El próximo día 7 se cumplirá el primer aniversario de la inesperada resolución del Popular con prácticamente todas las dudas sobre cómo pudo precipitarse el mortal desenlace sin resolver y 305.000 inversores a la espera de los informes que sirvieron a la Junta Europea de Resolución (Jur) para dejar a cero su inversión: la valoración definitiva de Deloitte y el documento donde evaluará qué hubiese pasado de llevar la entidad a la liquidación y si Europa debe recompensarles. La ley de resolución obliga a efectuar dicho ejercicio por si hubieran recibido mejor trato de optar por un proceso de insolvencias e indemnizarles en consecuencia. El organismo dirigido por Elke König esperaba tenerlo a finales de 2017 y casi seis meses después se mantiene la incógnita.
Otra más. Ni la única ni probablemente la principal. Los perjudicados interesados en recurrir la decisión, en un intento de retrocederla, tuvieron que personarse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de septiembre y a fecha actual continúan sin recibir las primeras contestaciones del organismo de resolución y la Comisión Europea, indica un abogado. Se trata del proceso más complejo planteado en el Viejo Continente por la avalancha de 97 recursos en el Tribunal -y 46 procesos en el Panel de Recursos de la JUR-; y la ausencia de precedentes; situación que ha movido al Tribunal a intentar ordenar la tramitación antes de lanzarla.
La Corte juzgará solo seis asuntos, asumiendo que su dictamen será de aplicación en los restantes por coincidir en pretensiones y argumentos: los planteados por los grandes bonistas -Algebris, Anchorage Capital y Ronit Capital-, la familia chilena Luksic, los mexicanos liderados por Antonio del Valle, un grupo de 19 inversores entre los que figura la sociedad Eleveté Invest fundada por el histórico Luis Valls Taberner; el interpuesto por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, heredera del patrimonio de la condesa de Torre Arias, y la reclamación de una ahorradora con 50.000 euros en bonos.
El proceso en Europa se presume largo antes de arrancar. “Si de media duran unos 18 meses, éste como mínimo serán dos años o dos años y medio -desde que presentaron las reclamaciones-. Creo que le queda, por lo menos, un año más”, estima un abogado. De nuevo por la singularidad del asunto. Con el Popular, Europa estrenó su mecanismo de resolución bancarias y bajo un supuesto en el que muchos bufetes encuentran bases para litigar: estaba a punto de caer por asfixia de liquidez no de solvencia, tal y como certificó la misma JUR en un informe fechado la víspera. A foto fija el capital era suficiente aunque en un plazo corto o medio de tiempo precisaría reforzarlo para sanear balance y deshacerse de los inmuebles que laminaban el beneficio, de ahí la fusión o macroampliación que planeaba el equipo presidido por Emilio Saracho.
El proceder y desarrollo en la Corte de Luxemburgo es, a fecha actual, nuclear porque la Audiencia Nacional ha decidido esperar antes de adoptar un pronunciamiento para evitar contradicciones -en Europa se litiga contra la JUR o Bruselas en un intento de anular la resolución y lograr reparación, y en España contra exgestores, auditora, supervisores, el Frob o Banco de España buscando responsabilidades y recuperar la inversión-. Pero el tiempo para reclamar es limitado. La vía Europea se agotó a los dos meses desde la resolución y el próximo día 8 finaliza el año para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado o emprender una acción civil si compró acciones fuera de la OPV. El plazo es de varios años superior si la inversión fue en la salida a bolsa y en la Audiencia Nacional -vía penal- el delito prescribe a los diez años.
La estrategia de bufetes y clientes es tan diversa como posibilidades pero expertos consultados auguran una multiplicación de procesos por la vía civil por la celeridad y al albur de varias sentencias que ya dan la razón a inversores considerando irreal la información económica que daba el banco. “La situación se decantará en el momento que los peritos declaren que las cuentas eran falsas, sin necesidad de que existan sentencias finales. Ocurrió con Bankia: alrededor del 70% de las resoluciones eran a favor del inversor antes de que saliese el informe de los peritos y el 98% con la publicación, mientras el caso continúa todavía su curso en la vía penal -Audiencia Nacional-”, refiere un abogado.
El factor que suscita máxima coincidencia es el enfado por el secretismo sobre las valoraciones de Deloitte y la información que ayudaría a conocer por qué colapsó la entidad o si sus gestores y supervisores pudieron hacer más por evitarlo. Del problema de liquidez, la enfermedad que causó el desmoronamiento, apenas ha trascendido que apeló a una línea de emergencia del Banco Central Europeo (BCE) días antes de colapsar por 9.500 millones y recibió 3.500 millones por carecer de avales certificados suficientes. Se le agotó el oxígeno y fue incapaz a llegar al fin de semana en el que se planeó su subasta, forzando una presentación de ofertas en horas que solo aprovechó el Santander
En mes o mes y medio se agotará la vía del Panel de Apelaciones de la JUR, que en febrero ya forzó la entrega de varios significativos documentos -la valoración provisional de Deloitte entre ellos o la certificación de solvencia de la JUR- aunque con pasajes, párrafos e incluso páginas ocultos bajo tachones. Esta instancia, conformada por varios expertos independientes, reclamó al organismo nuevos informes el pasado día 16 para decidir si facilita el acceso a las partes de forma confidencial, exige otro destape público o sella el proceso sin más. Los fondos Pimco y Anchorage, y los mexicanos liderados por Antonio del Valle quieren forzar la entrega de algunos al Santander vía EEUU.
Salvo novedades en los próximos días días -hay quien espera sorpresas- el único avance real es en la integración del banco, cuya estructura y balance nada tiene que ver con la existente aquel 6 de junio convirtiendo en inviable retroceder la decisión de la JUR como algunos sueñan y demandan en Europa. El Santander tomó la posesión tras regar sus secas cañerías con 13.000 millones de liquidez y ampliar en 7.000 millones el capital para absorber; pero después vendió el ladrillo a Blackstone y TotalBank, y ha deshecho casi todas las alianzas estratégicas del Popular que en 2019 perderá también su marca.
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