Temor a nubarrones en la operación corporativa estrella en Telefónica. El regulador de la competencia de Reino Unido, conocido por las siglas CMA, ha entrado en escena pidiendo ser el que decida sobre si dar luz verde a la fusión de O2 y Virgin, una operación que permitiría a la operadora española reducir en más de 6.200 millones su deuda financiera. El organismo británico quiere ser el 'juez' y que la Comisión Europea le ceda el testigo. En caso de que así fuera, el retraso es el principal temor. Y éste podría llegar a ser de hasta un año, lo que llevaría al cierre de la fusión al ejercicio 2022.
Todo arrancó hace una semana. La teleco presidida por José María Álvarez-Pallete presentó las credenciales de la 'joint venture' ante Bruselas, tal y como adelantó La Información. Lo hacía dando algún detalle 'extra' más en el documento de resumen, al confirmar que en principio incluye su porcentaje de las filiales que comparte con Vodafone, para la gestión de las torres de telefonía, y con Tesco, para la venta de paquetes de tarifas móviles. Acudían a la Comisión porque, en base a la normativa actual, es la Dirección General de Competencia la que debe dar su bendición. Pero todos, incluido el equipo legal de las dos operadoras, daban por hecho que la CMA entraría en acción. Y así ha sido.
"Como la fusión sólo afectará a los consumidores de Reino Unido, y los efectos sólo se sentirán después del final del periodo de transición [del Brexit], es correcto que la CMA lo solicite", apuntaba en su comunicado. Esa es la alegación que hacen: aunque jurídicamente hoy le corresponde a Bruselas, ellos creen que son la voz autorizada, dado el horizonte de la salida de la Unión Europea del país dirigido por Boris Johnson. De esta forma, la Comisión tiene hasta próximo 5 de noviembre para dar una respuesta: si autoriza la operación o si entrega el caso a sus 'colegas' británicos.
En Telefónica hay una preocupación clara ante esa posible cesión del caso. Y la razón está en los tiempos. Según confirman fuentes conocedoras, esto supondría hasta doce meses más de espera, pues habría una primera fase de entre 6 y 8 meses donde debería estudiar toda la documentación entregada. Y sería probable la apertura de una segunda fase que se alargaría un mínimo de otros tres meses más pero que, en base a la envergadura de la transacción, llegaría incluso a los seis. En otro orden de magnitud muy diferente, ese plazo de doce meses se ha dado en operaciones como la de las plataformas de reventa de entradas online Viagogo y Stubhub, que está encallada desde diciembre y se espera una respuesta justo doce meses después, o la entrada de Amazon en el accionariado de Deliveroo.
"La transferencia del caso a la CMA retrasaría este proceso y nuestra capacidad para seguir adelante con la mejora de la infraestructura de banda ancha y 5G del Reino Unido, al tiempo que se crean nuevos puestos de trabajo en el Reino Unido", aseguraban en una declaración conjunta ambas compañías, que insistían en que la Comisión Europea debería aprobar "rápidamente" la transacción pues "respeta las normas de la competencia y traerá beneficios sustanciales a los consumidores de Reino Unido". En ambos casos hay prisas para tratar de extraer lo antes posible todas las sinergias -que se estimaban en más de 6.250 millones de libras- en mitad de una nueva oleada de consolidación en el sector.
El Brexit es un factor que lo distorsiona todo, pues hay una pugna política entre ambas partes que podría afectar a esta decisión. Bien es cierto que el análisis va a estar bordeando los plazos, pues el periodo de transición acaba el 31 de diciembre. Según explican fuentes cercanas a la operación, el acuerdo UE-Reino Unido contempla que el Gobierno de Bruselas es competente para conocer el caso aunque los efectos sean en el mercado británico y sólo se justificaría el traslado a la CMA en caso de que hubiera problemas de competencia importantes.
Los antecedentes son claros. En la compra de O2 por la hongkonesa Hutchison en el año 2015, que implicaba la reducción de competidores al fusionar la filial de Telefónica con el operador Three en el país, la CMA también hizo un intento similar, alegando precisamente esa autoridad al circunscribirse al mercado británico. Ahí había un añadido: British Telecom había decidido acudir a ellos para que autorizaran la compra del operador móvil EE por 12.500 millones de libras en esas fechas. Finalmente, Bruselas decidió asumir el protagonismo. Pero la CNMC del país quiso presionar para que se tumbara la adquisición y propuso una serie de medidas correctoras (conocidas como 'remedies').
Un termómetro para las fusiones
Todas las operadoras del sector en Europa miran a Bruselas en esta ocasión. Y lo hacen en el inicio de una ola de consolidación con la que se podrían reducir el número de competidores en los próximos años. Se da por hecho que habrá más uniones y fusiones y la posición que marque la Comisión podría servir como termómetro para otras operaciones que se den en el futuro. No sería decisivo, pero sí importante. La razón: se trata de una adquisición dentro de un mercado, un movimiento que tendría una mayor facilidad para lograr la luz verde. El verdadero reto vendrá con las uniones entre operadores de diferentes países con tamaño significativo.
Los analistas son más optimistas. Y las empresas (y sus inversores), también. Uno de los puntos a favor, y que puede marcar las decisiones futuras de las autoridades de la competencia, es el fallo del Tribunal General de la Unión Europe (TGUE) del pasado mes de mayo en el que tumbó la decisión de vetar, precisamente, la compra de O2 por Hutchison en el año 2015. El tribunal entendía que los efectos alegados sobre la afección en los precios y en la calidad de los servicios no habían quedado suficientemente demostrados.
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