El presidente del Gobierno se ha conjurado para aprovechar el tirón de la cumbre de la OTAN y acabar la legislatura de la mejor manera posible con las dos vicepresidentas que más fuerza le están dando en el entorno europeo, Nadia Calviño y Teresa Ribera, a pesar de que las relaciones entre ambas no sean tan fluidas como cabría esperar. Esa es la consigna que se ha extendido en el entorno de Moncloa de cara a este verano para hacer frente al azote político que han supuesto las elecciones andaluzas y el varapalo de la inflación, que tiene en Economía y Transición Ecológica las dos únicas opciones para que la situación política y financiera del país no se desmorone más de lo deseado en el último trimestre del año.
La clave a corto plazo pasa por recuperar la agenda política tras el golpe de las elecciones andaluzas, que ha reforzado al PP y ha hecho que todas las previsiones electorales que se manejan en el entorno socialista den por ganador a Núñez Feijóo si se celebran unas elecciones generales antes de que acabe el año, e incluso en el primer semestre de 2023. En Ferraz cuentan con que el presidente del Gobierno lidere el revulsivo que hace falta para frenar el empujón del PP, a pesar de los nubarrones que acechan a la economía a partir de otoño. En el PSOE se lamentan de que la gestión que se ha realizado en la pandemia o ante la crisis energética quede oscurecida al final de la legislatura por el golpe que la inflación y la subida de la luz en los bolsillos de los particulares.
Esa es una de las razones por las que la apuesta principal de Moncloa a falta de apenas año y medio para las generales, y con las autonómicas y municipales de por medio, sean Calviño y Ribera. Por un lado, ambas vicepresidentas avalan gran parte de la gestión de Sánchez en la Unión Europea, después de una cumbre de la OTAN que ha reunido en Madrid a los grandes mandatarios de Occidente. Aunque se trate de un recurso al “mal de muchos…”, la lucha contra la inflación que lidera Nadia Calviño es un problema de toda la UE, que sufre aumentos incluso mayores del 10,2% que ha marcado España en el mes de junio. La credibilidad de Calviño en Bruselas a la hora de buscar una solución conjunta a medio plazo es clave para aguantar la gestión que hasta ahora ha llevado el Gobierno español, máxime ante una subida de tipos de interés por parte del BCE que puede hacer mucho daño a la economía española.
Calviño es además la responsable última de que los fondos Next Generation lleguen a España con rapidez y sirvan para frenar la falta de inversión a la que se puede llegar cuando los tipos de interés y los precios agoten la capacidad financiera de las empresas y se produzca un riesgo alto de que la economía quede estancada y con la inflación por las nubes. Calviño es además la impulsora de la digitalización de las empresas, para la que es necesario mover con agilidad el reparto de los fondos, frenar la burocracia y dinamizar a las empresas para que aprovechen el dinero.
Por otro lado, los estrategas de Presidencia saben que, a pesar de todo, España es uno de los espejos en los que se miran otros países de Europa a la hora de llevar a cabo su transición energética, aunque solo sea porque es uno de los que más desarrollado tiene el sector renovable, a costa de frenar el carbón y las nucleares. El tope al gas de la Península Ibérica, aunque no haya servido para bajara la factura a nivel interno por las compensaciones a las eléctricas y las gasistas, es una de las opciones que hay sobre la mesa para abordar la reforma del mercado energético a nivel comunitario, tal y como ha admitido ya la presidenta Von der Leyen. Cuando pase el verano y la eólica vuelva a coger fuerza en la generación eléctrica, la rebaja en el precio se notará más que en estas primeras semanas, en las que le pago a las compañías por el recurso masivo al ciclo combinado se comer cualquier ventaja.
Fecha electoral tope, 10 de diciembre
El control que María Jesús Montero aplica en Hacienda, incluido el nuevo impuesto a las eléctricas, y el apoyo de Félix Bolaños como ‘CEO’ de Moncloa para apagar los fuegos políticos y económicos que surjan, permiten aguantar este año y el que viene aunque no se logre el apoyo suficiente a los Presupuestos Generales del Estado y se tenga que producir una prórroga. Desde el propio partido socialista aseguran que, a partir de ahora, no está claro siquiera que desde Unidas Podemos se lleguen a apoyar unas cuentas públicas que apuestan por más inversión en Defensa y menos presión fiscal sobre las empresas y “los ricos” que la que los ‘morados’ pretenden.
Con ese escenario y a falta de saber si el presidente hará algún tipo de remodelación de Gobierno en otros departamentos, cada vez coge más consistencia la idea de agotar los cuatro años de mandato y convocar comicios una vez solventado el puzzle autonómico y municipal, con el 10 de diciembre como fecha tope para las urnas. Fuentes conocedoras de ese proceso aseguran que la Junta Electoral Central ya ha advertido en varias ocasiones al Gobierno de la imposibilidad legal de aplazar las elecciones generales más allá de los cuatro años y un mes desde que se celebraron las últimas.
Esa premisa obligaría al presidente a lanzar la convocatoria en la segunda quincena de octubre del año que viene, en pleno semestre de presidencia europea. Si bien no es la mejor de las situaciones para lanzar la campaña electoral, desde el Ejecutivo son conscientes de que el compromiso europeo es un obstáculo superables, cuyos hitos de gestión estarían solventados y cuyo impacto en número de votos no es significativo ni a favor, ni en contra.
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