Hasta 2015, Indra era el único que se presentaba (y ganaba) los contratos para establecer toda la maquinaria tecnológica del recuento electoral. Sumó más de 150 millones de euros entre las diferentes citas con las urnas en el pasado. Ese año irrumpió en escena la tecnológica Scytl, que se hizo con la licitación con un precio muy inferior al licitado. Seis años después, el Gobierno asesta un duro golpe a la compañía catalana, rescindiendo el pacto firmado con ellos para que, junto a la cotizada presidida por Fernando Abril-Martorell, se convirtiera en socio preferente para los diferentes comicios hasta 2022. Ahora, se queda sin grandes rivales... de nuevo.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, quiso en 2018, tras la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, ordenar todos los procesos de licitación de este tipo de servicios para los siguientes años. Por delante quedaba un ciclo electoral con comicios nacionales y varios autonómicos de importancia. Lo hizo por medio de un acuerdo marco, que es un mecanismo que, entre otras ventajas, permite establecer proveedores de referencia y, además, tratar de reducir el presupuesto. Después de apenas seis meses de tramitación, el resultado era el esperado: Indra y Scytl -esta última en una UTE junto con la tecnológica Vector- eran las dos elegidas.
Algo más de dos años después de formalizar esa adjudicación, Interior da un 'golpe de gracia' a Scytl. Y lo hace por dos razones: el incumplimiento del acuerdo, al ofrecer un precio 2 millones de euros superior al límite establecido en ese contrato para las elecciones generales de abril de 2019, y las "deficiencias en el trabajo, que no alcanzó los estándares previstos en los pliegos" durante los comicios municipales y al Parlamento europeo de mayo de 2019 (hubo numerosas quejas entre municipios y partidos por diferencias importantes entre los datos de los resultados de la página web y los del recuento oficial). Ambos puntos eran más que suficientes para resolver el contrato, una decisión que se aprobó esta semana por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el informe favorable tanto del Consejo de Estado como de la Abogacía del Estado.
Ciclo electoral por delante
Este durísimo dictamen supone la exclusión de Scytl en este contrato y deja sola a Indra como proveedor tecnológico durante, al menos, el año y medio que queda por delante. Lo hace a las puertas de otro potencial ciclo electoral. Los comicios a la Asamblea de Madrid se celebrarán el próximo 4 de mayo y todo apunta a que será la empresa con capital público la que se encargue de estos trabajos para el recuento, como sucediera en las catalanas -donde el Govern utilizó un procedimiento de emergencia sin concurso para contratarla por la vía rápida-. En el año 2022 está previsto que se celebren los de Andalucía, mientras que se ha especulado con la posibilidad de que se convoquen generales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
La abrupta salida de Scytl como empresa adjudicataria es la primera medida pero no es la única que se contempla en el acuerdo marco. El cumplimiento defectuoso o el incumplimiento de compromisos darán lugar, según queda reflejado en el pliego de condiciones, a sanciones que habrán de ser "proporcionales" a la gravedad del mismo. La cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato -3,87 millones de euros- ni el total de las mismas puede superar el 50% -19,3 millones-. Interior no detalla si reclamará estas cantidades a la empresa catalana.
Scytl ha sufrido una situación económica crítica durante los últimos años en España. Después de afrontar serios problemas para el pago de la deuda bancaria y de las millonarias ayudas públicas, se declaró en concurso de acreedores. La unidad productiva del negocio electoral, con más de 50 patentes, 150 empleados y una facturación de unos 15 millones de euros- fue adquirida a precio de derribo por Service Point, filial del grupo irlandés Paragon. La intención de la compañía era volver al mapa de este mercado, aunque la decisión de Interior se convierte en un jarro de agua fría.
Un mercado sin alternativas
¿Cómo queda el mercado? Básicamente no hay ningún rival de enjundia que pueda plantarle cara a Indra en este negocio. Scytl acudió a los contratos en los últimos años en alianza a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con dos empresas tecnológicas puras más centradas en diseño de producto y consultoría: Vector, en manos de la compañía mexicana Softtek (que controla el 75% del capital), y Tecnocom. La segunda ya fue adquirida por la propia Indra en el año 2017 con una valoración completa de algo más de 300 millones de euros. Se pagaron casi 180 millones de euros en efectivo y el resto en acciones.
Estas son las dos consultoras aliadas. En este negocio hay otros operadores mucho más pequeños como la vasca Ibermática, que sólo se ha encargado del contrato de recuento electoral en las elecciones al Parlamento de esa comunidad. En territorio latinoamericano, Indra se ha tenido que ver las caras con compañías como Smartmatic, de origen venezolano, Thomas Greg & Sons, con capital colombiano, o Neotec, con sede en Bolivia. Antes de que la empresa dirigida por Abril-Martorell se encargara desde finales de la década de los 90, era el gigante tecnológico IBM el adjudicatario.
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