La prórroga de los ERTE pactada hace poco más de 15 días no será la última. El Fondo SEPI para recapitalizar empresas estratégicas con problemas transitorios de liquidez o solvencia tendrá una dotación mayor de los 10.000 millones de euros actualmente previstos para esa función. Y también es más que probable que el programa de avales del ICO vaya más allá de los 140.000 millones de euros en garantías a las que el Estado ha garantizado su respaldo hasta la fecha. La segunda ola de la Covid-19 y el bofetón en la confianza de los agentes económicos que ha supuesto ha convencido al área económica del Gobierno de que el esquema de asistencia financiera del sector público al sector privado - entendido como empresas y hogares- para salir más o menos indemne de esta crisis deberá prolongarse más allá de enero y tendrá que mantenerse como mínimo hasta la próxima primavera para evitar una caída a plomo de la economía.
El planteamiento se ha ido madurando en las últimas semanas a medida que los indicadores de alta frecuencia que con tanto interés se siguen desde la dirección general de Análisis Macro de Carlos Cuerpo han ido mostrando un perfil más preocupante y se volcará en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 a cuyo capítulo de gasto se le dará el margen suficiente como para absorber el previsible impacto que la prórroga de estos esquemas tendrá sobre las cuentas del Estado.
¿Por qué hasta primavera? En el Gobierno aportan varios argumentos. El primero de ellos es que confían en que para entonces la vacuna esté disponible y sea más fácil controlar la evolución de la crisis sanitaria. También confían en que con los Presupuestos ya en danza, el primer arreón de los 25.000 millones de euros en inversiones públicas que pretenden inocular en la economía a lo largo de 2021 sirva para reanimar la actividad económica. Y, finalmente, porque también es el margen que la Comisión Europea ha dispuesto para que los países ejecuten las medidas excepcionales de apoyo a sus tejidos económicos sin estar sujetas a la extrema vigilancia de Bruselas sobre ayudas de Estado en el llamado 'Marco Temporal', que se ha alargado hasta el 30 de junio de 2021.
La ministra de Hacienda ya dio una primera pista de las intenciones del Gobierno cuando desveló que parte del incremento del techo de gasto del Estado para 2021 se debía a la asunción por parte del Estado de 18.000 millones de euros de 'gastos impropios' de la Seguridad Social. En principio esta maniobra se relacionó con el recurrente anuncio del Ejecutivo de que el Estado asumirá más temprano que tarde el déficit de las cuentas de Seguridad Social debido a la asunción de gastos no estrictamente vinculados al pago de prestaciones contributivas, pero fuentes del Ministerio de Inclusión aclaran que a ese destino se aplicará solo una parte de esos fondos - aún sin determinar- y que el resto contribuirán a financiar la factura de la prórroga de los ERTE y del resto de prestaciones del escudo social, "que también son gastos impropios", aseguran estas fuentes.
Fuentes del área económica del Gobierno admiten que es muy difícil calcular la factura concreta que esto puede suponer, ya que la evolución de la situación sanitaria y por ende de la economía en los próximos meses está plagada de incertidumbres, pero que el trabajo del Ministerio de Hacienda será generar los colchones necesarios dentro del proyecto presupuestario para adaptarse a los escenarios que se puedan dar en el futuro. Ese planteamiento de prudencia es también el que ha llevado al Gobierno a diferir a 2021 el aprovechamiento de más de 11.300 millones de euros del Fondo SURE, destinado a sufragar la factura para los estados miembros de la Unión de los esquemas de protección del empleo - en España los ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos -, cuando hace apenas unos meses el Plan A del Ejecutivo era aplicar en este ejercicio 15.000 millones de euros y dejar los 6.300 millones restantes para 2021.
'Más madera' para minimizar la cicatrices de la crisis
En Moncloa interpretan el reciente y dañino informe del FMI que situó a España como la única gran economía europea en la que no habían mejorado las expectativas económicas para el cierre del año respecto a antes del verano como un aviso muy serio. Preocupan los efectos que podría tener sobre las expectativas de futuro de la economía española y sobre su reputación internacional una mayor lentitud a la hora de salir de la crisis respecto al resto de países europeos y se entiende que habrá que continuar manteniendo el esfuerzo en el gasto público para evitar que los daños estructurales de la crisis sobre la economía condicionen su recuperación posterior.
El debilitamiento de la reactivación económica en las últimas semanas ha cambiado el estado de ánimo en el Ejecutivo. Se ha pasado de empezar a debatir sobre el repliegue progresivo de las medidas de apoyo a la economía real a planificar la prórroga de los esquemas vigentes. En la Vicepresidencia de Asuntos Económicos llevan semanas recibiendo el mensaje desde organismos internacionales e instituciones domésticas en relación a la necesidad de ampliar, por ejemplo, el programa de avales del ICO para dar a las empresas un horizonte cierto de que van a disponer de una ventanilla donde solicitar financiación y a los bancos un horizonte de estabilidad sobre los flujos de crédito. Nada se ha decidido de forma oficial, según las fuentes consultadas, pero sí se subraya que la predisposición del departamento de Nadia Calviño a ampliar esta línea de liquidez es ahora más abierta que hace unas semanas y en varias áreas del Gobierno ya se da por hecho que tarde o temprano las líneas de avales del ICO tendrá a disposición de las empresas nuevos recursos para atender las necesidades de liquidez de las empresas...aunque quizá en unas condiciones más restrictivas que antes.
También se prevé dotar de más margen al Fondo SEPI de apoyo a empresas estratégicas solventes pero con problemas transitorios por la caída a plomo del negocio tras la pandemia. En el hólding de empresas públicas se subraya de que los 10.000 millones de euros con que se dotó el fondo en origen constituyen una dotación inicial y que se podrían ampliar, algo que desde el Gobierno también se contempla bajo la certeza de que el mayor periodo de actividad del fondo se producirá durante la próxima primavera cuando el balance anual de las compañías aflore los desequilibrios generados por la pandemia. El Gobierno incluso baraja la posibilidad, sugerida también desde el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional, de propiciar otro fondo o incluso una red de fondos de inversión sectoriales para dar respaldo a pequeñas y medianas empresas con problemas de liquidez.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios