El Banco Central Europeo (BCE) da por descontado que en 2022 sus trabajos supervisores se intensificarán. La autoridad monetaria gobernada por Christine Lagarde calcula que le costará unos 101,4 millones de euros más (+17,5%) su actividad de vigilancia sobre las entidades financieras, de modo que los gastos totales de las funciones de control previstas para este ejercicio ascienden a unos 678,9 millones de euros. Este vaticinio lo justifica sobre todo teniendo en cuenta el retorno esperado a unos niveles de actividad más normales, después de que durante los dos últimos años aminoraran algunas tareas como las visitas a las entidades o las inspecciones in situ.
Las previsiones de gasto para 2022 reflejan la decisión del BCE de agudizar sus exámenes, lo que encaja claramente con los mensajes de prudencia que lanzan constantemente los banqueros centrales. Las exigencias se han vuelto incluso más profundas en las últimas semanas ante el estallido de la invasión rusa sobre Ucrania, el primer conflicto armado en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El BCE sospecha que puede haber riesgos latentes en los balances de los bancos derivados de la crisis sanitaria y del profundo respaldo financiero que dieron al tejido productivo, que aún no ha salido del agujero y debe enfrentarse ahora a nuevos problemas derivados de la volatilidad de los precios de las materias primas y de las energías.
Precisamente en estos momentos, el equipo de supervisión del BCE mantiene un contacto diario con las entidades financieras para recibir feedback sobre las implicaciones prudenciales del régimen sancionador impuesto por Occidente al Kremlin, al tiempo que se asegura de que la banca vigile estrechamente los sectores o clientes afectados indirectamente por la guerra, para lo que monitoriza asimismo el perfil de riesgo. Los bancos españoles, muy expuestos a empresas que podrían tener dificultades debido al nuevo entorno, creen que las provisiones extraordinarias realizadas hasta ahora son suficientes para afrontar una mora de hasta el 7%, nivel en el que fijan el mayor impacto posible.
Las dudas que acechan a la economía, alimentadas ahora con la crisis bélica, obligan a la banca a estar vigilante sobre la evolución de los préstamos, sobre todo porque empezarán a vencer los periodos de carencia de los préstamos avalados por el ICO y a pesar de la flexibilización que esta misma semana ha aprobado el Gobierno. En España se han concedido créditos con el apoyo del Estado y otras instituciones por valor de 132.600 millones de euros, de los que 106.000 millones están avalados por los organismos públicos. Existe un peligro real de que la mayor parte de los potenciales impagos deban ser soportados por los contribuyentes. Este mes de abril es clave, pues es en este momento cuando la carga financiera de las empresas empezará a aumentar.
El organismo con sede en Fráncfort prevé también invertir más en el desarrollo de sistemas de tecnología de la información relacionados con la supervisión bancaria e internalizar los costes de consultoría relativos a STAR (stress test account reporting), la plataforma que recoge y analiza los datos de las tradicionales pruebas de resistencia al sector. La crisis sanitaria cambió las prioridades supervisoras durante los últimos dos años, aunque el gasto se vio compensando parcialmente por la necesidad de digitalizar todos los procesos para sustentar el trabajo en remoto. Este año también se están llevando a cabo los inéditos test de estrés climáticos.
En todo caso, estos costes los asumen en realidad los bancos objeto de 'auditoría', a las que se les cobra una tasa anual. La de este año se exigirá en 2023 y se calculará una vez se conozca el importe real destinado a estas actividades de supervisión. Alrededor del 95,6% lo abonarán las entidades significativas, que en nuestro país son Banco Santander, BBVA, CaixaBank o Banco Sabadell, a las que se les aplica un grado mayor de control, mientras que el 4,4% restante será sufragado por las menos significativas y que están bajo su paraguas de manera indirecta. Cada banco paga en función de su importancia, medida por los activos totales, y su perfil de riesgo, que tiene en cuenta las exposiciones.
De forma adicional a estos ingresos, el BCE cuenta con otra vía de entrada de fondos: las sanciones. De los ocho procedimientos que empezó a tramitar en 2021, siete estaban relacionados con supuestas infracciones de la legislación europea cometidas por entidades significativas y uno por saltarse la normativa nacional. Dos de ellos concluyeron con la imposición de una multa por valor de 615.000 euros al irlandés Allied Irish Banks (AIB) y a su filial EBS. Otros tres continúan investigándose y el resto se tuvo que archivar por falta de pruebas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios