El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales la posibilidad de que las empresas puedan cambiar de tipo de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de forma automática. Así consta en la propuesta que el equipo de Yolanda Díaz trasladó a patronal y sindicatos el pasado viernes y que se debate este lunes en una nueva reunión. El borrador, al que ha tenido acceso La Información, resuelve así una de las principales demandas de los agentes sociales, que han pedido en numerosas ocasiones que se eliminen trabas burocráticas para que los ERTE puedan tramitarse con una mayor agilidad, dando certidumbre a empresas y trabajadores.
En concreto, el documento propone negro sobre blanco que, una vez constatada la concurrencia de las causas del ERTE por parte de la autoridad laboral, el paso de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor a otro por impedimento o limitación de la actividad, o viceversa, podrá realizarse sin tener que volver a tramitar un nuevo expediente. Una opción que "ahorrará muchos quebraderos de cabeza a los empresarios", según analizan fuentes del diálogo social consultadas por este medio.
Este cambio automático de modalidad de ERTE, insisten las fuentes consultadas, "facilitará los trámites a las empresas" y permitirá "una mayor adaptación" a las nuevas restricciones que se van imponiendo prácticamente cada semana en las distintas comunidades autónomas para frenar la tercera ola de la Covid. El Gobierno ya había indicado que la nueva prórroga de los ERTE contemplaría este tipo de mecanismos que permiten agilizar los expedientes y evitan un eventual colapso administrativo que podría volver a provocar importantes atrasos en los pagos de prestaciones.
No obstante, el texto matiza que "resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento". Y también aclara que las empresas cuya situación se viese modificada en estos términos deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente.
En este sentido, las compañías que hayan comunicado el cambio de situación a la autoridad laboral deberán presentar una declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo esta suficiente para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento. Así, la autoridad laboral trasladará la comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo ésta la única entidad que podrá verificar la concurrencia de los hechos que determinen la procedencia de las exenciones en el pago de las cuotas, matiza el documento que se debate ahora mismo en la mesa.
Hasta el 31 de mayo
El Ministerio ha planteado a patronal y sindicatos que el esquema de protección de los ERTE se extienda hasta el día 31 de mayo, una vez finalizado el estado de alarma actual, y que se mantengan las exenciones de cotizaciones en los porcentajes actuales, que en algunos casos alcanzan el 100%, según informan fuentes del diálogo social. Las negociaciones, no obstante, siguen activas, aunque la intención de Díaz es alcanzar un acuerdo antes del viernes que pueda ver la luz en el Consejo de Ministros del próximo martes, día 19. La eliminación de trabas burocráticas es un paso más hacia el pacto, pues es valorada positivamente tanto por CEOE como por sindicatos.
En otros asuntos, el departamento que dirige Yolanda Díaz mantiene en su propuesta, en las condiciones actuales, la polémica "cláusula de salvaguarda del empleo" que prohíbe a las empresas despedir a sus trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE. El Ministerio no cede así a una de las principales demandas de la CEOE, que ha pedido suavizar esta condición, de modo que las compañías que despidan solo tengan que devolver las ayudas percibidas por los trabajadores despedidos y no su totalidad. Los sindicatos valoran que el Gobierno se mantenga firme en el compromiso de mantenimiento del empleo porque las empresas "han recibido una cantidad ingente de dinero público", sostienen fuentes de las centrales sindicales.
También se mantienen activas en los próximos meses las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en los mismos términos que rigen actualmente, garantizando el acceso a la prestación sin el periodo de carencia, que no compute el tiempo consumido hasta enero de 2022 y que la cuantía se mantenga en el 70% de la base reguladora. Asimismo, siguen vigentes otras medidas como la prohibición de hacer horas extra y externalizar actividades durante el tiempo que dure el ERTE, los límites al reparto de dividendos y acceso a las ayudas a las empresas situadas en paraísos fiscales, etc. Todo esto, según consta en el documento que se está debatiendo en estos momentos.
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