La campaña electoral de estas elecciones generales no ha sido especialmente bronca en lo que atañe a los bancos, que durante meses han sido duramente criticados por la falta de remuneración de los depósitos y por los beneficios que han ido presentando y, que en parte, se han construido sobre la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y su efecto sobre el euríbor, que ha disparado sus márgenes.
No obstante la tranquilidad de la campaña, el futuro podría no ser tan neutro para el sector dependiendo hacia donde se inclinen las urnas. Un nuevo gobierno de coalición, compuesto por PSOE y Sumar, podría desencadenar un mayor intervencionismo para el sector, especialmente si se repite el pacto de gobierno actual. Ambos se inclinan a mantener o endurecer el impuesto a la banca, pero los depósitos también están en su radar.
Para empezar, porque el partido que lidera Yolanda Díaz conservará el tributo, que grava los ingresos. Sumar propone hacerlo permanente, a pesar de la dura crítica vertida contra él por las propias entidades financieras y que ha hecho que los bancos afectados hayan terminado recurriéndolo en los tribunales. Este cargo sería utilizado para financiar el bono de ayuda a los hipotecados.
Sin embargo, es en la escasa remuneración de los depósitos donde ambos partidos están poniendo el foco. Sumar contempla "regular los rendimientos de los depósitos bancarios y recortar las comisiones bancarias". A su juicio, el sector financiero es uno de los más concentrados y esto provoca que, tras la subida de tipos del BCE, suban las hipotecas pero no la remuneración de los ahorradores. "Por ello, se establecerá un mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos", explica la propuesta. Una intervención que no gusta ni al propio regulador europeo, el BCE, que ha emitido un dictamen en contra por una iniciativa similar en Bélgica. El organismo que preside Christine Lagarde opina que una injerencia en ese sentido elevará el coste del crédito y restará solvencia a las entidades.
El programa electoral del PSOE también recoge esta intervención en el mercado de de depósitos. "Impulsaremos el ajuste por los bancos de los tipos de interés de los depósitos a los tipos de interés de mercado, instando en su caso a las investigaciones y actuaciones que aseguren una competencia efectiva en el mercado bancario", señala la iniciativa.
No es algo nuevo. Nadia Calviño, la actual ministra de Economía y Transformación Digital, ha instado a las entidades en varias ocasiones a que eleven la remuneración de las imposiciones a plazo fijo y ha encargado, también, un informe a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en ese sentido. Precisamente, la Vicepresidenta ya adelantó que el Ejecutivo impulsaría un cambio legislativo para adecuar la remuneración de estos productos a los tipos de interés oficiales.
De llevarse a cabo, metería presión a los resultados de los bancos, que actualmente contemplan en sus guías una beta de depósitos, la predisposición para remunerar estos productos, de entre el 25-30% para este año, lo que implica que si la tasa de depósitos cierra en el 3,75% el tipo que pagarán por los depósitos rondará el 1%. De salir adelante la regulación elevaría esta beta lo que impactará en el margen de intereses y también en su beneficio.
Un discurso más afable del PP
En contraste, ni el PP ni VOX contemplan una intervención similar en el negocio bancario. El partido que lidera Santiago Abascal, por ejemplo, no hace mención al tema de la remuneración de los depósitos. En ese mismo sentido va el programa del PP.
Sin embargo, el PP sí mantendría un impuesto a la banca aunque diferente al actual, a diferencia del impuesto a las grandes fortunas, que esperan eliminar si ganan los comicios generales. En el caso del gravamen extraordinario al sector, el PP apostaría por revisarlo con la colaboración de las entidades financieras para encontrar una fórmula para que el sector pueda contribuir a la economía. En ese sentido, su idea sería mantener el tributo hasta 2024, cuando está previsto que concluya. Precisamente, Feijóo en distintas intervenciones ha señalado que está mal diseñado, un argumento al que también recurrió la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante la presentación de resultados este jueves. En su opinión, este mal diseño facilitará su derogación en los tribunales. Dancausa solicitó al nuevo Gobierno resultante que lo derogue.
La propuesta popular pasaría por gravar los beneficios en lugar de los ingresos, algo que rechazó la propia Dancausa al recordar que la presión fiscal del sector es más elevada que el de otras compañías, con un 25% en sociedades.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios