Las comercializadoras independientes de energía comienzan el nuevo año con optimismo tras dejar atrás lo peor de la crisis y una vez se ha puesto fin a determinadas medidas regulatorias aprobadas por el Gobierno que, en su opinión, les han perjudicado en beneficio de las grandes eléctricas incrementándose la brecha en número de clientes y dominio del mercado.
El sector venía años atrás de un proceso de liberalización lento pero continuo y se frenó en seco por la situación anómala de los altos precios de la electricidad y la mayor presión regulatoria. Antes de la crisis de precios de la energía, las pequeñas comercializadoras ganaban cuota ante la mala percepción de marca de los grandes grupos entre la sociedad, pero a raíz de la subida de las cotizaciones del gas y los derechos de emisión de CO2 y la posterior invasión de Rusia a Ucrania, las compañías más pequeñas empezaron a soportar varias obligaciones adicionales y de ahí se dio lugar un reguero de quiebras e inhabilitaciones. Por el contrario, las grandes se han hecho más fuertes.
En concreto, el año pasado fue el peor de su historia y ya en octubre de 2021 la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) advirtió del "riesgo de desaparición de la competencia en los mercados eléctrico y gasista tras las últimas reformas legales impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".
Sin la subasta obligatoria que prometió el Gobierno
La patronal, de la que forman parte compañías como Acciona Energía, Cepsa, Engie España, Factorenergía, Feníe Energía o TotalEnergies, viene reclamando, entre otras cosas, la convocatoria de las subastas de energía eléctrica inframarginal -la producida por las tecnologías más baratas- que prometió el Gobierno en el Real Decreto-Ley 17/2021. El departamento que dirige Teresa Ribera pretendía obligar -antes del 31 de diciembre de 2021- a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y consumidores industriales. Sin embargo, no se ha producido tras el revuelo que se armó. Las grandes alegaron que suponía “quitar energía a unos para vendérsela a otros” y que ya tenían toda su electricidad comprometida a años vista.
En la misma línea, ACIE ha denunciado que el límite a la venta de la generación inframarginal de las eléctricas verticalmente integradas tan solo ha servido para favorecer a las grandes compañías del sector. El mecanismo obligaba a las empresas a entregar los ingresos que obtenían por encima de 67 euros megavatio hora (MWh) por la venta de electricidad producida con nuclear, parte de las renovables e hidroeléctricas y, según las fuentes consultadas por La Información, estas han preferido invertir en conseguir clientes antes que devolver el beneficio, dando lugar a una mayor concentración de mercado y dejando la recaudación por debajo de lo esperado. Una vez eliminado el mecanismo de minoración, las mismas fuentes auguran que cambien las tornas. “Puede que estos prefieran cobrar del ‘pool’ antes que invertir en nuevos clientes (bilateralidad)”, subrayan las mismas fuentes.
Volver a ritmos de crecimiento anteriores a la crisis
Por su parte, desde ACIE señalan a este medio que el cambio regulatorio, junto con la bajada de precios de la electricidad, permitirá que el mercado retome los ritmos de liberalización anteriores a la crisis energética. "Vemos positivo que entre las medidas de protección al consumidor eléctrico se haya decidido prorrogar y dar prioridad a las medidas que no interfieren en el funcionamiento de mercado como la reducción del IVA o la eliminación de medidas más intervencionistas como el límite de precio de 67€/MWh que favorecía acuerdos intragrupo entre los agentes dominantes", indican.
Esta situación ha sido denunciada por la asociación en numerosas ocasiones ante Transición Ecológica. La patronal asegura que esta coyuntura ha ocasionado que las grandes compañías eléctricas ganen cuota de mercado durante estos años, en detrimento de la libre competencia y sin que se hayan implantado mecanismos que favorezcan la capacidad competitiva de los agentes independientes.
Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol: el 81,8% del mercado
Según los últimos datos oficiales -no provisionales- de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tan solo entre cuatro grupos -Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol- controlan el 81,8% del mercado libre, con 17,5 millones de puntos de suministros, frente al 18,2% del resto de comercializadoras, con 3,9 millones de puntos de suministro. En España hay alrededor de 30 millones de clientes de electricidad, de los que 21,5 están en el mercado libre y 8,5 millones, en el regulado (PVPC).
El periodo 2021-2023 ha sido especialmente duro para las comercializadoras independientes y muchas de ellas no han podido hacer frente a las garantías que se les exige para acceder al mercado mayorista. Bajo este contexto, a finales de 2021, la CNMC aprobó medidas para aliviar las cargas financieras a estas compañías y consumidores directos en sus operaciones de compra y venta en el mercado eléctrico. También modificó las reglas de los mercados eléctricos diario e intradiarios, e incorporó un mecanismo de pago anticipado, previo a la emisión de las liquidaciones semanales, que permitió a las comercializadoras que compran energía en el mercado liberar sus obligaciones de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas. Un año después adoptó nuevas medidas para aliviar la presión financiera, entre las que destacaba la eliminación la de la garantía operación adicional intramensual.
Sin embargo, la puesta en marcha de la 'excepción ibérica' -el 15 de junio de 2022- les asestó otro duro golpe. Se vieron obligadas a presentar un mayor respaldo económico para poder participar en el ‘pool’, unido a una mayor dificultad para acceder a avales bancarios. El volumen de garantías, a grandes rasgos, debía cubrir las obligaciones de pago resultantes de la actividad semanal.
Otra de las grandes quejas de las independientes es que están en desventaja frente a las empresas que están habilitadas -por el Gobierno- para ofrecer la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural. ACIE señala que la TUR establece un precio final a los consumidores por debajo de aquel al que las compañías compran el gas en el mercado mayorista. "Simple y llanamente expulsa del mercado a todas las empresas que no son dichas comercializadoras de último recurso", afirma. El interés por la TUR se disparó tras la crisis al estar subvencionada por el Estado, en un momento en el que el precio del gas en los mercados internacionales llegó a máximos históricos.
