El grupo Audax Renovables que produce y comercializa energía limpia ha apostado por ir al cuerpo a cuerpo con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La compañía ha decidido interponer un recurso de alzada ante la Sala de Supervisión Regulatoria contra los dos expedientes abiertos en su contra por mantener prácticas de comercialización agresivas, entre ellas el puerta a puerta, que fueron prohibidas en 2018 tras las reiteradas denuncias de las organizaciones de consumidores. Frente a las actuaciones de Competencia, Audax cuestiona que la Sala Regulatoria sea competente en el asunto, según fuentes conocedoras del caso.
El recurso de Audax contra el expediente de la CNMC coincide con los cambios en la dirección del supervisor y la sustitución de cinco de los 10 consejeros, entre ellos, el presidente José María Marín Quemada y la vicepresidenta María Fernández. El proceso de constitución del nuevo consejo está en marcha y las propuestas de sanción contra Audax pueden ser la primera toma de temperatura en las decisiones del organismo que va a presidir la exabogada de Cuatrecasas Cani Fernández.
El vicepresidente del grupo energético, Eduard Romeu, confirma que Audax ha recurrido el expediente de la CNMC, lo que, según afirma "forma parte de la práctica habitual". Según el directivo, el grupo ha tomado medidas para corregir las supuestas irregularidades detectadas en áreas concretas como la provincia de Jaén, prescindiendo de los canales de comercialización afectados. Audax, señala Romeu, va a centrarse en los canales de más interés -empresas- en detrimento las áreas donde se han detectado los problemas.
Dividendo cancelado
Para Audax Renovables, el enfrentamiento llega en mal momento. El grupo opera en ocho países, cuenta con 350.000 clientes y trabaja para expandirse en España, Italia y Portugal. Pero la coyuntura no es buena. Ganó un 10,9% menos de enero a marzo respecto a 2019, 1,42 millones de euros y ha comunicado a la Comisíón Nacional del Mercado de Valores la cancelación del dividendo previsto. Un gesto, según la empresa "de prudencia y de responsabilidad social" y que tiene en cuenta el actual contexto creado por la pandemia de coronavirus.
Es un tropiezo en un camino que parecía despejado. Los resultados de Audax Renovables, según ha explicado su presidente José Elías han sido muy buenos en los últimos años, con crecimientos de hasta el 40% en los beneficios brutos anuales. El problema es que la rápida expansión ha chocado en Competencia. Según la CNMC, el grupo ha aplicado una política comercial agresiva. Ha practicado el puerta a puerta, ha sido cuestionada por grandes comercializadoras ante la CNMC y acumula una largo historial, con decenas de denuncias, especialmente en Barcelona. También cuenta con denuncias en Jaén.
Hechos probados
En esa situación se anuncia el enfrentamiento legal. El expediente sancionador de la CNMC está prácticamente listo, hay hechos probados y las sanciones por cada práctica prohibida pueden ser elevadas, sin descartar la inhabilitación para operar en el mercado. La investigación se cruza en los objetivos de la compañía. Audax ha presentado un plan de contingencia para hacer frente a la crisis del Covid y garantizar su solvencia financiera. Mantiene en el escaparate sus fortalezas: comercialización de electricidad y gas en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y Holanda y una cartera de generación de 127 MW en España, Francia y Polonia en parques eólicos.
El expediente de Audax revela que las prácticas irregulares en el mercado eléctrico para atraer clientes no han desaparecido por completo, aunque sí ha habido algunos avances. Las grandes comercializadoras eléctricas prácticamente desmantelaron los "comandos de ventas" que disputaban contratos a la competencia casa por casa. La prohibición de comercializar electricidad puerta a puerta obligó a cambiar de tarea a entre 5.000 y 6.000 trabajadores subcontratados por las grandes compañías eléctricas como comerciales.
Hasta ese momento, la competencia feroz y la subcontratación contribuyeron eficazmente a convertir el mercado eléctrico en un espacio difuso en el que los clientes ni siquiera sabían si estaban suministrados en el mercado liberalizado o en el regulado. Aunque la Ley Eléctrica de 2013 obliga a separar de forma clara las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada -Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)-, de las comercializadoras del mismo grupo que ofrecen la electricidad en el mercado libre, la confusión fue total durante mucho tiempo.
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