Los nuevos parques de energía renovable que se edifiquen en Euskadi a partir del 1 de enero de 2025 deberán abonar una tasa anual para compensar posibles daños socioambientales. Asimismo, se les exigirá ofrecer al menos el 20% de la propiedad de las plantas a los municipios donde se instalen. Estas son dos de las novedades incluidas en la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático cuyo contenido ha sido pactado a través de enmiendas aceptadas y transadas, entre PNV, PSE-EE y EH Bildu y que será aprobada por el Parlamento Vasco previsiblemente en febrero.
Los representantes parlamentarios de los tres grupos políticos han comparecido de manera conjunta este viernes para dar cuenta del contenido de este acuerdo, del que ha nacido una "ley marco" concebida como un "suelo mínimo común para acelerar la transición energética y la lucha contra el cambio climático" en el País Vasco. Unai Grajales (PNV), Mikel Otero (EH Bildu) y Alberto Alonso (PSE-EE) han coincidido en que la ley contiene "consensos básicos" para las futuras políticas en esta materia, muchos de ellos que se desarrollarán en reglamentos, mientras que en el ámbito político han subrayado que han logrado "abstraerse" del ámbito preelectoral y "elevar el foco" para lograr una "buena ley".
A partir de 5 megavatios de potencia
En virtud del acuerdo alcanzado, las empresas que instalen parques renovables en suelo vasco tendrán que pagar al Ejecutivo autonómico un canon anual a partir de 2025, cuyo importe se destinará a financiar actuaciones socioambientales en los municipios y comarcas afectadas.
Este canon está dirigido a las instalaciones que produzcan más de 5 megavatios de potencia y su cuantía dependerá de la fuente de energía utilizada. En el caso de las solares estará vinculado a las hectáreas de ocupación (unos 700 euros al año por hectárea) y en eólica a la potencia y número de aerogeneradores (entre 3.000 y 5.000 euros por aerogenerador). Además estas firmas estarán obligadas a ofertar al menos el 20% de la propiedad de sus proyectos a los habitantes, empresas e instituciones de los municipios en los que se vayan a instalar.
Fin de la participación pública en hidrocarburos
La norma establecerá además que para 2030 como tope el Gobierno vasco deberá desprenderse de su activos públicos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos y a la quema de combustibles fósiles para generar energía. El dinero que reciba por esa transacción se invertirá en el Ente Vasco de Energía (EVE) para que esta entidad lo invierta en renovables. "Es un impulso definitivo e irreversible para que esa entidad sea un potente motor de la transición", ha explicado Otero. La ley incluirá además la obligación de que el Gobierno vasco destine al menos un 2,5% de sus presupuestos a la acción climática, así como que para 2030 el 32% de la energía en Euskadi provenga de las renovables
