España valora un cambio legal para solucionar el problema social del acceso al efectivo. El Congreso de los Diputados dejará para después del verano la celebración de una sesión plenaria en la que tendrá lugar el debate sobre la conveniencia de aprobar una ley que garantice el servicio de cajero automático en todos los municipios que se encuentran en riesgo de exclusión financiera. La proposición, que ya ha sido remitida a la Cámara Baja, llega del Parlamento de Cataluña, puesto que en esta instancia no se tiene competencias para obligar a una entidad a volver a las zonas rurales.
El afán regulador catalán, con vocación de ser de aplicación en todo el territorio español, tiene tintes de llegar a buen puerto. Así lo aseguran fuentes de los grupos parlamentarios Junts Per Cat (JxCat) y CUP, que junto a Esquerra Republicana (ERC) y Comuns, han registrado conjuntamente esta proposición de ley para hacerla llegar a la Mesa del Congreso de los Diputados y que parte en realidad de una propuesta del conseller Jaume Giró. Están convencidos de que saldrá adelante porque una iniciativa similar y con el mismo objetivo ya ha sido aprobada recientemente con una amplia mayoría en el Senado para ser tramitada. "Sería lo lógico", apuntan en una conversación con La Información.
En caso de que el ala progresista -PSOE y Podemos- dé su respaldo, los impulsores consideran que las posibilidades de lograr una victoria son muy elevadas. No obstante, tendrá que esperar a que pasen las vacaciones. Según el calendario que se maneja, su tramitación en Pleno no llegará hasta después de verano, puesto que entramos en periodo estival y en su mayoría inhábil, y las sesiones extraordinarias ya comprometidas versarán sobre el estado de la Nación o Memoria Democrática.
Reducir la exclusión financiera
La exclusión financiera de una parte de la ciudadanía, derivada del cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década, se ha convertido en una realidad insoslayable, que afecta especialmente a colectivos vulnerables. Los grupos parlamentarios consideran que esta situación ha de ser revertida inmediatamente en pos de la igualdad y la justicia social. Las entidades financieras han recortado el 7,5% de su red de cajeros automáticos solamente desde que estalló en la pandemia del Covid-19, con la destrucción de 3.777 terminales en dos años. Con estos cierres la red se sitúa en el menor nivel desde el año 2000.
A cierre del primer trimestre de 2022 había en España 46.473 cajeros automáticos repartidos por todo el territorio. Este repliegue se produce a pesar de que las retiradas de dinero en efectivo empiezan a recuperarse tras el lógico hundimiento sufrido durante la crisis sanitaria. A ello se le suma el cierre masivo de sucursales derivado de la digitalización y de los nuevos hábitos. Sin embargo, los clientes senior y aquellos ubicados en la denominada como España vaciada empiezan a sufrir las consecuencias de estos planes de reestructuración. Desde el propio Gobierno, a través de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha instado a las entidades a poner remedio a esta situación.
La banca sigue pensando que lo está haciendo bien, pero tras las presiones recibidas ha realizado un análisis a nivel académico que dará a conocer de forma inminente
Este debate lleva desde principios de año sobre la mesa. Nada más estallar, las entidades aseguraron que están satisfechas con el esfuerzo que han venido realizando durante los últimos años para no dejar a nadie atrás y niegan que lo estén haciendo mal pese a los señalamientos públicos por parte de las fuerzas políticas o de hasta algunos colectivos de clientes. En todo caso, las presiones recibidas han llevado a las patronales a doblegarse y a realizar un autodiagnóstico de su situación para poner en marcha en la mayor brevedad posible medidas para atajar las debilidades que se detecten.
Llevan meses trabajando a nivel académico en este mapa que apuntará a cerca de medio millón de personas 'abandonadas' a las que se protegerá. Tienen previsto hacerlo público antes de agosto. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha asegurado que existe un claro compromiso por cerrar los posibles gaps de inclusión financiera. Eso sí, cree que no es fácil porque el cajero automático no lo resuelve todo, a pesar de que las proposiciones que surgen desde la esfera política vayan en la senda de obligar a mantener estas máquinas en las zonas rurales.
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