Mueve ficha para atajar el lío fiscal

La Oficina contra el Fraude planea sobre Ryanair y sus casi 200 'riders' del aire

La división del ministerio de Yolanda Díaz encargada de concretar los planes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recaba datos sobre la figura de los falsos autónomos en la aerolínea.

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La Oficina contra el Fraude planea sobre Ryanair y sus casi 200 'riders' del aire

Pese a registrar las primeras pérdidas estivales  de toda su historia, Ryanair logró esquivar con acierto el temporal del virus durante el pasado ejercicio. Al margen de la crisis sanitaria, el año en curso viene cargado con otro contratiempo para la aerolínea 'low cost'. La Oficina Nacional contra el Fraude planea ahora sobre la compañía que mantiene a cerca de doscientos 'riders' del aire entre su plantilla de pilotos. Tal y como han confirmado fuentes cercanas al proceso a La Información, esta división del ministerio de Yolanda Díaz, que se encarga de concretar los planes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya ha empezado a recabar documentación sobre la figura del 'falso autónomo' en las filas de la compañía aérea.

La regularización de los contratos de sus pilotos lleva años sobre la mesa de Ryanair. Desde el desembarco de la firma en España, la formalización de  contratos mercantiles, con sociedades interpuestas, ha sido una práctica habitual para la compañía. El sistema permite vincular a varios profesionales que trabajan para la empresa en diferentes países, bajo una relación societaria que obligaba a los pilotos a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Muchas de estas sociedades se constituyen con dos únicos profesionales. Ryanair ha logrado rebajar el porcentaje de estos 'falsos autónomos' entre sus pilotos desde su llegada a España, pero estos aún suponen cerca del 10% de los profesionales que llevan sus aviones actualmente, lo que se traduce en unos 185 trabajadores.

La Oficina Nacional contra el Fraude empezó a recabar, al menos de forma directa, información al respecto la pasada semana. La cuestión entraña una notable dificultad para esta división de la cartera de Díaz. Las citadas sociedades mercantiles tienen su sede fiscal en Irlanda y los pilotos que las integran reciben los pagos a través de transferencias bancarias, pese a trabajar y operar en España o en otros países europeos. Precisamente, este embrollo normativo, en el que conviven legislaciones de varios Estados miembros, será uno de los mayores obstáculos para las pesquisas de Trabajo.

El 'lío' fiscal es considerable. Al contar con domicilio fiscal en el extranjero, estas sociedades mercantiles -que podrían llegar hasta las 90 según fuentes del sector- tributan fuera de España, lo que, además de suponer un 'roto' para el erario público de miles de millones derivados de la contratación de empleados, duplica, en muchos casos, las obligaciones tributarias de los pilotos y tripulantes de cabina bajo este marco. Así, el profesional debe afrontar tanto la factura fiscal española, como la irlandesa. Esta situación ha llevado a varios profesionales a enfrentarse a sanciones y litigios con Hacienda por evasión de impuestos.

El antecedente está en tierra. El Tribunal Supremo saldó el pasado 23 de septiembre el largo proceso que enfrentó al rider más antiguo de la empresa de reparto a domicilio Glovo, Isaac Cuende, con la compañía, que lo despidió en 2017 tras enfermar de gripe. El TS falló a favor del trabajador, al entender que existía una relación laboral entre este y la empresa. La sentencia creó jurisprudencia y supuso un varapalo al fraude de Ley de la figura del 'falso autónomo'. Fuentes del sector alegan que la situación de los pilotos presenta claras semejanzas con la de los repartidores de estas plataformas, ya que, salvo por el contrato laboral, están integrados en la estructura de la empresa en la misma medida en que lo está el resto de pilotos en plantilla.

La rúbrica de Ábalos al acuerdo europeo promete situar bajo la lupa esta 'mala praxis' de Ryanair, una vigilancia que amenaza la habitual concesión de ayudas públicas millonarias a la aerolínea.

La semana pasada, España se adhirió, a través del Ministerio de Transportes, al 'Manifiesto por una Europa Social en Aviación', el pacto europeo que aboga por el empleo de calidad en el sector. La batalla contra los 'falsos autónomos' figura entre sus objetivos. La rúbrica de Ábalos pone en jaque la línea de subvenciones que, hasta el momento, ha venido recibiendo la aerolínea, en buena medida, en contrapartida por el papel que desempeña la firma para mantener la actividad en los aeropuertos secundarios españoles. Ryanair representa más del 71% del tráfico de la base de Gerona, el 86% del de Vitoria y acapara más del 46% de la actividad del de Zaragoza. Detrás de esta fuerte apuesta por los aeropuertos más pequeños -y menos rentables- del país se encuentra el acicate de paquetes millonarios de ayudas públicas. 

El caso más reciente fue el concurso del Gobierno vasco para promocionar vuelos regulares en el aeropuerto de Foronda (Vitoria), entre marzo de 2021 y marzo de 2025. Ryanair logró el contrato, por valor de 4,8 millones, el pasado noviembre. Solo la aerolínea irlandesa se postuló para el puesto. Poco antes de la eclosión de la Covid, los ministerios de Ábalos y Díaz estaban inmersos en una cruzada con la compañía aérea para ganar tiempo ante la intención de Ryanair de cerrar las bases de Lanzarote y Gerona, así como las de Tenerife y Gran Canaria. En todas ellas, la empresa había firmado acuerdos de publicidad. La rúbrica de Ábalos al pacto europeo promete situar bajo la lupa de la cartera las 'malas praxis' de la firma en el ámbito laboral -como lo es la figura del falso autónomo-, vigilancia que podría amenazar esta fuente de ingresos para la empresa. 

Este 'quid pro quo' entre Ryanair y los gobiernos se extiende más allá de España. El 'think tank' europeo Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente (Transport & Environment) ha cifrado este impulso institucional a la compañía 'low cost'. Según las últimas cifras reportadas por este organismo con sede en Bruselas, al menos 52 de los 214 aeropuertos en los que opera Ryanair en el territorio comunitario están 'dopados' con dinero público. Además, la federación europea ve "probable" que diecisiete de estas bases generen pérdidas, precisamente, por el exiguo número de pasajeros que embarcan y aterrizan en ellas a lo largo del año. La hemeroteca confirma que, cuando los estados 'cierran el grifo', la aerolínea responde haciendo las maletas.

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