El Gobierno rastreará nuevamente la movilidad de los españoles, pese a que el estado alarma no esté decretado y el coronavirus vaya amainando a medida que avanza la vacunación. El Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos quiere llevar a cabo un nuevo proyecto por más de dos millones de euros que se encargue de averiguar si los españoles prefieren el coche privado, el tren o el avión, entre otras opciones, para moverse alrededor del país. La iniciativa, bloqueada en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) hasta el pasado mes de febrero, se pondrá en marcha en los próximos meses.
Es el intervalo de tiempo que calculan en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la división del ministerio encargado de este proyecto. Las fuentes consultadas inciden en que está previsto que en "los próximos días o semanas" se terminen de cerrar los detalles.
El rastreo de la posición de los teléfonos móviles se ha convertido en un tema controvertido desde que el Gobierno lo empleó en plena crisis del coronavirus. Sonado fue el contrato para un “estudio de la movilidad” de los españoles por la situación generada por la pandemia que fue encargado por el Ministerio de Sanidad. También el que adjudicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar el movimiento poblacional de manera general a partir de datos de Telefónica, Orange y Vodafone. El motivo de controversia, siempre el mismo: las dudas injustificadas sobre el anonimato de esos datos.
Transportes, por su parte, ha puesto en marcha iniciativas similares mucho antes de la crisis sanitaria. Bajo el nombre de proyecto Movilia, el ministerio dirigido por Ábalos elaboró los primeros análisis de movilidad en el 2006, cuando el método escogido no era la tecnología big data, sino uno mucho más costoso y laborioso: una encuesta telefónica masiva.
En resumen, este tipo de trabajos permite estudiar todos los viajes de los españoles de más de 50 kilómetros entre las provincias de la España peninsular, las islas de los archipiélagos canario y balear, Ceuta y Melilla. En los datos agregados también se recogen los viajes con origen o destino en el extranjero, identificando así cuáles son los modos de transporte utilizados: carretera, ferrocarril, aéreo o marítimo. Los resultados ofrecen todo tipo de conclusiones, desde el número de noches que pernocta un ciudadano de Madrid o Barcelona hasta cuáles son los lugares más visitados.
Desbloqueo judicial
La reanudación del proyecto Movilia llega tras una resolución judicial del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La Secretaría de Estado lanzó un concurso para la búsqueda de una empresa que fuese proveedora de datos, pero se topó con la oposición de una de las candidatas.
La firma en cuestión, Teralytics AG, una consultoría de transporte con sede en Zürich (Suiza) y oficinas en Madrid, llevó los pliegos ante este tribunal administrativo porque a, su parecer, eran contrarios a derecho. En la documentación consultada por este medio, el razonamiento de la sala fue contrario a la firma helena, por lo que desestimó su petición y acordó "levantar la suspensión del procedimiento de contratación" que se había acordado de manera cautelar.
Todavía no se sabe quién será la empresa adjudicataria del proyecto, cuyo importe asciende a más de dos millones de euros. Las compañías en liza hasta el momento eran -dejando de lado a Teralytics- alianzas entre empresas de distintos sectores. Una de ella la componen la empresa Kido Dynamics con la firma CPS; otra la formaba la consultora Nommon junto a Orange España, quien ofrecía los datos agregados y anonimizados de las líneas de las que es titular. La apuesta en solitario la realizó Tinámica, una compañía que se autodenomina como "especializada en extraer alto valor de los datos" a través de soluciones tecnológicas basadas en ecosistemas big data, machine learning, inteligencia artificial y análisis cognitivo.
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