Ha bastado sugerir que tras la oposición del Gobierno a bajar del 21% al 4% el IVA de las mascarillas había una cuestión puramente presupuestaria - la intención del Ejecutivo de no perder 1.568 millones de euros en ingresos fiscales-, para que el Gobierno haya variado su oposición y se haya avenido tras cuatro meses de resistencia numantina a aplicar el tipo de IVA superreducido del 4% para estos elementos de protección que lamentablemente se han hecho tan populares como consecuencia de la crisis sanitaria. La curiosa transición se sustanció este miércoles, coincidiendo de con la primera jornada del debate de las siete enmiendas a la totalidad que se han presentado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y se acompañó de una carta de la Comisión Europea en la que se avala con asteriscos la posibilidad de introducir algún tipo de ventaja fiscal.
Tras varias semanas apelando a la oposición de Bruselas a la medida, pese a la evidencia de que son varios los países europeos que ya la han implementado, el Ministerio de Hacienda terminó interpelando a la Comisión Europea sobre la cuestión en una carta remitida por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, el pasado viernes 6 de octubre. La fulminante respuesta de la Comisión explica que, aunque la legislación comunitaria no permite aún bajar el IVA a estos productos sanitarios, existe una negociación en el seno de la UE para acabar con este impuesto para las mascarillas de protección. Esta propuesta, añade Bruselas por escrito, será debatida esta misma semana bajo la presidencia de la UE. A Hacienda le ha parecido un aval suficiente como para comprometerse a bajar el IVA de las mascarillas al 4% en el próximo Consejo de Ministros.
A la espera de que Bruselas actuara en ese sentido países como Bélgica o Italia ya eliminaron hace tiempo el IVA de las mascarillas, en tanto que otros países de la Unión aplican tipos reducidos para este tipo de complementos de protección sanitaria: Alemania (5%), Francia (5,5%) o Portugal (6%)
La decisión, no obstante, se produce seis meses después de la Orden del Ministerio de Sanidad de 19 de mayo que decretó el uso obligatorio de las mascarillas en determinados espacios y alrededor de cuatro meses después de que las comunidades autónomas implantaran de forma generalizada la obligatoriedad de su uso entre mediados de julio y principios de agosto.
En este periodo ha habido iniciativas parlamentarias de todo tipo instando al Gobierno a rebajar la presión fiscal sobre el material sanitario de uso común por parte de la población para protegerse frente a la Covid-19, a las que el Ejecutivo ha dado largas de manera inexorable con el consabido argumento de que Bruselas no lo permitía.
En todo este periodo también el número de mascarillas que se han comprado con un tipo de IVA del 21% se cuentan por cientos de millones y los ciudadanos han tenido que pagar religiosamente ese gravamen fiscal haciendo frente a una factura difícil de estimar, pero que a juzgar por las propias estimaciones del Gobierno habrá sido de decenas de millones de euros. La factura de 1.568 millones de euros que se enarboló para justificar el rechazo a las enmiendas presentadas por PP, Vox y Ciudadanos de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad no hacía referencia únicamente a las mascarillas, sino también a otro material de protección como guantes y geles hidroalcohólicos. Es probable que la mayor parte de esa factura haga referencia a las mascarillas, pero se desconoce en qué porcentaje.
El cálculo no obstante parece inflado a juzgar por los datos oficiales que sí existen sobre una medida similar: la aplicación del tipo de IVA del 0% al material de protección sanitaria esencial adquirido por hospitales y entidades públicas...para cuya implantación - que se ha prolongado hasta el 31 de diciembre- al parecer no hubo que recibir el permiso de Bruselas. El Gobierno 'vendió' la medida en su día con el titular de que ahorraría en torno a 1.000 millones de euros al sistema sanitario. La realidad ha sido bien diferente. El informe de recaudación de la Agencia Tributaria revela que a mes de septiembre el coste real para las arcas del Estado de esta medida - y, por tanto, el ahorro real para el sistema sanitario- ha sido de 40 millones de euros en cuatro meses, bien lejos de lo estimado por el Gobierno.
El plan del Gobierno es aprobar la medida a través de un Real Decreto Ley en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el día 17, lo que permitiría que el nuevo IVA superreducido para las mascarillas se empezara a aplicar probablemente el próximo día 18 de noviembre.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios