Los planes del grupo inversor húngaro Magyar Vagon (Ganz-MaVag) para hacerse con todo el capital de Talgo han despertado todas las alarmas en el Gobierno. Si bien el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, tomó la delantera hace escasas semanas para hacer público el interés del Ejecutivo en mantener el "control estratégico" del fabricante de trenes, este miércoles era el titular de Transportes, Óscar Puente, el que confirmaba que desde Moncloa se hará "todo lo posible" para frenar la opa húngara sobre el fabricante de trenes español.
La advertencia del ministro llegó en un momento crucial en la negociación que el grupo húngaro que dirige el empresario András Tombor mantiene con los bancos financiadores de la deuda de la compañía ferroviaria. Desde el entorno de la propia empresa española se esperaba incluso que la presentación de la oferta sobre el 100% de sus acciones -a 5 euros por acción que pone un precio al fabricante de 632 millones- se produjera esta misma semana, después de que el consorcio húngaro haya cerrado los últimos flecos para conseguir la luz verde de los bancos que tenían préstamos activos con el fabricante, con opción de aplicar el control del cambio de titularidad.
Desde que este periódico adelantó el pasado noviembre los planes del 'holding' magiar para hacerse con la histórica constructora ferroviaria española, el Gobierno ha puesto el foco en preservar el peso estratégico que tiene el grupo vasco en el mercado de fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad. Según fuentes del mercado cercanas a la compañía consultadas por este medio, si recopilamos todos los trenes que superan los 250 kilómetros por hora y todos los operadores que compiten en la explotación comercial en la actualidad, Talgo sostiene una cuota de mercado cercana al 35%.
Implicaría la intervención de la CNMC
La significativa penetración que el fabricante mantiene en la industria de infraestructuras ferroviarias otorgan a Talgo una posición estratégica, como esgrimió el jefe de la cartera de Industria. Fuentes del ámbito político cercanas a la operación advierten, además, que este proceso sería incluso susceptible de intervención de organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para analizar los efectos de la entrada del consorcio húngaro en una empresa tan significativa del sector ferroviario español.
El artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia, que identifica las circunstancias que implican la aplicación del procedimiento de control previsto en la mencionada ley sobre las concentraciones económicas analizadas podrían avalar esa opción. La primera de las circunstancias que activan la intervención de Competencia reside en que el resultado de la adquisición conlleve a una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante del servicio en el ámbito nacional.
La condición de este último umbral no se podría aplicar en el supuesto caso de que el volumen de negocios global en España de la sociedad resultante adquirida no superase los 10 millones de euros en el último ejercicio, pero las cuentas referentes a 2023 que el fabricante español presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada registraron una facturación de 221 millones de euros sólo en su negocio nacional.
Las mismas cuentas también reflejaron la apuesta del grupo por apuntalar su volumen de negocio en el extranjero, donde duplicó la cifra desde los 222 a los 430 millones de euros gracias a la consolidación de su presencia en la Unión Europea, un mercado en el que multiplicó casi por siete sus ingresos del año anterior hasta los 273 millones. Su expansión internacional ha llevado al grupo a situar su cartera de pedidos en máximos históricos con más de 4.200 millones de euros en contratos que dan visibilidad de actividad industrial hasta 2030, algo que las fuentes consultadas también consideran como un activo estratégico que debe tener en cuenta el Gobierno.
Los vínculos rusos, en el foco de la operación
Otra de los motivos de peso que elevan la oposición del Gobierno a que la empresa húngara se haga con el control de la firma española, según ha trasladado Óscar Puente fuera de micrófonos este miércoles, es el vínculo de Magyar Vagon con inversores rusos o, incluso, con el propio Gobierno de Vladimir Putin. Tal y como informó este periódico, los recientes vínculos rusos del grupo privado propietario de la privatizada Dunakeszi Jármujavito (DJJ), se han convertido en un obstáculo a la hora de poder formular una oferta de compra sobre la española Talgo, debido al esquema de sanciones de EEUU que pesan sobre bancos vinculados al Kremlin, como el International Investment Bank (IIB) o el Eximbank de Rusia, y sus implicaciones en la financiación de la empresa ferroviaria.
Si bien la oposición del Gobierno no será obstáculo para que el consorcio húngaro siga adelante con su oferta, las declaraciones de Puente cayeron como un jarro de agua fría sobre las acciones del fabricante de trenes en el mercado en una sesión en la que llegaron a avisar subidas del 6% al calor de los rumores de opa "inminente" y terminaron desinflándose sobre el parqué madrileño hasta dejarse un 0,7% al cierre de las operaciones este miércoles.
