De nada sirve producir electricidad abundante y barata si no se puede llevar al punto de consumo. Sobre ese simple hecho, las energías renovables han vivido una fiebre especulativa que ha convertido el simple derecho de conexión a la red en un activo valioso. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha actuado contra la burbuja con la apertura de un expediente sancionador a Endesa por presunto abuso de su posición de dominio en los puntos de acceso, algo que niega la eléctrica. La intervención de la CNMC se produce después de que el organismo haya recibido en apenas un año 168 quejas que han dado lugar a la apertura de más de 100 expedientes por conflictos de acceso.
Las fricciones por los derechos de enganche a la red no son una novedad. Cada año llegaban a la CNMC entre 30 y 35 casos de reclamación. En 2019, con la explosión renovable y el anuncio de planes para instalar renovables de forma masiva, el mercado de los accesos se convirtió en una selva. Los derechos de acceso eran gratutitos hasta los cambios introducidos por el decreto aprobado en junio de este año. A principios de año, la CNMC acumulaba 104 expedientes pendientes de resolución. El organismo ha ido resolviendo casos, pero fuentes del organismo admiten que quedan decenas por cerrar.
Algunas de las reclamaciones afectaban a dos de los 35 nudos de conexión -hay 410 puntos en total- en los que Enel Green Power, la filial de renovables de Endesa, actúa como guardia de circulación. La denominación legal es la de Interlocutor Único de Nudo y permite a la compañía actuar como intermediario entre los generadores y el operador de la red cuando hay varios peticionarios de acceso en el mismo nudo. Según la compañía, la figura legal está insuficientemente regulada, "obedece a la antigua regulación del acceso y conexión a la red" y ha dado lugar a numerosos conflictos.
Por supuesto, la eléctrica niega las acusaciones de la CNMC de haber actuado como juez y parte y haber beneficiado en los enganches a la red a empresas de su propio grupo. Fuentes de la compañía subrayan que Enel Green Power no tiene posición de dominio en ningún caso, puesto que representa menos de un 10% de los nudos . Y además, añaden, existían alternativas de acceso al nudo por parte de los solicitantes.
El expediente sancionador de la CNMC a Endesa se suma a las acciones impulsadas desde el Ministerio de Transición Ecológica para tratar de frenar una espiral especulativa que ha llevado los números a niveles disparatados. Los datos del gestor del sistema eléctrico -Red Eléctrica de España- llegaron a reflejar un total de 121,7 GW de potencia eólica y fotovoltaica con derechos de acceso y conexión concedidos, más otros 47,6 GW en tramitación. Esa potencia duplicaba las previsiones de nueva energía verde del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta el año 2030.
El Gobierno echó el freno a la especulación con un decreto aprobado en junio que revisó derechos, plazos y condiciones y ofrecíó una retirada a tiempo -recuperando avales- a las adjudicaciones menos sólidas. De la noche a la mañana desaparecieron 40 GW en solicitudes de acceso. El tema es muy sensible. Hay mucho dinero en juego. Sobre el papel, sólo hay un puñado de sociedades con proyectos renovables en marcha. Son las que ganaron las subastas de renovables de 2016 y 2017. Son las Cobra (ACS), Enel Green Power, Forestalia, X-Elio, Naturgy, Solaria, Siemens Gamesa... Pero en el sector, sobre todo en la actividad fotovoltaica, maniobran otros grupos.
Como ha denunciado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, en algunas comunidades, la actividad especulativa copa los nudos de acceso a la red e impide el desarrollo de proyectos locales y de pequeño tamaño. Con las normas ya aprobadas y la circular de la CNMC sobre accesos y conexión pendiente de dictamen en el Consejo de Estado, el panorama se ha aclarado, aunque no por completo.
Los macroparques, al estilo del anunciado por Iberdrola en Extremadura o los que impulsan en Murcia empresas como Cobra (ACS) y fondos austriacos, apuran las solicitudes de puntos de conexión a REE, lo que dificulta que empresas locales y explotaciones agrarias de la zona puedan poner en marcha sus propios proyectos. Así, el 90% de los 3.000 MW fotovoltaicos de la última subasta que se celebró en España se repartieron entre menos de 30 empresas y un 25% está ya en manos de fondos internacionales.
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