Con los Presupuestos también ha muerto la subida de impuestos masiva que quería aplicar en España el Gobierno de Pedro Sánchez. Siguen vivos, sin embargo, los compromisos de gasto ya aprobados por el Ejecutivo, como la subida generalizada de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios o del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El resultado de esta conjugación es un agujero de 10.000 millones de euros que elevarán el déficit público hasta una horquilla de entre el 2,2% y el 2,4%, frente al objetivo oficial comprometido con las autoridades europeas del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB).
Lo reconoció la propia ministra de Hacienda durante la primera jornada de la votación que hizo estallar por los aires los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019: en un escenario de políticas constantes, en caso de que estos PGE no salieran adelante, el objetivo de déficit se iría al 2,2 o al 2,4, en vez del que proponemos", admitió María Jesús Montero desde la tribuna del Congreso de los Diputados en un desesperado intento por sumar apoyos a sus cuentas en lo económico, una vez constatado el fracaso en la negociación política con los independentistas.
En números más claros, estas diez décimas de diferencia suponen unos 10.000 millones de euros más de déficit sobre el límite del 1,3% del PIB que el Ejecutivo socialista se vio obligado a asumir del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. El desfase entre ingresos y gastos, según las estimaciones de Montero, se va a ir incluso por encima de la meta más flexible del 1,8% que pretendió sin éxito fijar el Ejecutivo socialista, y va a superar hasta los augurios más pesimistas de la Comisión Europea, el Banco de España, Funcas o la Autoridad Fiscal (AIReF).
El problema es de base: el Gobierno dio luz verde a miles de millones de euros de gasto extra en la recta final del año pasado por la vía del decreto, pero la oposición mayoritaria del Congreso le ha impedido aprobar las subidas de impuestos que contemplaban los PGE para compensar con más ingresos ese desembolso extraordinario.
El pasado mes de diciembre, cuando Sánchez ni siquiera había fijado una fecha para la presentación en el Congreso de un proyecto presupuestario que solo tenía garantizado el apoyo de Unidos Podemos, y en pleno levantamiento de los independentistas catalanes, el Consejo de Ministros aprovechó su potestad legal para sacar adelante varios decretos de marcado carácter social. Se subió el SMI hasta 900 euros; las pensiones un 1,6% con carácter general, otro 3% las mínimas y más de un 7% las de viudedad, por un total de casi 3.000 millones de euros anuales; y el sueldo de los trabajadores públicos un 2,25%, por otros 3.600 millones.
Se asumieron así más de 6.000 millones de gasto extra con carácter urgente para asegurar que las mejoras en las rentas de estos colectivos entraban en vigor a partir del 1 de enero. Y se hizo a sabiendas de que los Presupuestos no tenían garantizados los apoyos necesarios para prosperar en el Congreso. Los malos augurios se han cumplido y ahora el Gobierno se ha quedado sin cuentas públicas y, por ende, ha visto desvanecerse su reforma fiscal que pretendía compensar el exceso de gasto con mayores ingresos y récord en recaudación.
Ganan, sobre todo, las empresas, que temían la imposición de un tipo mínimo de Sociedades del 15% y hasta del 18% para los bancos y las energéticas, además de un gravamen sobre los dividendos en el exterior. Tampoco entrará en vigor la subida prevista para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de dos puntos para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro para las que rebasan los 300.000.
'Google' y 'Tobin', en el aire
También se quedan en el aire nuevos impuestos como el previsto para el diésel, en estos momentos congelado, y las tasas bautizadas como 'Google' y 'Tobin', las dirigidas a los gigantes tecnológicos y a las transacciones financieras, que siguen su tramitación parlamentaria en el Congreso, a la espera de que Sánchez comunique si se inclina por convocar elecciones anticipadas, lo que obligaría a paralizar la actividad de la cámara de manera automática tras el decreto de disolución.
En total, Montero preveía recaudar 5.600 millones de euros adicionales con los nuevos impuestos. Un imposible tras la caída de los PGE, pero que además ya generaba serias dudas entre los departamentos de análisis. Bruselas ya advirtió de riesgos de incumplimiento del déficit, mientras la AIReF y el BdE avisaron al Gobierno de que sus estimaciones de ingresos estaban excesivamente infladas.
Sánchez ha visto esfumarse sus cuentas y, con ellas, su proyecto de Gobierno. El mazazo a la ley que podía garantizar su gobernabilidad aboca a la convocatoria adelantada de elecciones generales, pero todos los escenarios están abiertos. A la espera de que el presidente comunique su decisión oficial el viernes, la ministra Montero ha dejado caer que, para evitar que el déficit se dispare por encima de las barreras que marcan las autoridades europeas, intentará "recomponer" la situación y se arbitrará un procedimiento "para que la prórroga presupuestaria sirva para atender necesidades urgentes y controlar el déficit". Esto es, la vía para gobernar intentando sacar adelante medidas por decreto y aprobar al mismo tiempo recortes del gasto aún es transitable.
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