El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tiene claro: "Los ERTE han venido para quedarse". Lo aseguró hace unas semanas y lo ha confirmado este viernes en el acto celebrado en La Moncloa con los primeros espadas de las patronales y los sindicatos para escenificar su compromiso con el diálogo social de cara al diseño y desarrollo de futuros planes de reconstrucción económica para salir de la crisis. Como gran novedad, el líder del Ejecutivo ha planteado el establecimiento de un modelo permanente de "contribución compartida" para los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Durante su intervención en los jardines de La Moncloa, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a hacer de los ERTE un "instrumento estructural" para favorecer la flexibilidad interna de las empresas y la protección del empleo. En este sentido, ha pedido ante los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, además de una amplia representación del Consejo de Ministros, "avanzar hacia un nuevo marco permanente de regulación y cofinanciación de estos instrumentos".
En el documento firmado con los agentes sociales -el 'Pacto para la reactivación económica y por el empleo'- se recuerda que "con el fin de facilitar la vuelta a la actividad de empresas y trabajadores, se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2020 un mecanismo de protección de los trabajadores y empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, tanto por fuerza mayor como por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP)" y se insta a "que pueda servir de transición hacia un modelo permanente de cara al futuro".
"La figura del Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha sido clave en la crisis COVID, evitando la destrucción innecesaria de muchos empleos y contribuyendo a preservar capital humano y tejido productivo que habría sido difícilmente sustituible de otra forma", reza el documento, que considera especialmente relevante el hecho de que una figura cuyo origen está en economías fuertemente industriales y en empresas grandes haya podido ser extendida de forma tan rápida y eficiente a una economía de servicios y pymes como es la española. "Lo que nos debe servir como importante elemento de análisis para reflexionar acerca de la oportunidad de disponer de instrumentos de flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo", añaden los agentes sociales.
En este sentido, los firmantes se comprometen a trabajar en el desarrollo de "un marco adecuado de contribución compartida para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción, con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica".
Es la gran novedad de un documento que se esperaba bastante genérico. En el texto de seis páginas se habla de "reactivar, con carácter inmediato, las mesas de Diálogo Social ya constituidas e incorporar medidas tendentes a la creación de empleo". El objetivo es abordar los compromisos recogidos en el documento y que van desde el impulso a la reincorporación de los trabajadores en ERTE a través de ajustes en horarios hasta el desarrollo de un marco legislativo para el teletrabajo. También se apuesta por un Pacto por la Industria, por el impulso de la transición ecológica y la digitalización, por la modernización de las políticas activas de empleo y por el refuerzo de la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
Un matiz, en el texto se recoge la necesidad de modernizar el marco laboral "a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras", pero no se hace referencia a la reforma laboral del PP ni a su derogación. Fuentes del diálogo social explican que el documento es más una declaración de intenciones que una recopilación de medidas a adoptar y que cada asunto tendrá que bordarse en las distintas mesas que se constituyan y con los representantes ministeriales que correspondan a cada área.
En este sentido, durante su intervención Unai Sordo ha manifestado la necesidad de "corregir un modelo laboral que históricamente ha mostrado serias deficiencias para salir de la precarización de la contratación y el despido como forma de ajuste de las empresas". El flanco empresarial, sin embargo, ha aprovechado la ocasión para expresar su rechazo al plan fiscal del Gobierno. Cuerva ha advertido a Sánchez de que "la subida de impuestos a las grandes empresas también repercute en las pequeñas y puede lastrar el crecimiento económico y la inversión" y Garamendi ha afirmado que ahora no es el momento de abrir el debate fiscal y ha subrayado que lo que hay que hacer es combatir la economía sumergida.
"La subida de impuestos a las grandes empresas repercute en las pequeñas y lastra el crecimiento y la inversión"
Paquete de medidas urgentes
Previamente al acto en los jardines, un Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. El paquete contempla la creación de una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros y un Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas por 10.000 millones que gestionará la SEPI y que se dirige a compañías que atraviesen "severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados".
En paralelo se ha dado luz verde al 'Plan Renove 2020' para la renovación del parque de vehículos, dotado con 250 millones de euros, que contempla ayudas directas de entre 300 y 4.000 euros y 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros. Pueden optar a estas ayudas las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16 de junio de 2020 y el programa finalizará el 31 de julio de 2021 o cuando se agote el crédito habilitado a tal efecto.
El Gobierno también ha aprobado medidas de apoyo al sector turístico. Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación, con una dotación de 216 millones de euros. Por otro lado, se ha aprobado la creación de "Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos" con el objetivo de impulsar el desarrollo de los destinos ubicados en áreas rurales y de interior. Y por último se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que sufran dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.
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