El Consejo de Ministros aprobó finalmente este martes el procedimiento para que las empresas puedan solicitar el denominado 'mecanismo RED', la nueva herramienta de flexibilidad interna que incorpora la reforma laboral para hacer frente a crisis cíclicas y sectoriales. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha diseñado el fondo de financiación de esta herramienta que Yolanda Díaz se ha visto obligada a lanzar por la vía de urgencia para evitar que la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania provoque una sangría en el mercado laboral patrio. El asunto no es baladí, pues España se ha comprometido con la Comisión Europea a garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera de este fondo y ese es uno de los requisitos de los que depende el visto bueno de Bruselas a la reforma laboral, vinculada al tramo más cuantioso de los fondos de recuperación, de 12.000 millones de euros.
Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social lanzaban este martes, al término de la reunión del Consejo de Ministros, una nota conjunta en la que anunciaban la aprobación del procedimiento para solicitar el mecanismo RED y "la constitución del Fondo RED". En el texto, ambos departamentos afirmaban que durante el cónclave gubernamental se había dado "luz verde al Fondo RED, que permitirá hacer frente a las necesidades presupuestarias de este mecanismo". E insistían, negro sobre blanco, en la siguiente afirmación: "Se constituye el Fondo RED y se establece el mecanismo de financiación del mismo para afrontar las necesidades de personas trabajadoras y empresas que precisen acogerse al Mecanismo RED".
Sin embargo, fuentes conocedoras del contenido del acuerdo que se aprobó en el Consejo de Ministros de este martes y que tomará forma dentro del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía revelan a La Información que el fondo de financiación del mecanismo RED no se ha creado. Lo que ha hecho el Gobierno es habilitar, de manera transitoria, una vía por la que esta herramienta será financiada con las dotaciones presupuestarias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, por los mismos organismos que hasta ahora han venido costeando los ERTE tradicionales, hasta que el fondo esté dotado de la cuantía suficiente para hacer frente a sus necesidades financieras.
El Real Decreto-ley 32/2021 -el de la reforma laboral- estableció que se constituiría "como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo". Sin embargo, no se puso fecha a ese objetivo. El Gobierno le dio una patada hacia adelante porque, durante la negociación de la reforma laboral, no fue capaz de acordar este apartado con los agentes sociales.
La guerra obliga a acelerar
Las alarmas se encendieron cuando, tras el vertiginoso inicio de año en materia de negociaciones (reforma laboral, salario mínimo interprofesional...), el Gobierno se dio cuenta de que debía aprobar este fondo antes de que caducasen los ERTE pandémicos, cuya expiración estaba prevista para el 28 de febrero. Pero, finalmente, ante la imposibilidad de poner en marcha la maquinaria del RED con tan escaso margen de tiempo, optó por prorrogar los ERTE Covid durante un mes más, hasta el 31 de marzo. Ahora, la crisis provocada por el conflicto bélico en Ucrania ha obligado al Ejecutivo a acelerar los procesos para dar respuesta a las empresas que se vean afectadas por la escalada de los precios energéticos y, ante la ausencia del fondo de financiación específico, se ha tenido que improvisar una vía para costear el mecanismo.
Por eso, el Gobierno ni siquiera ha cuantificado la cantidad con la que está dotado este fondo, porque todavía no existe. Lo que se va a hacer en esta fase "transitoria" es cargar los costes derivados del mecanismo RED y todas sus necesidades financieras a las entidades competentes en la ejecución del mismo, que son el SEPE y la TGSS, según explican fuentes conocedoras del texto aprobado en Consejo de Ministros. Esto significa, básicamente, que hasta que se desarrolle una partida presupuestaria específica para el RED, se pagará con los mismos recursos disponibles en las arcas públicas para los ERTE. Como dato, los expedientes de regulación temporal de empleo han costado al Estado más de 26.000 millones de euros desde marzo de 2020.
En principio, Yolanda Díaz, que tiene adscrito el fondo a su departamento, tiene previsto desarrollarlo próximamente, pero no se ha fijado ninguna fecha. Las negociaciones del mismo con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y con el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya generó tiranteces en la mesa de la reforma laboral. Finalmente, lo que figuró en el real decreto es que esta hucha se nutriría de "los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo".
No es un asunto menor, pues se trata de un compromiso adquirido con la Comisión Europea, que durante la negociación del Plan de Recuperación llegó a exigir a España un informe exhaustivo sobre este fondo para garantizar que no pone en riesgo las costuras presupuestarias. En concreto, Bruselas pidió al Gobierno de Pedro Sánchez una evaluación ex-ante sobre el mecanismo de financiación del fondo tripartito con el que se pretende costear el mecanismo RED, "asegurando la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo" e incluyendo en la evaluación "diferentes opciones y escenarios". El estudio fue entregado por el Gobierno en octubre de 2021, incluso antes de cerrar la reforma laboral con los agentes sociales, pero no se ha hecho público, por lo que se desconoce su contenido.
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