La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha puesto manos a la obra para fichar a un consultor externo con el que dar la batalla a Adif por los cánones. La pugna lleva meses sobre la mesa del supervisor que dirige Cani Fernández, pero la inminente liberalización del sistema ferroviario urge a aplicar las eventuales reformas en paralelo al desembarco de los nuevos operadores. A fin de llevar a buen puerto sus sugerencias sobre la política tarifaria de Adif, Competencia ha iniciado los trámites para contratar a una empresa privada que ayude al regulador a revelar las deficiencias del modelo actual.
La CNMC publicó el anuncio de licitación la semana pasada por un valor estimado de algo más de 99.700 euros para una labor que, como mucho, podrá dilatarse tres meses. En los pliegos de la convocatoria, el supervisor recoge que el objetivo principal del contrato es el cribaje de los costes que Adif tiene en cuenta a la hora de calcular las tasas que impone a los operadores. En concreto, el supervisor quiere estrechar el cerco sobre los bautizados como 'costes no elegibles', esto es, aquellos que la ley dicta que deben ser excluidos del cálculo de los costes directos que acarrea el conjunto de la red ferroviaria.
La lista de los costes no elegibles incluye una quincena de conceptos que vienen pautados desde la UE, en concreto, en el Reglamento de Ejecución 2015/909 de la Comisión Europea (CE), relativo a las modalidades de cálculo de los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario que data de 2015. El artículo cuatro de la citada norma desarrolla esta cuestión y califica de costes no elegibles, entre otros, los costes fijos relacionados con la puesta a disposición de un tramo de línea que el administrador debe sufragar incluso en ausencia de circulación de trenes, los relacionados la obsolescencia tecnológica o los gastos de financiación.
De acuerdo con esta norma, los gastos que subyacen bajo los cánones de Adif deben limitarse a los costes de prestación de los servicios incluidos en bautizado como 'paquete de acceso mínimo' (la utilización de la vía y sus instalaciones) y del acceso a infraestructuras que conectan con las anteriores. En repetidas ocasiones, la CNMC ha investigado el modo en que ADIF y ADIF Alta Velocidad han calculado los costes directamente imputables y, en algunos casos, ha exigido al gestor ciertas modificaciones en sus cábalas.
En la recta final para el aterrizaje de los nuevos operadores, Competencia quiere contar con asesoramiento externo para revisar un sistema tarifario en el que el supervisor ve deficiencias de base. Entre otras cuestiones, la CNMC defiende que las tarifas que el administrador ferroviario cobra a los operadores por el uso de las infraestructuras no dependan de los Presupuestos Generales del Estado, así como que cualquier subida en los cánones se posponga hasta que el país haya dejado atrás la crisis sanitaria.
La CNMC ha marcado el 5 de mayo como fecha tope para recibir ofertas y ha impuesto un plazo de tres meses, sin opción a prórroga, para que el consultor elabore su informe
El pasado octubre, el supervisor que pilota Cani Fernández determinó que la última propuesta de cánones aportada por el gestor de las infraestructuras ferroviarias se ajustaba al marco regulador vigente. Fue entonces cuando la CNMC insistió en posponer cualquier incremento de tasas hasta que no se hayan recuperado los tráficos ferroviarios, muy golpeado por la pandemia. Ante el desplome de los ingresos por las restricciones a la movilidad, el regulador instó al Ministerio de Transportes que encabeza José Luis Ábalos a compensar a Adif. Transportes se comprometió, a finales de 2020, a compensar a la empresa pública por congelar los cánones durante el año en curso.
Con todo, la CNMC insiste en que es necesario revisar el sistema tarifario lo antes posible. De hecho, la licitación de Competencia no contempla la posibilidad de prórrogas a los tres meses de plazo que tendrá la empresa adjudicataria para ejecutar el análisis del actual modelo de cánones. Además, el supervisor ha marcado el próximo 5 de mayo como fecha tope para que los interesados presenten sus ofertas, lo que resalta el interés del regulador por recibir las conclusiones del consultor antes de que Ouigo e Ilsa, próximos competidores de Renfe, se aclimaten a la red ferroviaria nacional.
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