cerrado el año con un desequilibrio equivalente al 7,49% del PIB en sus cuentas, en buena medida porque el Estado no sólo ha realizado un volumen de transferencias sin precedentes a las comunidades autónomas para sufragar la factura de la pandemia para los servicios sanitarios regionales sino que también ha asumido el coste de las prestaciones extraordinarias que se han pagado a los trabajadores en ERTE y cese de actividad (autónomos) por parte de la Seguridad Social. Aún así, la Seguridad Social ha presentado un desequilibrio ordinario del 2,65%, inferior también al 3,1% previsto en principio por el Gobierno.

Alimentadas por las transferencias extraordinarias de 16.000 millones de euros del Fondo Covid, las comunidades autónomas han cerrado el año con un desequilibrio negativo del 0,21%, por debajo del 0,6% inicialmente previsto. La situación ha sido tal que nueve comunidades autónomas han cerrado el año con superávit en un año en que tanto el sistema sanitario como el sistema educativo han experimentado un estrés sin precedentes por el impacto directo de la Covid-19 y de los confinamientos decretados para contener la propagación del virus. "No creemos que haya sido porque ha habido una mayor pereza a la hora de gastar por parte de las comunidades autónomas", ha explicado la ministra, "sino porque se trataba de comunidades autónomas que ya partían con una situación más saneada y porque las transferencias que se les han realizado desde el Gobierno han sido las adecuadas para evitar que los gastos de la pandemia afectasen a los servicios públicos", ha argumentado.

El Gobierno transfirió el año pasado a las comunidades autónomas recursos extra por 16.000 millones de euros a través del Fondo Covid, además de adelantar las entregas a cuenta y satisfacerlas como si la pandemia no fuera impactar sobre los ingresos tributarios del Estado, que es el índice que se toma como referencia a la hora de realizar esas entregas. El resultado ha sido que pese a que el gasto sanitario haya crecido un 13,9% en 2020, el educativo, un 9,2%; el de servicios sociales un 9%; y los bienes y servicios más de un 13%, las autonomías han cerrado el año con un déficit mínimo.

El envés de esta estrategia de 'rescate preventivo' de las comunidades autónomas es que durante los próximos años les va a tocar devolver los fondos recibidos de más...La ministra de Hacienda ya ha avanzado que el Estado será todo lo flexible que sea necesario para evitar que ese proceso ponga las arcas de las comunidades autónomas bajo presión.

Cerrado el ejercicio presupuestario con un déficit cercano al 11%, las miradas de los mercados, los analistas y las instituciones europeas miran ahora al camino que le queda por delante a las Administraciones Públicas españolas para devolver sus cuentas públicas a una senda de sostenibilidad. El proceso será duro y complicado. El precedente de la crisis financiera indica que nueve años después España aún coqueteaba con un déficit cercano al 3%, pese a encadenar seis años seguidos de crecimientos económicos. María Jesús Montero ha avanzado que el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria estará fuera de toda duda y que el proceso de reducción del déficit se iniciará en cuanto la evolución de la pandemia lo permita, pero también ha recordado que las reglas fiscales están suspendidas y que la prioridad ahora mismo es proteger a las personas y a las empresas de los efectos de la pandemia.