Instan a convocar la mesa de negociación

Los sindicatos reprochan al Gobierno la cesión al PNV contra la reforma laboral

El PSOE ha pactado con los nacionalistas vascos que los convenios autonómicos del País Vasco tengan prioridad frente a los aprobados a nivel sectorial, precisamente el escollo por el que los vascos no apoyaron la ley de 2021.

Pepe Álvarez y Unai Sordo
Los sindicatos reprochan al Gobierno la cesión al PNV contra la reforma laboral. 
Europa Press

A los sindicatos no les convence el pacto cerrado este viernes entre el PSOE y el PNV, así lo han hecho saber CCOO y UGT horas después de su publicación a través de un comunicado conjunto en el que recuerdan que la prelación de los convenios del País Vasco sobre los acuerdos sectoriales se salta lo acordado en el marco de la reforma laboral, no solo con ellos, sino también con las patronales CEOE y Cepyme. "La estructura de la negociación colectiva es una materia que afecta de forma clara a la autonomía de las partes negociadoras, y por tanto las modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores, debieran abordarse en el marco del diálogo social" han reprochado. 

Los sindicatos instan a través del escrito al Gobierno a que convoque la mesa de negociación del diálogo social para que se aborde la "modificación legal" sobre los convenios que corre el riesgo de erosionar el sentido de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz. En diciembre de 2021, empresarios y representantes de los trabajadores acordaron que los convenios sectoriales debían primar sobre los desarrollados en el seno de las empresas, cambiando la pauta fijada en la norma de 2013. Por lo que ahora, tras conocer la letra pequeña del acuerdo con el PNV, los sindicatos defienden que debe atenderse a la realidad de cada sector, con independencia de si se introducen matices de "racionalización de los espacios provinciales".

Tampoco están conformes con las referencias "directas e indirectas que se incluyen en materia de Seguridad Social" que recuerdan, son de suma importancia y deben ser negociadas con los agentes sociales y en la Comisión del Pacto de Toledo "en lugar de en espacios bilaterales entre el Estado y una o más de una comunidad autónoma". El tono del los representantes de los trabajadores es especialmente llamativo y choca con las valoraciones expresadas en los últimos días sobre los pactos alcanzados con los partidos independentistas catalanes (ERC y Junts) que no entraban en cuestiones propias del ámbito laboral. 

Esta no es la primera vez que los líderes sindicales expresan su preocupación por el alcance que podrían tener las concesiones que podría llevar a cabo el PSOE con el objetivo de articular una mayoría suficiente para que prosperase la investidura. Fuentes de UGT ya reconocían en septiembre que el posible traspaso 'exprés' de la Seguridad Social para contar con los votos favorables del PNV les preocupaba, como publicó este medio. Los cinco representantes de los 'jeztales' eran clave para superar la barrera de los 176 diputados necesarios para investir a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. 

El entorno de Pepe Álvarez admitía entonces que existía la posibilidad de que los negociadores socialistas cerraran acuerdos al respecto a espaldas del diálogo social y así podría haber sido, ya que en el pacto con el PNV apenas se incluyen líneas generales sobre transferencias "históricas" en las que no se concretan los pasos a dar en los dos años que se han dado de plazo para efectuarla. El PSOE y los nacionalistas vascos han acordado constituir una mesa bilateral entre el Gobierno central y el de País Vasco que se reunirá dos veces al año de forma presencial y con la participación del presidente del Ejecutivo y el Lehendakari vasco. 

Los representantes de los trabajadores habían celebrado las aportaciones de los acuerdos con ERC y Junts a la convivencia entre territorios y sin atisbo de timidez, aplaudido el acuerdo programático de gobierno sellado entre PSOE y Sumar que incluía varias de las cuestiones señaladas como prioritarias por UGT y CCOO. Los sindicatos entienden que la próxima legislatura debe abordarse el tiempo de trabajo -en línea con la tesis del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz- algo que se ha concretado con el compromiso de reducir la jornada laboral hasta las 37,5horas (los sindicatos pedían que la meta fueran las 35 horas) y reforzar las garantías ante el despido, después de que ambas asociaciones sindicales hayan reclamado la normativa actual ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea.

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