Los dos principales grupos de telecomunicaciones del país deberán sentarse a negociar bajo la atenta mirada del regulador después de dos años de 'tira y afloja'. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha obligado a Telefónica a pactar con Orange el acceso a un elevado número de centrales de telefonía en España, en manos de Cellnex y Telxius, para hacer ajustes y una instalación de redes de fibra con la que optimizar también sus redes móviles. Lo hace en un dictamen en el que incluye este servicio dentro de los que deben ser prestados de manera regulada por el antiguo monopolio por su posición en el mercado. Le exige que las conversaciones arranquen en un plazo máximo de dos meses.
Todo se inicia en febrero de 2018. Orange cuenta con una cantidad importante de instalaciones de su red móviles ubicadas en dependencias -azoteas y salas específicas- ubicadas en edificios de Telefónica, en virtud de los acuerdos comerciales suscritos con Telxius -filial de Telefónica- y Cellnex, las dos empresas encargadas de la explotación de esas infraestructuras. En esa fecha, decide formalmente solicitar a la operadora española el tendido de una fibra óptica que permitiera optimizar sus instalaciones y su red móvil -conectando sus nodos de conexión de las azoteas con las conocidas como salas OBA, en el interior- en 49 edificios propiedad de su rival.
Orange entendía que esta petición debía ser considerada como "razonable" y estar regida por la regulación que impone, entre otras obligaciones, la de "atender y negociar las solicitudes de acceso a su infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de alta velocidad". ¿La respuesta de Telefónica? Se negó, defendiendo que no podía estar regida por esa normativa. Le invitó a que le planteara otras soluciones comerciales al margen de las reguladas. Se alcanzó una solución técnica intermedia para algunas centrales que "ha resultado ineficaz", según queda reflejado en la resolución de 24 páginas de la CNMC a la que ha tenido acceso La Información. De esta forma, en abril del año pasado, Orange volvió de nuevo a hacer la misma petición de 2018, pero con dos salvedades: abría la puerta a que fuera la propia Telefónica quien ejecutara los trabajos y ampliaba el número de centrales afectadas a 68. Pero volvió a recibir un 'no' por respuesta con los mismos argumentos.
La CNMC no acogió la pretensión de Telefónica de no incluir este movimiento dentro de la regulación. "El hecho de que el solicitante [Orange] ya disponga en otra sala del propio edificio de conexiones de alta capacidad, hace que el acceso sea proporcionado y equivalente a otros servicios ya regulados", advierte. ¿Y sobre la solución técnica elegida de la fibra óptica? Telefónica insiste en que ha ofrecido una solución "viable y mucho menos intensiva que la ocupación, instalación y mantenimiento por Orange de cables de fibra". Pese a ello, el regulador presidido por Cani Fernández respalda la elección de Orange.
De esta forma, con el beneplácito del regulador sobre la solicitud y sobre la inclusión de esta en la regulación que incluye a Telefónica como operador 'obligado', sólo quedaba por saber cuál sería el precio al que debían acordar el servicio. Orange pedía que a fin de evitar "precios desproporcionados", estuvieran basados en los previstos por la oferta regulada de acceso a la red. Y la CNMC también accede a esa reclamación, pues entiende que en las 'reglas' actuales existen tarifas fijadas para las distintas actuaciones que pueden ser necesarias en este caso.
Tras llegar a esta conclusión, la CNMC se limita a dar un plazo de dos meses para negociar y llegar a un acuerdo sobre este servicio, otorgando así más margen teniendo en cuenta también el "elevado número de ubicaciones" donde Orange solicita el acceso. En caso de que no sea posible y que no se firme la paz, se podría interponer otro conflicto por una de las dos partes. Pero en este sentido, el regulador advierte que podría utilizar precisamente esos precios regulados como referencia para imponer las condiciones.
Cara y cruz regulatoria
Esta es la última de las decisiones que ha tomado el organismo regulador sobre el negocio de Telefónica en España. Entre ellas ha habido luces y sombras para el grupo. La cara fue el espaldarazo que hizo público el pasado mes de noviembre: disparaba el número de zonas de fibra sin regulación, en las que la teleco no deberá ofrecer su red a precios prefijados. Se va a pasar de 66 a 592 municipios de una tacada. Esta era una de las viajes reivindicaciones de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete. Uno de los casos más paradigmáticos se dio en el año 2018. El grupo liderado en España por Emilio Gayo lanzó la oferta de su marca 'low cost' O2 en España. Y debido precisamente a esta diferenciación de zonas reguladas planteó dos precios diferentes dependiendo de dónde se ubicara el cliente.
La cruz la representó la decisión del organismo de exigir una reducción de los precios de sus servicios mayoristas de acceso a su red de fibra tras no haber superado los tests con los que mide si pueden ser replicables por el resto de competidores. El recorte es de cerca de un 5%, al entender que la intensidad promocional "muy relevante" recaída sobre su producto Fusión Base 600 Mb impide a sus rivales ofrecer productos similares.
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