Pedro Sánchez no ha despejado una de las grandes dudas que afecta directamente a más 30 millones de clientes de electricidad en España. El presidente del Gobierno en funciones no hizo mención ninguna durante su discurso de investidura a si habrá o no prórroga en la rebaja de impuestos que gravan la factura de la luz, por lo que la expectación se mantendrá previsiblemente hasta el último momento.
Hasta el 31 de diciembre se aplica un IVA a la electricidad del 5%, al tiempo que el Impuesto Especial sobre la Electricidad está rebajado al 0,5% (el mínimo que permite Bruselas) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% está suspendido. Fuentes de los ministerios para la Transición Ecológica y Hacienda consultadas por La Información se ciñen al calendario y asegura que aún no hay ninguna decisión tomada. El IVA del gas también está en el 5% y, desde diciembre de 2022, la Tarifa de Último Recurso (TUR) no puede subir más de un 15% de un trimestre a otro.
La Comisión Europea ha enviado a los Estados miembro, para consulta, un proyecto de propuesta para ajustar parcialmente el calendario de eliminación progresiva de las ayudas estatales, el conocido en España como el escudo social, destinado a proporcionar una respuesta a las crisis tras la invasión de Rusia a Ucrania y al aumento sin precedentes de los precios de la energía. El nuevo límite temporal para su aplicación es el 31 de marzo de 2024.
Bruselas espera el fin de las medidas para el 31 de diciembre
No obstante, en su informe de previsiones de otoño, Bruselas espera que "todas las medidas relacionadas con la energía (excepto el impuesto extraordinario que grava a las empresas energéticas) expiren el 31 de diciembre de 2023". Pese a que nadie se ha pronunciado al respecto, en el Plan Presupuestario 2024 remitido a la Comisión Europea, el Ejecutivo incorporó un escenario que contempla la expiración el 31 de diciembre de la rebaja fiscal a la luz, gas y alimentos. Sin embargo, Sánchez sí que avanzó este miércoles que el Gobierno extenderá la rebaja del IVA a los alimentos y que ampliará de los 29.000 euros actuales a 38.000 euros el umbral de renta de los hipotecados vulnerables que puedan acogerse a la ampliación de las medidas de alivio por la subida de los tipos de interés.
Según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hay unos 30 millones de clientes de luz en España, de los cuales 21,5 millones están en el mercado libre, frente a los 19,8 millones a cierre de 2021. Los usuarios del mercado liberalizado también benefician de la rebaja fiscal del Gobierno.
La cuesta de enero, más complicada
- El recibo eléctrico podría incrementarse entre un 15% y un 20% para los consumidores con tarifa regulada si se retira el denominado 'escudo social'. Los del mercado libre tienen pactado un precio fijo con su comercializadora y la subida variaría en función de cada acuerdo.
Antes de que estallara la crisis energética, un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz, según los datos publicados por Competencia. De forma habitual, las organizaciones de consumidores han denunciado que las grandes compañías han promocionado tarifas del mercado libre porque son más rentables para ellas que para los consumidores a cambio de promesas de ahorro, al menos a corto y medio plazo. No obstante, es cierto que con la electricidad totalmente disparada tras el ataque ruso, el cliente en el mercado libre ha salido ganando porque ha pactado un precio menor que el del mercado mayorista.
Bajo este escenario, la fuga del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) al mercado liberalizado ha sido masiva. Antes del verano de 2021, agrupaba a más de 10,5 millones de clientes y, actualmente, hay acogidos alrededor de 8,5 millones de personas. Fue a finales de 2021 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy se lanzaron a la conquista de los clientes acogidos a la tarifa regulada aprovechando que estaban sufriendo la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista ('pool' en la jerga).
Nueva tarifa regulada desde el 1 de enero de 2024
Con el fin de reducir la volatilidad y, por tanto, mitigar el impacto en el bolsillo de los clientes en el mercado regulado (el único que permite acogerse al bono social), el Gobierno aprobó a mediados de junio una nueva tarifa. Entrará en vigor el 1 de enero de 2024 e introducirá factores de corrección para que refleje en una muy buena parte el precio del mercado diario y también los precios más estables que ofrecen los mercados a futuro a tres meses y a un año.
Según Transición Ecológica, incorporará una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, aunque sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. "Los consumidores no tendrán que hacer nada", aseguran desde el Ejecutivo. Indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), el PVPC ha sido históricamente la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014. Sin embargo, esta relación directa con los precios mayoristas a corto plazo ha llevado a que sus variaciones, con acusados picos y alzas por la invasión rusa, se reflejen automáticamente en la factura final.
La idea es reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y que se tengan en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mibel, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros. Para ello, la oscilación de precios -la variación entre el registro máximo y el mínimo- se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo. Antes de que comenzara la crisis energética, el 60% de los hogares españoles no sabía si tenía contratada la tarifa regulada o una del mercado libre, según el panel de Hogares de Competencia correspondiente al segundo trimestre de 2021, justo antes del estallido de los precios.
Otra duda que había en materia energética era la ampliación de la TUR vecinal, que también caducaba 31 de diciembre. Las comunidades de vecinos se enfrentaban a un recargo en la factura del gas del 20% si no continuaba la 'TUR 4 de Ahorro Vecinal', creada por el Ejecutivo como medida excepcional de ahorro energético en un contexto de subida de precios para comunidades con un consumo anual superior a 50.000 kilovatios hora (kWh). Sin embargo, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, avanzó en un foro organizado por El Periódico de la Energía que la intención del Gobierno es prorrogarla. Queda también pendiente la continuidad de la 'excepción ibérica', inactiva desde febrero por el menor precio del gas.
