Las adjudicaciones a la baja, o incluso las ofertas temerarias, son un viejo reflejo de las tan comunes prácticas que se llevaron a cabo en la contratación pública durante los años inmediatamente posteriores a la crisis. Las empresas que acudían a las licitaciones, en algunas ocasiones, ofrecían precios que se situaban muy por debajo de lo requerido para ciertas actuaciones y estas eran adjudicadas a precio de derribo, llegando a causar problemas a posteriori que aumetaban la factura final de forma desmedida. Ejemplo perfecto de ello fue Adif. Los propios contratistas alzaron la voz de alarma por lo que algunos de sus compañeros de sector estaban haciendo. En cambio, con el paso de los años y la mejora de la situación económica esta práctica parecía desterrada.
Pero no. La propia presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha afeado la persistencia de este tipo de prácticas en una reunión con la patronal de las ingenierías, Tecniberia. "No se visualiza una mejora y es preocupante", indicó la directiva, al advertir de que era necesario que desde el sector se realizasen las ofertas con la mayor seriedad y el mayor realismo posible, tratando de evitar que lleguen propuestas que puedan causar problemas a la hora de ejecutar las actuaciones previstas por falta de fondos, como ha ocurrido en numerosas ocasiones.
Pardo de Vera fue aún más dura a la hora de tirar de las orejas a las empresas que llevan a cabo estas prácticas y pidió a las firmas del ramo una reflexión sobre si "sólo quieren ganar contratos sin más o permitir su correcta ejecución realizando proyectos de calidad técnica y económicamente viables", espetó. Todo ello al tiempo que las empresas del sector llevan años reclamando un cambio en la valoración de las ofertas de las licitaciones para conseguir que prime la calidad por encima del precio, evitando así este tipo de ofertas.
Pero lo cierto es que a la llegada de Pardo de Vera a la presidencia de Adif, tal y como desveló La Información, se encontró con una bolsa de 81 expedientes de modificación de contratos sin resolver tras adjudicar este tipo de licitaciones. Poco a poco, el tapón se ha ido resolviendo gracias a que se han llevado a cabo cambios al alza, incrementando las cuantías a cobrar por parte de las adjudicatarias y, normalmente, con importantes retrasos con respecto al proyecto inicial, pero consiguiendo finalizar la obra.
De hecho, en el último informe de fiscalización de Adif que hizo público el Tribunal de Cuentas hace solo unos meses, se afeaba la existencia de actuaciones sin la debida cobertura, es decir, que se llevaron a cabo ciertas obras sin estar respaldadas por un contrato. La propia Adif en sus alegaciones reconocía que "no ha tramitado las modificaciones correspondientes para convalidar las actuaciones ejecutadas sin cobertura contractual", pero que al proceder a la tramitación de dichos cambios, "se ha apreciado la existencia" de este tipo de irregularidades.
Relanzar la obra pública en octubre
El gestor de las infraestructuras ferroviarias ya trabaja para relanzar la obra pública cuanto antes tras el parón provocado por la Covid-19. La compañía dependiente del Ministerio de Transportes tiene la mirada puesta en el próximo mes de octubre para poder llevar a cabo esta reanudación, tal y como ha confirmado Isabel Pardo de Vera, presidenta de la compañía, en un encuentro con Tecniberia, la patronal de las ingenierías.
Pero con un futuro claramente incierto por la situación de la pandemia y sin tener asegurados unos presupuestos de cara al próximo ejercicio, para poder hacerlo, Adif busca lograr fondos del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea que le permita ejecutar actuaciones de la cartera total de proyectos con que cuenta. Esta estaría estimada en unos 16.000 millones de euros. Pardo de Vera confía en conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo un exigente programa de inversiones: "El hecho de que 2021 se haya declarado como el año del ferrocarril en Europa, algo querrá decir", concluyó.
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