Todo estaba preparado para que la segunda reunión fuera la definitiva. Pero no fue así. El sector del taxi y el Ministerio de Transportes se han levantado de la mesa este jueves sin acuerdo sobre el nuevo decreto ley que pretende frenar un potencial aluvión de licencias VTC tras la sentencia del tribunal europeo. La amenaza de movilizaciones se mantiene, pero dan una semana de plazo al Ejecutivo para llegar a un documento definitivo. Una de las claves de la negociación radicaría en si se lleva a cabo un bloqueo de toda autorización nueva, con retroacción total, sin que se produzca una lluvia de reclamaciones de daño patrimonial al Estado por los solicitantes de estos permisos (como sucedió con el anterior 'decreto Ábalos'). Este viernes habrá reunión con dos de las patronales de este sector, después de que éstas lanzaran duras críticas por no haber sido convocados en esta primera fase de definición de la enésima reforma legal.
El taxi admite que existe "buena voluntad" por parte del departamento dirigido por Raquel Sánchez. En las organizaciones confiaban en contar con un documento encauzado tras esta segunda reunión. Pero los flecos legales son muy relevantes. El sector exige que haya un bloqueo total. Y el objetivo prioritario no son las licencias que han sido solicitadas a partir de finales de 2018 en adelante. Lo que buscarían bloquear es la concesión de las que han sido solicitadas antes del llamado 'decreto Ábalos'. Hay miles que han sido pedidas por varias compañías, entre ellas Cabify. Estas podrían hacer trayectos urbanos, pues son previas a ese decreto, durante el periodo de gracia de cuatro años.
Esas miles de licencias que podrían operar durante cuatro años 'extra' son la gran preocupación del taxi -y de un sector de la VTC también-. Pero un bloqueo total sobre las mismas podría generar un problema legal importante por esa retroacción jurídica. El equipo legal de Transportes teme que puedan surgir reclamaciones patrimoniales como las que se llevaron a cabo después del 'decreto Ábalos'. El TJUE hablaba de razones medioambientales y de otro tipo para justificar la restricción del 1-30, pero se trataría de ponerla en marcha para las nuevas autorizaciones y las que han sido solicitadas y están judicializadas.
Desde el sector del taxi insisten en que la reunión ha sido "bastante fructífera". "No acabamos de cerrar un acuerdo por algunos puntos que son poco flexibles por nuestra parte", apuntan. Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio vuelven a señalar la "buena disposición" de ambas partes para llegar a un acuerdo sobre la modificación de la normativa vigente. "Se avanza para incluir medidas que refuercen la lucha contra el fraude y facilitar la convivencia entre el taxi y las VTC", apuntan desde el departamento.
La VTC ha criticado duramente su ausencia en las negociaciones y Fomento ha accedido a mantener un encuentro con patronales este viernes
En los últimos días, la presión de las VTC no ha dejado de crecer, con cartas al propio Ministerio -por parte de Movea- y a la Comisión Europea -de Feneval y Unauto- para pedir que se frenara esta modificación legal que "favorece al taxi" o, al menos, mantener una negociación con el sector. Finalmente, el Gobierno ha accedido a cerrar un encuentro con Feneval y Unauto, dejando fuera a la tercera firma, Movea, que representa principalmente a los autónomos que operan en el sector. Ésta ha reclamado estar presente en el encuentro.
Ante este escenario, en el sector del taxi siguen manteniendo la amenaza de huelga y movilizaciones para la próxima semana. Desde Antaxi han desconvocado la manifestación que estaba prevista para este jueves para "dar oxígeno" al Ministerio de Transportes. Desde Élite Taxi también deciden frenar cualquier movimiento mientras se llega a un pacto definitivo sobre el texto.
Esto es una carrera legislativa 'a contrarreloj' en plena campaña electoral y bajo amenaza de movilizaciones. Todo apunta a que será difícil que haya un documento definitivo antes del próximo Consejo de Ministros fijado para el martes 26 de junio. Quedaría por tanto menos de un mes para las elecciones del 23 de julio. La aprobación del documento es sólo el primer paso. Necesitaría la convalidación a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde el PSOE tendrá que arrancar el voto de otros grupos políticos.
El origen del conflicto
El antecedente de este intento 'exprés' por blindar ese 1-30 a través del decreto ley es la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Los magistrados confirmaron que esa ratio respecto al taxi incumple la normativa europea y, por tanto, es contrario al derecho comunitario. Sin embargo, creen que exigir la obtención de un permiso adicional al previsto a nivel nacional, como hace Cataluña y otras comunidades autónomas, "puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público". Este posicionamiento hace que el Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra, tenga un camino más o menos marcado de cara a la sentencia que debe emitir.
En este conflicto, el papel de la política, como ha sucedido en otras fases, está siendo clave, especialmente a las puertas de una nueva campaña electoral. Élite Taxi pidió oficialmente el voto para el Partido Socialista de Cataluña en las municipales y, finalmente, es su candidato, Jaume Collboni, el que asumirá la alcaldía con los votos del PP. El PSC ha sido particularmente cercano al sector del taxi en Cataluña, donde el decreto 'anti-VTC' ha impactado de lleno en las plataformas. La ministra, Raquel Sánchez, pertenece al PSC y es miembro de su ejecutiva.
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