El Partido Popular está intentando presionar a la CEOE para que deje solo al Gobierno en su contrarreforma laboral. Según revelan a La Información varias fuentes conocedoras de los contactos que se están produciendo en la recta final de las negociaciones, altos cargos de la formación que dirige Pablo Casado se están movilizando con destacados miembros de la cúpula de la patronal para tratar de evitar que los empresarios acaben poniendo su firma en un eventual acuerdo con el Ejecutivo que fulmine el 'núcleo duro' de la legislación que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012.
"El PP ha lanzado a los halcones para impedir el acuerdo", afirma una fuente al tanto de las flechas que se están lanzando desde el ala más liberal del partido hacia algunos de los miembros con más peso en la cúpula de la organización empresarial. Desde la CEOE admiten "contactos activos" con el PP, si bien los enmarcan en "conversaciones habituales" e "informales" sobre asuntos de actualidad. Lo mismo desde el partido. Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio en entornos extraoficiales afirman que la intensidad de la presión que están intentando ejercer los 'populares' para evitar que la patronal se sume a un pacto que modifique la columna vertebral de su reforma se ha intensificado en los últimos días.
El PP ha constatado que el acuerdo tripartito, lejos de descartarse, podría estar cada vez más cerca, especialmente después de que la CEOE llevase su propia propuesta a la mesa y cambiase el rumbo de las negociaciones. "Los empresarios han hecho un planteamiento de máximos, pero les ha servido para que el Gobierno rebaje su postura y puedan entrar a negociar e incluso a pactar", analizan desde el diálogo social. Este giro habría encendido las alarmas en Génova -según las citadas fuentes- al acercar la posibilidad de una reforma promovida por la coalición con el apoyo del empresariado, al que el PP siempre ha considerado un aliado en sus políticas económicas.
"Quieren arrastrar a la CEOE a hacer oposición económica al Gobierno", aseguran estas fuentes. Desde que la dirección del partido sellara la paz con la CEOE tras la polémica suscitada por unas declaraciones de su presidente, Antonio Garamendi, que fueron interpretadas como un apoyo implícito a los indultos del 'procés', el PP y la patronal han ido de la mano contra un enemigo común: la derogación de la reforma laboral que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre todo, después de que varios miembros del Ejecutivo se mostrasen dispuestos a aprobar una contrarreforma sin el aval de la patronal, en contra de las recomendaciones de Bruselas.
Pero al sospechar que la dinámica de las propias negociaciones podría llevar a la CEOE a aceptar algunos de los postulados del Ministerio de Trabajo en lo que se refiere a la negociación colectiva -donde se ubican los aspectos de la reforma del PP que el Gobierno pretende revertir- a cambio de rebajar las restricciones inicialmente impuestas a la contratación temporal, los 'populares' han activado la maquinaria de presión. Desde el partido advierten, en cualquier caso, de que el hecho de que los empresarios acaben poniendo su firma en la contrarreforma laboral no condiciona el posicionamiento de su grupo durante la tramitación parlamentaria del real decreto ley que se publicará en el BOE antes del 31 de diciembre.
Pero el acuerdo, en realidad, podría no estar tan cerca. Garamendi ha asegurado que no se siente "presionado por nadie" para alcanzarlo y ha advertido de que solo apoyará cambios en la reforma laboral si es para lograr mejoras mejoras para las empresas. Este mismo miércoles ha convocado al Comité Ejecutivo de la patronal para trasladar las últimas novedades en las negociaciones y pulsar los ánimos entre sus socios. Mientras, desde los sindicatos también han rebajado la euforia sobre un acuerdo próximo al considerar que faltan muchos flecos por cerrar en la mesa de diálogo que se está reuniendo diariamente esta semana para intentar acercar posturas.
Los socios, alerta
Mientras tanto, los socios del Gobierno permanecen en alerta y han pedido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que les informe sobre la evolución de las negociaciones ante el temor de que la patronal esté consiguiendo rebajar el contenido de la reforma. En definitiva, Esquerra Republicana (ERC) y EH-Bildu, que suman 18 votos en el Congreso de los Diputados y tienen la llave de la mayoría para validar cualquier cambio legislativo en esta materia, le están exigen garantías a Yolanda Díaz de que va a derogar los "aspectos más lesivos" de la ley del PP, tal y como se ha comprometido en numerosas ocasiones.
"Tenemos la sospecha de que se están diluyendo aspectos importantísimos de la derogación, partes muy lesivas de la reforma laboral, para que entre la patronal", aseguraba en rueda de prensa este martes Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, en referencia a la recuperación de los salarios de tramitación, la ampliación de la indemnización por despido o la vuelta a la tutela de la Administración en los despidos colectivos. Asuntos que no están en los borradores que se están negociando y que tampoco se han incluido en la reforma pactada con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación. Rufián admitía "llegar a entender" esta estrategia, pero advertía al Gobierno de que "un voto tan importante como el de ERC se debería negociar y no se está haciendo".
En un tono similar, EH-Bildu ha exigido la comparecencia urgente de Yolanda Díaz para que dé cuenta de los avances en su negociación con sindicatos y patronal para la derogación de la reforma laboral del PP, recordándole que su reforma "no se aprueba sola" y que necesitará de los votos de sus socios parlamentarios. Este mismo martes, en rueda de prensa en el Congreso, su portavoz, Mertxe Aizpurua, señalaba que Garamendi "podrá tener mucho poder, pero ni consigue ni va a conseguir pulsar los votos" en el Congreso y, por el contrario, "serán las izquierdas soberanistas (ERC y Bildu) las que tendrán que debatir y votar la reforma".
Durante su comparecencia, Aizpurua pedía a la vicepresidenta de Trabajo y líder de Unidas Podemos "que no haga tanto empeño en atraer a la patronal y haga mayores esfuerzos para atraer a las fuerzas de izquierdas". "Tenemos la llave para sacar adelante esta reforma y conseguir una legislación laboral ambiciosa, que deje atrás la reforma del PP y responda a las ambiciones sindicales y sociales", aseveraba la portavoz. Reconociendo el temor a que en los próximos días "la patronal siga imponiendo sus vetos e intensifique sus condiciones para rebajar la reforma y descafeinar su contenido", afirmaba que no busca "desmerecer" los trabajos realizados con los agentes sociales sino que la vicepresidenta "muestre la misma intensidad y el mismo esfuerzo" con los grupos del Congreso.
Las advertencias de los socios no son baladí. El reglamento del Plan de Recuperación sobre los fondos establece que la Comisión suspenderá los pagos si comprueba que un Estado miembro revoca medidas relacionadas con hitos y objetivos cumplidos anteriormente. Es decir, que si el Consejo de Ministros da luz verde a una norma por la vía del real decreto ley para cumplir los plazos establecidos y los grupos parlamentarios solicitan su tramitación como proyecto de ley -este es el escenario más probable para la contrarreforma laboral- en el caso de que se introduzcan modificaciones relevantes en el contenido a posteriori, las autoridades europeas cancelarán las transferencias de dinero en curso. Están en juego 12.000 millones de euros, el mayor de los tramos del Next Generation para España.
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