Por si hubiera pocos elementos de fricción en la negociación tripartita entre Gobierno, sindicatos y empresarios para la configuración del futuro marco laboral un nuevo elemento inesperado ha venido a agitar el clima del diálogo social. La propuesta ha sido planteada desde el Gobierno - aunque algunas fuentes ven una clara inspiración de Comisiones Obreras detrás -, afecta a la estructuración de la negociación colectiva y ha situado en el foco del debate el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la reserva al ámbito de negociación estatal de una serie de materias decisivas para la conformación de un marco nacional de relaciones laborales digno de tal nombre, a saber el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales o la movilidad geográfica, según han confirmado varias fuentes del diálogo social.
La norma establece de forma explícita que estos aspectos "se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma" y el planteamiento del Gobierno, que ya ha sido puesto sobre la mesa de negociación aunque no por escrito por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es darle una vuelta a la redacción de este artículo para acabar con lo que considera como una situación de inseguridad jurídica por su farragosa redacción. El problema reside, según las fuentes consultadas, en que la disposición en cuestión no termina de dejar claro su enganche con el artículo del Estatuto que permite a empresarios y sindicatos acordar en el ámbito autonómico condiciones laborales propias e inamovibles para cualquier convenio aunque sea de alcance superior (estatal), y eso crea una inseguridad jurídica que ha dado lugar ya a la judicialización de acuerdos laborales en apariencia legítimos, como el acuerdo interprofesional que regula en el País Vasco la prioridad aplicativa del pacto laboral autonómico sobre cualquier otro acuerdo de naturaleza estatal y que ampara lo que se ha venido denominando como el 'sistema de relaciones laborales vasco'
Ésa, digamos, sería la versión 'oficial'. Pero dentro de la mesa de diálogo social hay actores que observan con desconfianza la maniobra y se malician que detrás de ella puede haber un intento soterrado de socavar la prevalencia de los convenios estatales de carácter estatal en beneficio de los pactos laborales autonómicos. Alimenta esta desconfianza el hecho de que no se haya presentado ninguna propuesta concreta sobre el particular y el telón de fondo político del interés nunca disimulado del PNV por regular en el Estatuto de los Trabajadores la prevalencia o cuando menos el equilibrio de los convenios sectoriales autonómicos respecto a los de carácter estatal para abrir de forma inexorable camino a la configuración de un marco de relaciones laborales exclusivamente vasco.
Cualquier avance en ese ámbito pasa por la modificación del artículo 84.4 y por la derogación de la reserva legal a los ámbitos de negociación estatal que el Estatuto de los Trabajadores efectúa sobre las materias antes mencionadas. Se da la circunstancia, además, de que Unai Sordo fue el principal impulsor cuando era secretario general de CCOO-Euskadi del acuerdo interprofesional rubricado en 2017 por Confebask y por los cuatros principales sindicatos vascos que sancionó la prioridad aplicativa de los convenios de sector firmados en Euskadi sobre cualquier acuerdo de naturaleza estatal a la hora de determinar las condiciones laborales de los trabajadores vascos, salvo en las cuestiones expresamente prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores.
Ese acuerdo sostiene el marco de relaciones laborales vasco, configurado por 149 convenios sectoriales de naturaleza autonómica y provincial y que regula las condiciones de más de 350.000 trabajadores, más del 60% de los cubiertos por un convenio colectivo en el territorio.
Un paso atrás en la consolidación de la negociación colectiva
"CCOO tiene especial interés en descentralizar la negociación colectiva, tanto por su cultura sindical, en el que las organizaciones territoriales tienen más peso y autonomía de funcionamiento que en UGT, por ejemplo, como por determinadas pulsiones nacionalistas que despuntan en ámbitos de la organización en Cataluña, País Vasco o Galicia", asegura un dirigente del sindicato. Otras fuentes del sindicato se desentienden por completo de la propuesta presentada por el Gobierno al tiempo que rechazan que la propuesta del Gobierno amenace la reserva al ámbito estatal de los elementos de negociación que actualmente recoge el Estatuto de los Trabajadores y aseguran que lo único que se ha planteado desde el Gobierno es limpiar la redacción del artículo para impedir una judicialización innecesaria de la negociación colectiva.
Fuentes de la negociación relatan que UGT se ha plantado ante lo que ven como un movimiento inspirado por CCOO por considerar que los cambios planteados en la concurrencia de los convenios abren la puerta a una eventual "devaluación" de las condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito autonómico. Aunque los negociadores del sindicato dirigido por Pepe Álvarez admiten que la redacción del artículo 84.4 es "contradictoria", rechazan la idea de incrementar las competencias de las comunidades autónomas con las materias de negociación colectiva y argumentan que generaría "discriminación" entre trabajadores de los distintos territorios y "conflictos competitivos".
UGT también considera que el movimiento del Gobierno distrae el foco de lo importante. "Hay que volver a la estructura de negociación colectiva anterior a la reforma de 2012 y mantener la prevalencia estatal de los convenios sectoriales, de modo que solo puedan modificarse para ser mejorados en ámbitos territoriales inferiores", zanjan desde la organización sindical.
Pero el deslizamiento de la negociación sectorial al plano autonómico no chirría solo a UGT. En CEOE tampoco ven con buenos ojos el planteamiento, básicamente porque los empresarios defienden por encima de todo la prevalencia del convenio empresarial sobre el de sector. Un buen conocedor de esa casa, el abogado Fabián Márquez, que durante años fue el responsable de negociación colectiva de la organización empresarial y que hoy preside el despacho Arinsa, no ahorra calificativos a la propuesta: "Es una barbaridad, que se empeña en mantener lo que no es más que un residuo franquista: la negociación colectiva en el ámbito provincial".
Márquez considera que la atomización de la negociación colectiva hacia el ámbito territorial es un paso atrás en el proceso de consolidación y racionalización de las relaciones laborales en el que se lleva trabajando cerca de 40 años. Señala que la realidad demuestra que los sectores cuyas relaciones laborales están integradas en un convenio sectorial de implantación estatal funcionan con más eficiencia y que la pulsión a favor de los convenios provinciales y autonómicos es una imposición de las fuerzas nacionalistas, pero que sólo tiene sentido en casos muy concretos, cuando existe una implantación territorial muy fuerte de un determinado sector.
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