La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el proyecto estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, va a obligar a hacer horas extra a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. La comisión debate el proyecto presentado por el Ejecutivo y ha ampliado por segunda vez desde septiembre el plazo de presentación de enmiendas que ahora finalizará el 7 de octubre. Las medidas contenidas en el proyecto de ley para prohibir la venta de vehículos que emitan Co2 a partir de 2040 o el veto a las propecciones de hidrocarburos en tierra y en el mar se van a completar con el veto a otras actividades como la extracción de minerales radiactivos, lo que puede afectar al polémico proyecto de la minera australiana Berkeley en Salamanca.
El proyecto de Ley de Cambio Climático es uno de los pilares fundamentales de la acción política del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez; la autopista que debe llevar a la economía del país a conseguir la neutralidad en emisiones de carbono en 2050 y una generación de electricidad 100% renovable. El simple anuncio de las intenciones del Gobierno -especialmente en lo referido al automóvil- desató una polémica que duró meses. Se abrieron distintos frentes que ahora culminan en una avalancha de enmiendas.
Los puntos de fricción principales fueron tres: con la industria del automóvil y las petroleras por la prohibición de vender nuevos coches con motor de combustión a partir de 2040; con las comunidades autónomas por sus competencias en edificación y transporte, los sectores clave para reducir emisiones; y con las empresas que transportan y distribuyen electricidad y gas porque la norma estrecha el control sobre sus operaciones. Con el automóvil, el debate está encarrilado. Las medidas sobre los coches de combustión se ajustan a la senda que marca Bruselas y la asociación de fabricantes Anfac ha calificado el proyecto como una iniciativa positiva.
Más polémica
Quedan otros puntos de polémica. El proyecto contempla la salida del Estado de todos los activos en empresas o entidades con actividad que tengan relación con productos energéticos de origen fósil y la prohibición de nuevas autorizaciones de exploración de hidrocarburos, permisos de investigación o concesiones de explotación en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el fracking y las concesiones de exploración marina no se podrán prorrogar más allá de 2042. La prohibición de buscar y extraer petróleo o gas no parece un problema: la producción en España de los últimos doce meses de -80.000 toneladas- no alcanza para cubrir un día de consumo.
El trámite de enmiendas, sin embargo, puede abrir más frentes de polémica. Unidas Podemos y el PSOE -los socios de Gobierno de coalición- han avanzado en la presentación de una enmienda para ampliar la lista de prohibiciones. Afectaría a la prospecciones relacionadas con minerales "sensibles", como el uranio. La enmienda pondría en cuestión el proyecto minero del grupo Berkeley en Salamanca, muy cuestionado por Unidas Podemos y las organizaciones ecologistas.
Puede ser el último envite. El Ministerio de Transición Ecológica busca desde hace tiempo resquicios legales para cortar el nudo gordiano construido durante una década por Berkeley en Retortillo (Salamanca). El ministerio no lo tiene fácil. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente para prorrogar la autorización de emplazamiento concedida en 2015 por el Gobierno del PP y Berkeley se ha convertido en una prueba para la coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP). La formación de Pablo Iglesias presiona para que el Ejecutivo acabe de una vez por todas con el proyecto que considera meramente especulativo.
Un punto oscuro
El capítulo de enmiedas y prohibiciones en la tramitación de la norma choca con otro punto oscuro: qué va a suceder con los planes del Gobierno vasco para mantener los trabajos de exploración del proyecto Armentia en Subijana (Álava). El proyecto analiza la posibilidad de extraer hidrocarburos y de paso consolidar los derechos de explotación -a través del EVE y de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa)- de una bolsa de gas capaz de asegurar el suministro energético del País Vasco durante 60 años.
El Gobierno vasco logró en noviembre de 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica una declaración de impacto ambiental favorable para trabajos de exploración, aunque matizó que la declaración no implicaba autorización de exploración. El Ejecutivo vasco mantiene los trabajos y ha tratado de calmar las críticas desvinculando las actividades de exploración del yacimiento de la polémica técnica del fraking -inyección de agua a presión para romper la roca y extraer el gas-. El Ente Vasco de la Energía asegura que los permisos y los trabajos en Álava "se desarrollan con técnicas convencionales de principio a fin". En teoría, y según el borrador de la ley en tramitación, las instalaciones en activo tienen que presentar cinco años antes de que expire su concesión un informe para su reconversión. No está claro si afecta o cómo afecta al plan del Gobierno vasco.
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