La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no levanta cabeza. La institución que posee acciones de empresas tan variopintas como Airbus, Iberia, Hunosa o RTVE cerró el ejercicio de 2019 con unas pérdidas de 237,5 millones, un 4% más que en 2018, pero más allá de los números rojos que año tras año se ciernen sobre este organismo, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano encargado del control interno del sector público, le ha dado un tirón de orejas. La culpa la tiene el 'falso' control que ejerce la SEPI sobre la televisión pública que ha sido recriminado en el informe de auditoría de la sociedad. Todo ello, en el momento en que este organismo se convierte en el verdadero brazo armado del Estado para la reconstrucción empresarial e industrial tras la Covid-19.
En concreto, el auditor público incluye un párrafo de énfasis en su informe sobre las cuentas de la SEPI en el que le llama la atención por la exclusión de RTVE de su perímetro de consolidación. Este organismo se escuda en que, pese a poseer la totalidad de sus acciones, "no ejerce el control" sobre la sociedad; sería un mero tenedor de acciones, algo que no ha gustado de todo al 'vigilante' de las cuentas públicas, que ha decidido reseñarlo.
En este sentido y amparándose tanto en la Ley del Comercio como en la Ley de Creación de la Corporación RTVE, la SEPI señala que el control de la televisión pública lo ostenta su consejo de administración, "en cuyo nombramiento no interviene en ninguna forma". En este sentido, cabe recordar que este poder le corresponde a las Cortes Generales con el fin de que prime la independencia del ente público. SEPI argumenta, por tanto, en que es el máximo órgano de la compañía y no ellos como accionistas quien ostenta las funciones de representación, administración y de dirección de las políticas financieras y de explotación de la sociedad.
Además, en este sentido, SEPI destaca que existen claras pruebas de ello. Por ejemplo, reseña que los presupuestos anuales son de exclusiva competencia del consejo de administración, señalando además que RTVE no está sometida a los controles internos que efectúa a sus entidades participadas de forma mayoritaria. El organismo que capitanea Bartolomé Lora de forma interina "no puede intervenir en la gestión diaria de la sociedad al no tener capacidad", reitera.
Pero el trasfondo de esta cuestión va más allá. Hay que remontarse a marzo de 2007 cuando, por acuerdo del Consejo de Ministros, SEPI adquirió la totalidad de las acciones de RTVE para entender este 'falso' control que ahora afea el auditor. Entonces, tras varios dimes y diretes, a la sociedad que posee las participaciones públicas no le quedó más remedio que aceptar dicho encargo gubernamental, que implicaría importantes reestructuraciones en la televisión pública.
SEPI sin presidente y con el mayor reto por delante
Ahora y pese a la situación de interinidad que vive desde hace meses SEPI -desde la salida de Vicente Fernández de la presidencia por su imputación en el caso de Aznalcóllar Bartolomé Lora ha ocupado la presidencia- llega uno de sus momentos más importantes en la historia del organismo. El Ejecutivo acaba de aprobar un fondo de 10.000 millones de euros que gestionará esta institución dedicado a 'salvar' empresas estratégicas que se hayan visto afectadas por la pandemia de la Covid-19. Serán las propias compañías las que tengan que solicitarlo y varias ya lo han hecho.
Para acceder a esta liquidez se podrá hacer de varias formas que van desde un préstamo participativo hasta la entrada del ente público en el capital. Es precisamente este último punto el que causa cierta controversia, más si se tiene en cuenta el caso que ahora critica el auditor. De acuerdo con la teoría, la entrada en el accionariado llevaría aparejada la entrada en el consejo de administración de la sociedad, lo que daría como resultado un cierto control de su actividad. Muchas compañías recelan de este punto, que podría verse en entredicho si se tiene en cuenta el caso de RTVE. Dicho de otro modo, los aspirantes a las ayudas públicas podrían apelar al ejemplo de la Corporación audiovisual para eludir el control directo del Estado que deberá ejercer la SEPI en su condición de titular accionarial, parcial o total, de las empresas en dificultades.
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