Lo eleva hasta el 1,8%

S&P advierte del déficit en las pensiones y anima a elevar el periodo de cómputo

Eleva el agujero de la Seguridad Social en 15.500 millones sobre el cálculo oficial, ve un estancamiento en las reformas para hacerle frente y considera un "paso atrás" la eliminación del Factor de Sostenibilidad

José Luis Escrivá
José Luis Escrivá
Europa Press

Un déficit muy superior al previsto que obliga a adoptar reformas estructurales. S&P Global eleva el agujero en las cuentas de la Seguridad Social hasta el 1,8% este año desde el 0,5% que calcula el Gobierno. La firma estadounidense incorpora en su cómputo los 15.500 millones de euros en transferencias del Estado al organismo por los denominados "gastos impropios" (prestaciones no contributivas de carácter asistencial, ciertos incentivos al empleo, medidas de apoyo a las familias...) y que, según la firma neoyorquina, deben ser tenidas en cuenta si el país pretende reducir su déficit y ceñirse a los objetivos que se ha autoimpuesto en tanto que Bruselas mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta 2024. 

Durante la presentación de sus perspectivas económicas para este año, la agencia de calificación incidía en que estas inyecciones por parte de los gobiernos son una práctica "muy habitual" en otros países de Europa, sobre todo en aquellos donde las aportaciones a sus sistemas no son suficientes. El Banco de España (BdE) constataba esta misma semana cómo ni tan siquiera la transferencia de esos fondos impidió que la deuda de la Seguridad Social tocase máximos históricos en noviembre por encima de los 100.000 millones de euros, añadiendo más presión al conjunto de las administraciones públicas. El pasivo español superó ese mes el billón y medio de euros, el equivalente al 116% del PIB.

En el caso concreto de nuestro país, S&P Global apuesta por una reforma de las pensiones que, entre otras cosas, eleve el periodo de cómputo para calcularlas. Esta es, de hecho, una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretende incorporar a la segunda parte de dicha reforma, que actualmente negocia con los agentes sociales y con el resto de fuerzas del arco parlamentario. El objetivo de José Luis Escrivá es que ese periodo que se toma como referencia para fijar la cuantía de la jubilación pase de los 25 a los 30 años (con la posibilidad de eliminar los dos peores ejercicios). 

La medida, que no fue incorporada por la Comisión del Pacto de Toledo a sus recomendaciones, ha generado el rechazo de sindicatos, empresarios y de sus socios de gobierno. Los esfuerzos del departamento que encabeza Escrivá se centran, precisamente ahora, en tratar de convencer a estos últimos. Las conversaciones se encuentran en un momento muy avanzado del proceso en el que los elementos más gruesos del paquete generarían consenso suficiente, aunque no completo, y en el que hay elementos adicionales que se están terminando de ajustar, según fuentes de la negociación.

Estancamiento en las reformas... y algún paso atrás

El problema de las pensiones no afecta solo a España. Desde la calificadora ven en general insuficientes las reformas que las economías avanzadas han ido aprobando sobre sus respectivos sistemas, puesto que no han contenido de manera decisiva los efectos presupuestarios del envejecimiento de la población. En nuestro caso consideran que ha habido un "cierto estancamiento" en su puesta en marcha. Marko Mrsnik, analista de Riesgos Soberanos de la agencia de rating apunta que la eliminación del Factor de Sostenibilidad aprobado con la reforma de las pensiones de 2013 (que ha sido sustituido desde este mes por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional) ha supuesto "un paso atrás".

En el informe 'Envejecimiento global 2023: El reloj avanza', publicado esta semana, S&P Global calcula que el gasto derivado del envejecimiento de la población se disparará en España desde el 19,2% del PIB que habría alcanzado en 2022 al 22,5% en 2060. Ese aumento no obedecerá solo a la presión que ejercerá en el sistema la jubilación de la generación del 'baby boom', sino al hecho de que habrá que destinar más recursos a la sanidad y a los cuidados de las personas mayores.

Nuestro país también ha recibido en las últimas horas una recomendación por parte del Fondo Monetario Internacional para que ponga en marcha un plan "creíble" de consolidación fiscal a medio plazo y que ayude a responder a futuros "shocks" económicos. En su informe, conocido como 'Artículo IV', el organismo destaca la mejora que se ha producido en las finanzas públicas desde el estallido de la pandemia. Además da la bienvenida a la postura fiscal moderadamente contractiva prevista en los presupuestos de 2023, si bien incide en que en los próximos años "será necesaria una consolidación fiscal gradual y sostenida" que esté respaldada por un plan de consolidación a medio plazo.

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