El control de los organismos reguladores de la actividad económica amenaza con un nuevo pulso en el Gobierno de coalición. La cartera de Economía, con Nadia Calviño al frente, ha acelerado para sacar adelante, hoy mejor que mañana, el proyecto del Organismo Autónomo de Protección del Cliente Financiero, un propósito que esbozó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que la vicepresidenta tercera apadrinó, en 2018, como una de las apuestas estrella de su departamento. Ahora, los técnicos de Calviño forjan entre bambalinas el decreto que dará lugar al nuevo organismo de supervisión. La ministra quiere presentar el proyecto como un hecho consumado ya que la regulación que da origen al denominado como Defensor del Cliente Financiero otorga también un margen de actuación relevante al Ministerio de Consumo bajo control de Podemos y titularidad de Alberto Garzón.
Durante más de tres años, el proyecto quedó estancado. La parálisis política hasta sellar el 'pacto del abrazo' y el estallido, meses más tarde, de la crisis de la Covid-19 retrasaron su puesta a punto. La conmoción por los datos de la pandemia ya es rutina y deja espacio en la agenda institucional para otros menesteres. Calviño parte ahora de un escenario más propicio para poner en marcha este nuevo organismo. Y los últimos movimientos del titular de Consumo urgen a la ministra socialista a blindar el defensor del cliente financiero antes de que su socio de Gobierno aproveche la ocasión que le ofrece la normativa en vigor para reforzar su presencia en una institución que, además de desatascar los juzgados, apunta a resoluciones vinculantes hasta un determinado importe, un 'tope' que los encargados de redactar el texto legislativo aún no han aclarado.
El tiempo corre en contra de la ministra de Economía, que ha recuperado, a buen ritmo, la confección del supervisor, cuyos poderes siguen todavía en el aire, pero que anticipa un refuerzo de competencias para sus miembros. Economía 'pescará' al personal del próximo vigilante de entre los equipos que ya tramitan las reclamaciones en el seno de los otros tres supervisores financieros: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Por su parte, la cartera de Alberto Garzón ya ha acercado posturas con los dos primeros.
Consumo ya influye en las reglas del juego bancario, con su entrada en el 'Plan de Educación Financiera' o su rechazo a la modificación unilateral de las condiciones de las cuentas contratadas.
Ayer mismo, Consumo selló un acuerdo con el BdE y la CNMV para perfilar un Plan de Educación Financiera para, en palabras del ministro de Unidas Podemos, defender a aquellas personas que "por razones económicas y sociales, generacionales o demográficas, se sienten más indefensas ante los abusos y fraudes". El proyecto, que tendrá una vigencia de cuatro años, es solo el último tanto que se ha anotado la cartera para intervenir en las reglas del juego de la actividad económica. El pasado domingo, el ministerio que dirige el líder de Izquierda Unida acordó con las CCAA el rechazo a la modificación unilateral, por parte de las entidades financieras, de las condiciones de un contrato con el objetivo de cobrar comisiones si en el momento de la firma el banco ofrecía cuentas corrientes o de ahorro sin gastos de mantenimiento o sin comisiones.
Las voces que anticipaban que Garzón tomaría el mando de una cartera sin apenas competencias han errado. Por lo menos, eso es lo que pretende el ministro, quien está decidido a exprimir todas las posibilidades que ofrece su departamento. El ejemplo más reciente se halla en el 'giro' de última hora que el ministro introdujo en la conocida como ley antideshaucios, recogida en el Real Decreto 37/2020, aprobado en el contexto de la crisis sanitaria y que apenas cuenta con tres semanas de vigencia. A través del decreto de protección de los consumidores vulnerables, Garzón eliminó la restricción de delito, que impedía paralizar un desahucio en caso de que el juez determinase, por ejemplo, que el okupa había incurrido en usurpación.
Los antecedentes instan a la ministra de Economía a actuar con pies de plomo. Unidas Podemos ya ha entrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuentan con la baza que propician las vacantes aún pendientes de cubrir en el consejo y en la alta dirección del organismo que preside Rodrigo Buenaventura para acceder a la CNMV . Calviño no está dispuesta a allanar el camino del cuarto supervisor financiero a sus socios de Gobierno. Aunque queda por confirmar el poder vinculante de las determinaciones que se tomen en su seno, desde su puesta en marcha, la nueva institución se convertirá en la única entidad de resolución alternativa de litigios para toda la actividad financiera. Como ventanilla única, el vigilante asumirá un amplio espectro de funciones que suponen un 'jugoso' paquete que podría cautivar al ministerio de Garzón.
Desde la cooperación en la resolución de litigios transfronterizos, hasta la anulación de cláusulas abusivas, la cuantificación económica de los daños a reparar por parte de la entidad financiera, o la devolución de impuestos cobrados de forma indebida. Todos estos detalles se incluyen en borradores anteriores al que ahora tiene sobre la mesa el ministerio de Calviño y del que su titular aún no ha dado mayores detalles. De hecho, hay que remontarse a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del 13 de febrero de 2020, para hallar una alusión directa de Nadia Calviño a la creación de esta autoridad de protección: "Estamos avanzando con el trabajo técnico dentro del ministerio en la preparación de este anteproyecto de ley que todavía llevará un tiempo antes de que venga a las Cámaras". Las palabras de la socialista están a un paso de cumplirse, casi un año después.
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