Arranca la cuesta de enero en el diálogo social. El Gobierno aborda este viernes con patronal y sindicatos la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en un contexto crítico. Los expertos coinciden en que España ha entrado de lleno en la tercera ola de la pandemia en una posición más vulnerable que cuando encaró la segunda embestida de la Covid a principios de septiembre. El empeoramiento de los datos sanitarios tras los contagios de Navidad está obligando a buena parte de las comunidades autónomas a tomar medidas más restrictivas, afectando intensamente a la actividad económica y laboral. Mientras tanto, las empresas aguardan en alerta ante lo que pueda suceder con el salvavidas de los ERTE, en especial unas 175.000 compañías que mantienen sus plantillas hibernadas en estos momentos.
Según los datos que maneja la Seguridad Social, a cierre del pasado mes de diciembre aún había 175.864 empresas en ERTE, con 755.613 trabajadores afectados. Tanto las compañías como las plantillas inmersas en estos expedientes no han hecho más que crecer en los últimos tres meses y se espera que la evolución sea ascendente, ante las nuevas restricciones que están implantando los distintos gobiernos autonómicos. La situación sanitaria es ahora más grave que cuando se pactó el actual esquema de los ERTE en septiembre (el día 1 de ese mes, fecha que los expertos coinciden en señalar como el inicio de la segunda ola, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes se movía en los 212 casos, frente a los 321 notificados este jueves). "Estamos peor que al principio, por eso los ERTE siguen siendo más necesarios que nunca", demandan fuentes del diálogo social.
Las dudas sobre una campaña de vacunación más lenta de lo inicialmente esperado tampoco ayudan a divisar el fin de la crisis y, ante este panorama, patronal y sindicatos piden al Gobierno que los ERTE se mantengan, como mínimo, en las condiciones actuales. La comisión negociadora, que capitanean los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, va a analizar la situación económica y la previsible evolución de la pandemia y del empleo en los próximos meses. Un ejercicio arriesgado, habida cuenta de que cualquier previsión está especialmente cargada de incertidumbre en el contexto acual. En función de las conclusiones, el mecanismo se adaptará a las necesidades de empresas y trabajadores, si bien fuentes gubernamentales indican que en ningún caso se producirán cambios radicales en la herramienta.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, avanzaba el pasado martes en la rueda de prensa para la presentación de los datos de paro y afiliación de cierre de 2020 que los posibles cambios en las diferentes figuras de los ERTE (por impedimento o limitación de actividad o aquellos dirigidos a sectores ultraprotegidos como el turismo y la hostelería) serán "paramétricos o de matiz". En ese sentido, recordaba que los actuales ERTE son un modelo que tiende a la focalización, por lo que esa es previsiblemente la línea en la que se va a trabajar en la mesa del diálogo social. Es el esquema que ha defendido el ministro José Luis Escrivá, apoyado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, frente al área de la ministra Yolanda Díaz que defendió desde un primer momento los ERTE para todas las empresas que tuvieran la necesidad de acogerse a este mecanismo.
Por su parte, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, señalaba en la misma rueda de prensa que el modelo de los ERTE está ya "muy ensayado" y se ha ido adaptando a la evolución de la pandemia, por lo que "las piezas clave" están ya "muy consolidadas". En este sentido, reiteraba que "no son esperables enormes cambios" y avanzaba que el diálogo social trabajará en la "simplicidad y en la fácil gestión" de estos instrumentos. Es, precisamente, lo que demandan tanto la patronal como los sindicatos, que tanto el propio esquema de ERTE como su tramitación se simplifiquen al máximo, para ahorrar quebraderos de cabeza a empresas y trabajadores que en los últimos meses han sufrido las consecuencias del caos administrativo. "El Gobierno ha reducido los trámites en varias ocasiones, pero el sistema sigue siendo farragoso", denuncian los interlocutores sociales.
Más de 175.000 empresas y 755.000 trabajadores están muy pendientes de lo que suceda en la mesa de diálogo tripartita, especialmente los que pertenecen al sector hostelero, donde se concentra un tercio de los ERTE y donde más están afectando las restricciones administrativas en buena parte del país. La intención del Ejecutivo es finiquitar las negociaciones antes de mediados de mes, para dar certidumbre a empresarios y empleados, si bien no se descarta que las conversaciones se extiendan hasta el tiempo de descuento. El esquema actual caduca el 31 de enero y tanto la patronal como los sindicatos querrían que el nuevo marco se extendiera, al menos, hasta que finalice el estado de alarma el próximo mes de mayo. Las fuentes consultadas, sin embargo, asumen que el Gobierno optará por llevar los ERTE hasta abril, en su dinámica habitual de aprobar prórrogas trimestrales.
Los interlocutores sociales también temen que el Ejecutivo plantee recortes en las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social respecto a los niveles actuales, aunque sea manteniendo el esquema general de la herramienta. La CEOE argumenta que el tejido empresarial atraviesa una situación crítica y que además se ve afectado por la crisis de manera desigual, con sectores como la hostelería y el turismo inmersos en una depresión cuya salida se atisba imposible en tanto no se estabilice la situación sanitaria. Los empresarios quieren ERTE flexibles, sin penalizaciones por despidos y fáciles de renovar, pero algunas actividades, como las agencias de viajes, advierten de que los mecanismos de hibernación de plantillas son insuficientes y reclaman medidas adicionales de liquidez, así como una reducción temporal del IVA. Todo esto se valorará en la mesa.
Todo apunta a que el grueso de la regulación se mantendrá en lo que tiene que ver con la protección de los trabajadores. Así, los empleados seguirán cobrando el 70% de la base reguladora aunque hayan percibido la prestación durante más de seis meses y se mantendrá el denominado "contador a cero", así como el acceso a prestaciones sin carencia previa. También parece claro que permanecerá la limitación de repartir dividendos y de acceso a ayudas por empresas situadas en paraísos fiscales. Y el mayor punto de fricción con la CEOE: la conocida como "salvaguarda del empleo" que prohíbe a las compañías despedir a sus trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE, bajo penalización consistente en devolver todos los descuentos en cotizaciones sociales de los que se hubieran beneficiado.
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