Pese a que la central de compras conjunta que crearon Dia y Eroski se disolvió hace tres años, el proyecto sigue dando coletazos a una de las partes, concretamente a la cadena de supermercados del fondo de inversión Letterone. La sanción de casi siete millones de euros impuesta desde el Ministerio de Agricultura por supuestas prácticas abusivas con proveedores y por compartir información confidencial, entre otros motivos, está pendiente de resolverse, después de que la compañía agotase la vía administrativa y se decidiese a explorar la judicial, que entra ahora en la recta final.
La cotizada española sigue convencida en poder darle la vuelta a la situación. Es por eso que ha presentado recientemente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, desde donde se emitirá un fallo en firme, según el último estado de gestión de la compañía, presentado esta semana en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de sus resultados semestrales. En esta actualización, Dia avanza que el alto tribunal es el último recurso pendiente antes de dar por zanjado el problema, pues ha intentado previamente -y sin éxito- vencer a Agricultura en la Audiencia Nacional. Consciente de la posibilidad de perder finalmente la batalla en los próximos meses, la cadena ha provisionado 6,8 millones de euros. Esta cifra supone casi un tercio de todas las provisiones de la compañía por causas legales.
El enfrentamiento entre compañía y administración se remonta a 2016. Ese año, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, abrió un expediente sancionador a Dia, en el que se le imputaban distintas infracciones graves descritas en la ley para mejorar la cadena alimentaria (Ley 12/2013). En suma, el expediente de la entidad pública contabilizaba hasta 88 supuestas irregularidades llevadas a cabo por esta central de compras. Todo ello desembocó en una sanción firme en la vía administrativa en 2018.
Casi la mitad de estas prácticas, según Agricultura, se debían a la exigencia de pagos adicionales a los proveedores sobre el precio acordado inicialmente en el contrato. A este respecto, Dia alegaba una interpretación "expansiva" por parte del ministerio, "manifestando incluso sus serias dudas de que la Administración tenga una idea clara de qué es un pago adicional sobre el precio pactado", según reza el fallo de la Audiencia Nacional consultado por La Información. No obstante, para la justicia sí quedaron acreditadas estas prácticas, teniendo en cuenta los testimonios practicados en sede judicial. Entre los fabricantes implicados en el proceso estaban Dr. Oetker, Coca-Cola, Hero, Ferrero o Bacardi.
Pese a lo expuesto, la justicia ha aceptado el recurso de casación de Dia, aunque poniendo el foco en otra acusación: la revelación de información sensible. La investigación tratará ahora de esclarecer si la central de compras de ambos supermercados vulneró el secreto comercial al compartir parte de los datos de fabricantes con sus dos asesores externos: la consultora Accenture y el despacho de abogados internacional Clifford Chance.
Dia siempre ha defendido que la conclusión a la que llegó Agricultura era muy distinta a la que tenía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que archivó una denuncia similar de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y por la asociación de marcas líderes, Promarca, por los mismos motivos. "La fuerza de negociación que los proveedores mantienen sigue siendo suficiente para contrarrestar el refuerzo del poder de compra por parte de DIA y Eroski", argumentó en su resolución el organismo presidido entonces por José María Marín Quemada.
Una alianza que terminó en ruptura
La alianza entre los supermercados se inició en 2015. La buena sintonía que mostraron después de que Dia comprara 144 establecimientos a la firma vasca por 135 millones de euros -eran locales situados en el centro y sur de España- fue a más con el anuncio de un acuerdo a largo plazo para realizar compras conjuntas a los proveedores.
Esta suma de fuerzas tomaría forma más tarde, en 2017, con otro pacto, en este caso para crear Red Libra, una nueva sociedad que tendría entre sus funciones la adquisición de materiales y suministros necesarios, además de la negociación con proveedores de marcas de distribuidor. El objetivo, según plasmaron en su comunicado oficial, era "maximizar la relación calidad–precio ofrecida al consumidor". La sede operativa estaría Madrid y el capital se repartiría a partes iguales. En el plano organizativo, la presidencia no ejecutiva correría a cargo de Eroski, mientras que Dia pilotaría la dirección general.
No obstante, apenas un año después saltaba la sorpresa: "Tras su primer ejercicio, ha quedado extinguido el acuerdo que dio lugar a la creación de Red Libra", afirmó Dia. "Tanto Dia como Eroski seguirán manteniendo políticas comerciales totalmente independientes", añadió la compañía que entonces no estaba bajo el control del fondo de inversión Letterone. Meses después trascendería que ambas cadenas de supermercados se reclamaban entre 40 y 60 millones de euros por el precipitado cierre de dicha alianza. La batalla iba a librarse en la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de España (CIMA), pero finalmente limaron asperezas y renunciaron "irrevocablemente" a sus reclamaciones.
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