El Gobierno está ultimando una subida del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción o el propio Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así lo confirman a La Información fuentes conocedoras de las negociaciones que se están produciendo entre los equipos del PSOE y Unidas Podemos y que culminarán con un encuentro clave entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, donde se cerrarán los flecos del proyecto presupuestario que se hará público en los próximos días.
Es responsabilidad del Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, actualizar este indicador cada año atendiendo a la evolución de los salarios y a la situación económica en general. Sin embargo, el IPREM llevaba congelado en 537,84 euros desde 2017 y apenas había crecido en 5 euros en la última década. En los Presupuestos de 2021, el Gobierno aprobó una subida del 5%, hasta situar la cuantía de referencia en 564,90 euros mensuales. Ahora, Unidas Podemos está presionando en la mesa de negociación para impulsar un nuevo incremento en los PGE de 2022, según avanzan a este medio fuentes al tanto de las conversaciones que matizan que la cifra aún no está cerrada, pero adelantan que la escalada de la inflación por el alza de los precios energéticos se está teniendo muy en cuenta.
No es un indicador baladí, pues sirve como referencia tanto para determinar la cuantía de determinadas prestaciones como para fijar el nivel de renta que permite acceder a las mismas (cuanto más elevado el IPREM, más potenciales beneficiarios). Lo introdujo en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero para desvincular las ayudas públicas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y mitigar su impacto en los Presupuestos, pero el problema es que con el paso de los años el SMI ha ido creciendo -especialmente en los últimos tiempos- mejorando los ingresos de las familias, y el IPREM ha permanecido congelado, obstaculizando el acceso a las ayudas a excepción de los casos de extrema pobreza.
El Gobierno es consciente de la problemática y ya empezó a adoptar soluciones en los PGE de 2021 con esa subida del 5%, pero el flanco de Unidas Podemos considera ese incremento insuficiente y está presionando para subirlo más en los Presupuestos de 2022. Fuentes cercanas a las negociaciones avanzan que, junto con los cambios en materia fiscal relacionados con el Impuesto de Sociedades y la regulación relativa a los precios del alquiler de vivienda, esta es una de las cuestiones que todavía se están perfilando de cara a la presentación del borrador y que, de llegar a fructificar, será uno de los grandes anuncios de Sánchez y Díaz.
La medida tendrá un impacto en las partidas de gasto de los PGE no menor, pero difícil de cuantificar, habida cuenta de que no solamente el Estado vincula los requisitos de renta y la cuantía de las prestaciones a este indicador, sino que también lo utilizan como referencia las comunidades autónomas y corporaciones locales. En cualquier caso, la mejora del acceso a los subsidios y ayudas sociales es clave tras la pandemia de la Covid-19, que ha provocado un 'shock' económico sin precedentes que causará estragos importantes en las rentas, y precisamente para proteger a los colectivos más vulnerables ante esta crisis el PSOE y Unidas Podemos mantienen intacto su compromiso programático: "Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización", rezaba el documento.
El aumento del IPREM (hay que insistir en que la proporción aún no se ha cerrado) complementaría a la subida ya aprobada por el Gobierno del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, de 15 euros mensuales, y a la que se va a poner en marcha a partir del 1 de enero de 2022, aún por determinar. Esta mejora de las rentas más bajas va a venir acompañada además de una subida de las pensiones en línea con la inflación, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, y de un incremento por encima del IPC de las pensiones mínimas y no contributivas, tal y como ha anunciado el ministro José Luis Escrivá, en un porcentaje aún por determinar que también afectaría a la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Todo esto forma parte del paquete más social de la negociación presupuestaria. Unidas Podemos también está promoviendo en la mesa un 'paquete familiar' que incluye una nueva prestación por crianza de carácter universal para todas las madres con hijos de 0 a 3 años, una suerte de 'cheque bebé' que alcanzaría los 1.200 euros anuales; y la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses, desde las 16 semanas actuales. Ambas medidas están siendo estudiadas por los socios mayoritarios del PSOE, pero todavía no se han cerrado.
Alquileres y Sociedades
Son algunos de los asuntos que todavía bloquean el acuerdo, al margen de los roces en materia de vivienda. UP quiere limitar los precios del alquiler, una posibilidad de difícil encaje para los socialistas, que mantienen sobre la mesa la propuesta de regular los precios mediante incentivos fiscales. En el PSOE insisten además en que la vivienda es un asunto que les preocupa pero que quieren desvincular de los presupuestos, que sí son urgentes y quieren llevar al Consejo de Ministros en la primera mitad de octubre, ya fuera de plazo.
Donde seguramente no haya dificultad para llegar a un acuerdo es con otro de los requisitos planteados por Unidas Podemos para aprobar las cuentas: la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas, fijando un mínimo del 15%. Aunque lo están analizando, lo preferible para el PSOE sería llegar a un acuerdo internacional sobre este asunto en la cumbre de Roma del G20 de octubre. Por otro lado, existe la posibilidad de que los socialistas planteen la subida del impuesto de sociedades sobre la base imponible y no sobre el resultado contable, como quiere Unidas Podemos, lo que tendría menos efecto en la fiscalidad.
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