La Audiencia Nacional cierra definitivamente la puerta del Tribunal Constitucional en la batalla legal lanzada por las operadoras de telecomunicaciones españolas contra la llamada 'tasa RTVE', para financiar el funcionamiento de la radiotelevisión pública. La Sala de lo Contencioso ha descartado acudir por segunda vez al tribunal con el fin de dilucidar si esta figura impositiva es inconstitucional tras el primer 'portazo'. De esta forma, confirma el pago de los 6,5 millones de euros de una de las primeras liquidaciones judicializadas por Orange. Esto hace que el resto de rivales, que también han peleado en los tribunales por estos pagos, también deban pasar por lo mismo a partir de ahora.
Orange, al igual que el resto de competidores, defendió desde el principio esa inconstitucionalidad, al entender que vulneran el principio de capacidad económica y el de igualdad. La compañía gala pone de manifiesto una de las claves argumentativas que han repetido el resto de operadores en estos años: si la finalidad es compensar a RTVE por la renuncia de ésta a emitir publicidad, la tasa debe limitarse al cálculo de la base imponible sobre los ingresos generados por las actividades en las que dicha decisión pudiese producir un impacto económico favorable. La figura impositiva se refiere a todo el volumen de negocio en España y no sólo al audiovisual.
En el arranque, la Audiencia Nacional había solicitado una primera cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), para determinar si incumplía con la legislación europea, y otra ante el Tribunal Constitucional, para analizar si va contra algún precepto de la Constitución Española. El primero fue tumbado en marzo de 2019, cuando dijo que la directiva de comunicaciones electrónicas "debe interpretarse en el sentido de que no están comprendidas en su ámbito de aplicación aportaciones financieras anuales, como la controvertida en los litigios". Respecto al segundo, a finales del pasado año se cerró la puerta en una decisión desvelada por La Información.
Por tanto, la Audiencia debía decidir si volvía a acudir al Constitucional con una cuestión de inconstitucionalidad 'pura' o cerraba el caso sin más. Finalmente ha optado por esta segunda opción. Y lo justifica precisamente en que el Tribunal Supremo ya trató este asunto en una sentencia en la que rechazaba que fuera en contra de algunos de los preceptos de la Carta Magna. "La ley establece una aportación que tiene una justificación objetiva y razonable", apuntaba el Alto Tribunal en su pronunciamiento que fue controvertido pues hubo tres votos particulares de magistrados. Sobre la decisión del Gobierno de exigir el 0,9% de todos los ingresos, y no sólo los referidos a las actividades audiovisuales, asegura que queda salvado por el "tipo tan reducido que se ha establecido, que garantiza que no sea una aportación indebida".
Con estos asuntos ya salvados, la Audiencia resuelve sobre el caso concreto de Orange, que tiene como origen una liquidación del año 2011 que fue reclamada por la compañía, exigiendo una rectificación y la devolución de más de 6,5 millones de euros. La multinacional insiste en un posible error de cálculo en la base imponible, lo que determina que la cantidad ingresada por las arcas públicas haya sido superior a la que hubiera correspondido. Orange, según reza la sentencia, "quedó vinculada por su autoliquidación y no acredita la rectificación que pretende".
Este es el primer recurso que se resuelve por parte de la Audiencia Nacional al respecto, pero previsiblemente llegarán los demás del resto de operadores que también han acabado judicializando las liquidaciones de la tasa en los últimos años. Hay mucho dinero en juego. Según los propios datos de la Corporación de TVE, las operadoras han pagado más de 1.400 millones de euros desde su entrada en vigor en el año 2010, en base a ese 0,9% de sus ingresos totales en España -los referidos a servicios audiovisuales en sus plataformas de televisión de pago y el resto-.
Una tasa retocada
Toda esta batalla legal sigue librándose mientras el Gobierno busca cómo reducir el esfuerzo económico de las operadoras con esta tasa. Hace varias semanas, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se comprometió ante los primeros directivos de las compañías en España a revisar a la baja esta figura impositiva, aunque sin dar más detalles. Según explicaban fuentes conocedoras, este cambio se llevará a cabo a través de la nueva ley audiovisual, lo que obligará a reelaborar el borrador del anteproyecto y sacarlo de nuevo a consulta pública, lo que retrasará aún más su tramitación parlamentar.
Ante este ofrecimiento a las empresas, el nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, advirtió hace unas semanas en una comparecencia en el Senado que supondría un agujero potencial de 128 millones de euros en las cuentas de la corporación pública. "Lo que me preocupa es caer en un déficit endémico que no pueda ser superado al final", advertía el directivo, quien insistió en que la vuelta a la publicidad "no puede garantizar del todo la sostenibilidad económica". Le toca al Gobierno hacer cuentas para lograr ese equilibrio mientras reduce el impacto económico para las telecos.
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